Entrevista:José Luis Rodríguez Zapatero | Presidente del Gobierno

"Jamás utilizaré el terrorismo en el debate partidista"

Pregunta. ¿Qué le sugiere la elección del papa Ratzinger?

Respuesta. Respeto, continuismo... En estas circunstancias siempre hay que tener prudencia y esperar a los actos, a la gestión.

P. ¿Un Papa beligerante contra algunas leyes del Gobierno no puede interrumpir el diálogo recién estrenado con la Iglesia?

R. El diálogo va a proseguir. Comprendo que a la Iglesia católica no le gusten algunas de las leyes que impulsa una mayoría parlamentaria muy amplia, pero es la expresión de la voluntad de la ciudadanía. La libertad religiosa es el respeto profundo a los valores de cada uno y a las leyes que la sociedad civil quiera darse en su forma de convivir.

P. ¿Es partidario de revisar los acuerdos con la Iglesia?

"Hoy no existe el 'plan Ibarretxe', va a haber un Parlamento con una composición distinta y previsiblemente se abrirá un proceso de diálogo"
"Mantenemos la paciencia para que el Partido Popular entre en una vía de responsabilidad, de sensatez y de buena fe"

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R. La Constitución establece el mandato, que a mí me parece razonable, de colaboración singular con la Iglesia católica. Hay unos acuerdos que han funcionado bien desde la transición y la voluntad del Gobierno es el mantenimiento de esa filosofía y de los principios de esos acuerdos. El espíritu es de colaboración.

P. En la reciente campaña electoral vasca, usted se ha involucrado muy personalmente. ¿No es un poco decepcionante el resultado de su partido?

R. Aumentar casi un 40% los escaños, ser el único partido que sube en voto popular con 11 puntos menos de participación, lograr el mayor número de votos populares en unas elecciones autonómicas de Euskadi y formar el segundo grupo parlamentario parece un buen resultado.

P. Pero está muy lejos de su vaticinio de que Patxi López iba a ser el próximo lehendakari.

R. Vaticiné un cambio político y el cambio se ha producido. Además, va a ser un cambio enormemente positivo para la sociedad vasca. En más de un acto público dije que Euskadi tenía por delante un tiempo para el entendimiento, para un marco político de encuentro definitivo y para avanzar en el fin de la violencia. El partido socialista va a ejercer esa responsabilidad y Patxi López ha confirmado un liderazgo alternativo, que puede producirse a medio plazo, algo muy importante en una sociedad como la vasca.

P. Algunos interpretan las elecciones como la muerte del plan Ibarretxe, pero en el Parlamento de Vitoria sigue habiendo mayoría nacionalista. ¿Qué va a pasar con el plan Ibarretxe?

R. Aún no se ha constituido el Parlamento de Vitoria, aún no hemos visto las posiciones de cada uno, aún no tenemos lehendakari, aún no hay una mayoría establecida, por tanto me parece prematuro decir qué apoyos tiene un proyecto que, por otro lado, no existe como tal, desde el punto de vista jurídico. Porque el Parlamento español lo rechazó con una mayoría abrumadora. Hoy no existe el plan Ibarretxe, va a haber un Parlamento con una composición distinta a la de la legislatura pasada y previsiblemente se abrirá un proceso de diálogo.

P. ¿Cabe pensar en un apoyo del partido socialista a Ibarretxe si renuncia a su plan?

R. Es muy prematuro. Lo que hemos dicho en la campaña es que el partido socialista va a trabajar por el entendimiento de la gran mayoría de las fuerzas políticas vascas. Vamos a ver dónde está el terreno del entendimiento y esto va a exigir tiempo, diálogo, sensatez y generosidad.

P. Ese acuerdo cerraría el paso a una eventual alianza del PNV con EHAK...

R. No se dan las condiciones. Lo esencial es no repetir lo que se ha vivido en los últimos ocho años. Hay una conciencia colectiva de que todo eso ha conducido al fracaso, a una falta de horizonte, de estabilidad, de confianza; sólo se alcanzará la normalidad política en Euskadi si hay un entendimiento entre un amplio número de las fuerzas políticas.

P. ¿Incluye al PP en ese gran acuerdo?

R. Sería muy deseable y espero que en el proceso de digestión de los resultados electorales que aún tiene por delante ese entendimiento vaya ganando cada día terreno.

