El alcalde de Benidorm acusa a un edil socialista de robar 110 euros

Ripoll admite que el cese de los asesores puede tener coste electoral

La crispación aumenta día a día en el Ayuntamiento de Benidorm. El alcalde, Vicente Pérez Devesa, del PP, acusó ayer al portavoz socialista, Agustín Navarro, de haber estado "robando dinero público" cuando éste era funcionario. En concreto, dijo, se quedó con 110 euros de un proveedor cuando era funcionario. Los socialistas anunciaron que presentarán una querella por calumnias e injurias contra el alcalde.

Con el debate de fondo sobre el supuesto pacto entre populares y socialistas para dedicarle un pabellón deportivo a Eduardo Zaplana, en su ciudad natal, el alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa, del PP, en declaraciones a los periodistas afirmó que se ha cogido a Agustín Navarro "robando del dinero público", en alusión a una acusación del PP según la cual el portavoz socialista se quedó supuestamente con 110 euros de un proveedor municipal cuando era funcionario de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), hace dos años antes de las pasadas elecciones municipal.

El implicado, Agustín Navarro, desmintió rotundamente esta acusación y el concejal socialista Jaume Llinares anunció que su grupo presentará una querella contra el alcalde al considerar "calumniosas e injuriosas" sus manifestaciones. Llinares indicó que esa demanda se sumará a la interpuesta contra el consistorio por el cese de los seis asesores socialistas al entender que existen "razones arbitrarias para proceder a esos despidos".

Los socialistas no descartan acudir a los tribunales para que se garantice su derecho de ejercer la oposición en cuanto a la dotación de medios materiales y humanos, ya que el alcalde, la semana pasada, tras negarse los socialistas a que el polideportivo llevara el nombre de Zaplana, destituyó a todos los cargos de confianza y redujo las atribuciones económicas de los ediles. En esta polémica terció ayer también el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, que aunque apoyó la decisión del alcalde, Pérez Devesa, admitió que esa medida "puede tener un coste político". Ripoll dijo a Efe que "había que actuar de forma coherente, como se ha hecho, ante el incumplimiento de un pacto entre las dos fuerzas políticas", cuya "existencia todo el mundo conocía", dijo el también presidente de la Diputación.

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