Un informe de Administraciones Públicas trata de poner fin a los puestos vitalicios

La permanencia del funcionario en su puesto de trabajo debe perder el carácter vitalicio y vincularse al desempeño de su labor. Es la principal propuesta de un informe encargado por el Gobierno a un grupo de expertos que servirá como base para elaborar el Estatuto de la Función Pública. El estatuto, un texto para regular el papel y las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se enviará al Parlamento este año, según señaló ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El objetivo es que pueda aprobarse antes de 2007.

La propuesta de condicionar la continuidad en el puesto a los resultados obtenidos no implica en ningún caso la pérdida de la condición de funcionario. Si se considera que un empleado público no ha cumplido su labor satisfactoriamente se le enviará a otro puesto o se le quitarán algunos pluses salariales. También la promoción dependerá del desempeño de la labor. Esas decisiones se adoptarán mediante evaluaciones periódicas. En definitiva, se persigue "que ningún puesto tenga, jurídicamente hablando, carácter vitalicio", explicó Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo y autor del informe.

Los cambios planteados también afectarán a la retribución. Los expertos aconsejan aumentar el porcentaje de salario vinculado a productividad, en detrimento de otros elementos objetivos como la antigüedad.

Como garantía para los empleados públicos, cuando la justicia considere improcedente un despido la Administración readmitirá al trabajador sin acogerse a la posibilidad de sólo indemnizarlo, como permite la ley.

Tribunales profesionales

Con el fin de reforzar los criterios de objetividad e igualdad en la obtención del puesto, los expertos proponen otra idea transgresora: que en los órganos de selección participen sólo profesionales en lugar de personas vinculadas a partidos, sindicatos o asociaciones de funcionarios. El informe sugiere establecer la figura del directivo público profesional, distinto al personal de confianza político.

Más allá de esos cambios, el Estatuto pretende contribuir a frenar el alza de la temporalidad en las administraciones públicas. Para ello, se intentará impedir la "prolongación irregular" de las situaciones de interinidad.

Jordi Sevilla se comprometió a consensuar el texto con sindicatos y Administraciones autonómicas y locales (sólo el 23% de los funcionarios depende de la administración central) y a hacer un esfuerzo por pactarlo también con el Partido Popular. Lo acordado se aplicará a los empleados públicos de todas las Administraciones, casi 2,4 millones. El Estatuto, previsto desde hace más de 20 años, "es una asignatura pendiente de la democracia", según el ministro.