Cabedo intensificará la persecución de los delitos urbanísticos y pide leyes menos "pacatas"

Ricard Cabedo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha solicitado a la Delegación del Gobierno efectivos policiales especialmente preparados para la lucha contra los delitos económicos y los urbanísticos. Respecto a estos últimos, ha anunciado su especial persecución, aún reconociendo las dificultades para intervenir porque en su opinión las normas son "pacatas". Cabedo considera que la Administración no da más herramientas a jueces y fiscales "porque no se fían" de ellos. Además, afirma que debería poder tener capacidad de intervención en la Sindicatura de Comptes.

Ricard Cabedo ha empezado a precisar el diseño de la fiscalía de la que se puso al frente hace algo más de dos meses. La persecución de los delitos urbanísticos es una de sus prioridades. Considera el fiscal jefe del TSJ que la normas son "pacatas", que la fiscalía tiene limitada su intervención ante la capacidad de los ayuntamientos para recalificar terrenos después de actuaciones que pueden haber sido delictivas. Para hacer frente a esas vulneraciones y a los delitos económicos, cuyos entramados son cada día más sofisticados, ha solicitado ya a la Delegación del Gobierno una unidad adscrita de policía judicial a la Fiscalía. "Necesitamos policías que sepan de números, que nos ayuden, que tengan formación para distinguir determinadas operaciones", afirmó Cabedo el pasado jueves en una conferencia en Valencia convocada por la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas (AVJD).

Cabedo, que reflexionó sobre la idoneidad del conjunto de ámbitos en los que interviene el ministerio fiscal -defendiendo una reducción de los mismos, por ejemplo en asuntos matrimoniales, y la incorporación de otros, en las decisiones del Tribunal Constitucional o del Tribunal de la Competencia-, afirmó la oportunidad de posibilitar la actuación de la fiscalía en la Sindicatura de Comptes.

El fiscal jefe del TSJ anunció la territorialización de la provincia de Valencia, de modo que en cada partido judicial haya al menos un fiscal, y la puesta en marcha de secciones específicas que se ocupen de violencia doméstica, medioambiente, delitos económicos y ejecutorias, área que definió como "monstruoso laberinto".