Las diputaciones impulsan el alquiler de pisos con altas desgravaciones fiscales

La idea de penalizar en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las viviendas vacías ha quedado arrinconada por la Diputación de Álava, que la ha sustituido por un paquete de medidas tributarias que benefician a quienes saquen esas viviendas al mercado del alquiler. El Consejo de Diputados aprobó ayer el proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias de Fomento de Alquiler de Viviendas, que bonifica en el Impuesto de Sociedades a las empresas inmobiliarias que pongan viviendas de alquiler y, a través del IRPF, a los particulares que hagan lo propio con sus pisos desocupados. También se introducen exenciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La norma articula un régimen especial para las entidades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas situadas "en el territorio español" y les bonifica con el 90% en la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento y de la intermediación de dichos alquileres. Se trata, explicó el diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, "de una normativa que ya existía en territorio común, que hemos aprobado después de su paso por el órgano de Coordinación Tributaria", por lo que posiblemente será aplicada posteriormente por las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa.

Para beneficiarse de las desgravaciones las sociedades deberán destinar el 90% de sus viviendas, con un mínimo de diez, al alquiler. Los pisos no podrán tener una superficie superior a 110 metros cuadrados. Además de la desgravación en la cuota del Impuesto Sociedades del 90% de las rentas percibidas, se bonificarán también en la misma medida las plusvalías que se puedan generar en caso de enajenación posterior del inmueble, pero siempre que éste se haya mantenido como mínimo 10 años en régimen de alquiler.

El diputado alavés de Hacienda explicó que se ha renunciado a aplicar el recargo en el IBI ante "la incapacidad de las administraciones" para definir con seguridad jurídica cuándo puede considerarse que una vivienda está vacía.

En el campo del Impuesto de la Renta (IRPF) la nueva normativa foral beneficia tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, al incrementar en ambos casos sus deducciones. Los contribuyentes que satisfagan cantidades por el alquiler de la vivienda habitual podrán aplicar una deducción del 20% en la cuota íntegra, con un límite máximo que se ha ampliado de los actuales 1.200 euros hasta los 1.600 euros anuales. Para el caso de los menores de 35 años o titulares de familia numerosa, la deducción es del 25% y el límite pasa de 1.500 euros a 2.000 euros anuales.

Por su parte, el arrendador individual podrá aplicar una bonificación del 20% de la renta neta obtenida por el alquiler de la vivienda, frente al actual 10%. Así mismo, el límite actual de 600 euros se eleva ahora a 1.600 euros.

La normativa, que tendrá que ser aprobada por el pleno de las Juntas Generales de Álava, mejora también la tributación en las transmisiones, cuando las afectadas sean las sociedades dedicadas a alquiler. Zárate explicó que se han establecido nuevas exenciones para las transmisiones de pisos adquiridos por sociedades acogidas al régimen fiscal de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, a su vez regulado en la Normativa del Impuesto de Sociedades.

También se aplicará la exención para el caso de constitución de contratos de arrendamientos de viviendas acogidas al Programa de Vivienda Vacía que lanzó el Gobierno vasco a través del decreto 316/2002, y para los arrendatarios que disfruten de bonificación previstas en el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento.

El problema con el que se han encontrado las tres diputaciones, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y el propio Ministerio de Hacienda para definir que una vivienda está vacía ha llevado a abandonar la idea del recargo en el IBI y buscar su salida al marcado mediante incentivos fiscales. El diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate explicó que el principal problema para gravar en el IBI los pisos desocupados, como lo prevé la Ley de Haciendas Locales, es "el concepto".

Picaresca

Según dijo Zárate, bastaría ocuparla una semana o un mes para que esa vivienda no esté permanentemente deshabitada. En su opinión, una regulación que controlara los consumos de agua o electricidad tampoco sería efectiva, ya que "desataría la picaresca" y bastaría con dejar una bombilla encendida o un grifo abierto para neutralizar esa forma de control.

El principal impulso para establecer ese gravamen en el IBI lo dio el propio Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, que vio en él una fórmula para que los propietarios de viviendas vacías las sacaran al mercado, ya fuera en venta o en alquiler. El propio consejero, Javier Madrazo, propuso al Órgano de Coordinación Tributaria que el recargo para los pisos desocupados llegara al 150% del importe del IBI.

El Ayuntamiento de Bilbao, en cuyo municipo se ubican 11.000 de las 27.000 viviendas vacías de todo el País Vasco, aprobó un recargo del 50% en enero de 2004, aunque, según fuentes de Vivienda, no ha llegado a ponerlo en marcha. Uno de los temores que expresaron los diputados de Hacienda cuando se discutía la aplicación del sobrecargo era la posibilidad de que numerosos inversores pudieran vender sus propiedades en el País Vasco y marcharse a comprar pisos en aquellas comunidades en las que no se penalizara a las viviendas vacías. El Departamento de Vivienda impulsó el programa Bizigune para estimular el alquiler de pisos desocupados. Actualmente hay 68.000 personas apuntadas como demandantes de una vivienda protegida, aunque la mayoría la prefiere en propiedad.

Por su parte, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, Julia Madrazo EB), presentó ayer la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana que posibilita la división de un vivienda en dos, con garantías que eviten la infravivienda y la especulación.

A su vez, todos los grupos municipales de San Sebastián aprobaron ayer una proposición del PP en la que se insta al Ayuntamiento a que regule la reconversión de locales en viviendas.