El Defensor del Menor estudiará la legalidad del examen 'sorpresa'

Las secciones de Enseñanza de UGT y CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos aseguraron ayer que han pedido al Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, que les ayude a paralizar el examen sorpresa que los 56.612 alumnos de sexto de primaria de colegios públicos, privados y concertados de Madrid harán el 10 de mayo. "Le hemos solicitado asesoramiento para saber si es legal convocar un examen ajeno al colegio sin contar con el consentimiento de los padres, y está estudiando el caso", explicó Mercedes Díaz, presidenta de la Giner de los Ríos.

El responsable de Educación CC OO-Madrid, Francisco García, afirmó que también recurrirán al Ministerio de Educación para saber si "encaja o no" legalmente esta prueba porque los artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en los que se ampara el consejero de Educación, Luis Peral, para este examen "no está claro que estén en vigor".

Otro punto conflictivo para García está en las instrucciones de la prueba. En el apartado de justificación la consejería explica que con la prueba pretenden "elaborar un nuevo currículo para educación primaria". Según García, la Comunidad no tiene competencias, porque en ese asunto "el Estado es responsable en un 65%". Y añadió que el Ministerio debe resolver si la Comunidad puede saltarse sus sistemas de evaluación.

Examen global

"Queremos que no se realice la evaluación a los alumnos y que, si se hace, cuente con el respaldo y apoyo de los inspectores", explicó Mercedes Díaz. Para la representante de los padres de alumnos, el examen no debería realizarse exclusivamente a los estudiantes. "Habría que evaluar el sistema completo, no sólo a los alumnos, el último eslabón de la cadena, que son evaluados continuamente". Otro aspecto que los padres y sindicatos creen que debe analizarse son los factores sociológicos que afecten a los centros y los porcentajes de alumnos con necesidades especiales, ya que nada de eso se reflejará en la prueba.

El último argumento para rechazar el examen lo dio el representante de UGT, José Vicente Mata, para el que no tiene sentido evaluar a los alumnos al final de un ciclo "cuando ya no tienen solución los problemas detectados". Como referencia, puso el caso de Castilla-La Mancha, donde se realiza una prueba similar a todos los alumnos en tercero de primaria.

Los tres colectivos mostraron su preocupación por el uso político que aseguran que la consejería hará de la prueba. "Quieren argumentar que el actual currículo no vale y pegarle así una pedrada en el ojo al Gobierno del PSOE", aseguró el portavoz de CC OO.

El consejero de Educación, Luis Peral, aseguró que la actitud de la oposición es "una demostración de la ley del embudo". El secretario general del PSM, Rafael Simancas, se preguntó ayer si la consejería no se fía de los profesores, "con los que no ha consensuado el contenido de la prueba". El coordinador general de IU en Madrid, Fernando Marín, cree que el examen es un intento más de potenciar a la escuela privada en detrimento de la pública.