El Consell recurre al sistema de descuento financiero para pagar a sus proveedores a través de los bancos
Las evidentes dificultades financieras por las que atraviesa la Generalitat están en el origen de un nuevo sistema que ha ideado la Dirección General de Presupuestos y Gastos para pagar a sus proveedores, con los que mantiene deudas millonarias que en algunos casos se arrastran durante años. Así, el citado departamento de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo maneja un borrador de convenio que presentará a la firma a sus proveedores y que, junto a otro que negocia con bancos y cajas de ahorro, permitirá anticipar los pagos. Recurre para ello al procedimiento del confirming, expresión que en el argot bancario se refiere a operaciones por las cuales las entidades financieras asumen -y pagan, por cuenta de un tercero, en este caso, la Generalitat, a la que cobran los correspondientes intereses, cuando ésta haga frente a la deuda que acumula con aquéllas- las facturas pendientes con proveedores, contratistas y acreedores.
Cristina Moreno califica el sistema de "auténtica extorsión a los empresarios"
Para poner en marcha este convenio, que afectará a todas las consejerías, la Generalitat emite órdenes de pago con un plazo de 120 días, que se remiten a las entidades financieras. Éstas notifican al proveedor la posibilidad del anticipo, con el descuento correspondiente. Además, el proveedor, según el borrador de convenio, renuncia a los intereses de demora que le corresponden. Esta renuncia incluye tanto los intereses que se devengarán a partir de la puesta en marcha del sistema cuando se superen los 60 días que señala la Ley de Hacienda, como los que ya se deben por el retraso en los pagos de la Generalitat. Además, el convenio exige que se incluya el total de la facturación de la empresa con la Generalitat.
Cristina Moreno, portavoz de Economía en el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, calificó ayer este sistema de "una auténtica extorsión a los empresarios" que, añadió, "encubre la situación de suspensión de pagos en la que se encuentra la Generalitat". Moreno recordó que para cualquier empresa esta medida del Consell equivaldría a una suspensión de pagos y obligaría a renegociar con sus acreedores las cantidades y los plazos. "Lo más grave del asunto", agregó la diputada, es que este procedimiento "perpetúa la política de derroche que lleva a cabo el PP".
Moreno recordó que la Administración está obligada a pagar a los proveedores en 60 días y que si tarda más, debe pagar intereses. Y añadió: "Sin embargo, ahora sale el consejero [de Sanidad, Vicente Rambla, cuyo departamento es uno de los que más deuda arrastra con sus proveedores] y dice, literalmente, que con este sistema no destinará 'ni un euro a pagar facturas a proveedores' y obliga a los empresarios, no sólo a renunciar a cobrar intereses por el retraso en el pago, sino a asumir que no cobrarán hasta dentro de cuatro meses". Moreno anunció una batería de preguntas parlamentarias para obtener información exacta de los intereses que la Generalitat pagará a los bancos por adelantar ese dinero a los proveedores.
El portavoz de Economía de Grupo Popular, Ricardo Costa, replicó a Moreno y dijo que el PSPV vuelve a quedar "en ridículo" al hacer patente "su incompetencia con respecto a lo pagos pendientes a los proveedores de la Generalitat". Costa explicó que la financiación de los pagos pendientes a proveedores "es algo que se hace en algunas administraciones que, como la valenciana, tiene un volumen de competencias muy elevado y añadió que la Generalitat persigue mejorar cada día la gestión de pagos a los proveedores y reducir los costes financieros". La diputada socialista, prosiguió Costa, "conoce perfectamente que las tensiones financieras que padecen las comunidades autónomas se deben a la incapacidad del actual Gobierno socialista de aplicar hasta sus últimas consecuencias el actual modelo de financiación autonómica".
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