P. Usted ha cifrado en dos años el plazo para que el País Vasco tenga un nuevo Estatuto. ¿Con un procedimiento que podríamos llamar a la catalana?

R. La característica de la España plural es que cada comunidad tiene su singularidad y seguramente hay particularidades en el País Vasco que no se dan en Cataluña, pero hay unos principios que son esenciales. El principal es el consenso; es decir, el primer principio es lograr un gran acuerdo. El segundo es el respeto a nuestro marco jurídico constitucional, y el tercero, la aceptación de lo que significa el desarrollo de una identidad propia y, por tanto, el autogobierno.

P. Una de las quejas del Gobierno vasco, hoy en funciones, es que su Gobierno no ha abordado ninguna transferencia pendiente del Estatuto de Gernika.

R. No es verdad y lo saben. El Gobierno vasco tenía un plan, el plan Ibarretxe, que consistía en desbordar, superar, olvidar el Estatuto. Y, por lo tanto, no ha tenido el más mínimo interés en plantear desarrollos del Estatuto vigente. En este año en el que hemos puesto en marcha y tomado decisiones a favor de la España plural, no hubiéramos tenido ningún problema en avanzar en transferencias pendientes. Pero el Gobierno vasco estaba en otra estrategia, bastante incompatible con dar vida al Estatuto vigente. Estaban en la estrategia de sepultar el Estatuto de Gernika, no de insuflarle vida.

P. Para usted, que apoyó la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, ¿no es decepcionante que Batasuna vuelva al Parlamento por la puerta de atrás?

R. Batasuna está ilegalizada. Me sorprende que se hable siempre de Batasuna como de una organización viva, porque a la luz del derecho no existe. No tiene sedes, su actividad está prohibida. En estas elecciones ha concurrido un partido legal desde septiembre del 2003, al que nadie había puesto ningún reparo, que había pasado los filtros de la legalización gobernando el Partido Popular, siendo ministro del Interior el señor Acebes, vicepresidente del Gobierno el señor Rajoy y presidente del Gobierno el señor Aznar. La Ley de Partidos establece unas garantías para un proceso de ilegalización. Y esas garantías hablan de una actividad, de una ejecutoria continuada que pueda sustentar que una organización política está vinculada, apoya, colabora o sostiene a una organización terrorista. Conviene recordar los principios y la filosofía de la ley. Y también que las personas no están privadas ni del derecho de sufragio activo, ni del derecho de sufragio pasivo, ni de la libertad de expresión, como consecuencia de la ilegalización de un partido, por vía civil, como fue la de Batasuna. Hay que respetar el derecho, porque en democracia lo que cuenta son las razones de derecho y no la razón de Estado.

P. ¿Se refiere a las críticas del PP?

R. Algunas voces del Partido Popular aplican criterios muy distintos cuando están en el Gobierno o en la oposición. El partido socialista durante cuatro años en la oposición apoyó siempre toda la política de defensa del Estado de derecho y de las libertades públicas, con los criterios que el Gobierno impulsaba, con las decisiones que en cada momento el Gobierno tomaba. Había un principio de buena fe, que yo mantuve durante casi cuatro años. Ahora, el Partido Popular ha hecho de la política antiterrorista un capítulo más de la tarea de oposición. Es verdad que el señor Rajoy nunca tuvo especial atracción por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Cuando yo lo propuse, dijo que era un conejo que me sacaba de la chistera. Simplemente diré que el fundamento del pacto es la lealtad. El fundamento del pacto es sacar de la contienda política la defensa del Estado de derecho y de las libertades. Yo lo cumplí cuando tiene mérito cumplirlo, en la oposición. Lo que es evidente es que el Partido Popular ya no podrá decir a los españoles que ha apoyado al Gobierno en la defensa del Estado de derecho y de las libertades.

P. ¿Sigue vigente el Pacto Antiterrorista?

R. Sí. Sigue vigente, porque quien lo concibió, quien lo aplicó lealmente, cree que es un instrumento poderoso. Además, mantenemos la paciencia para que el Partido Popular entre en una vía de responsabilidad, de sensatez y de buena fe.

P. Cuando dice que está dispuesto a llegar hasta el final para terminar con la violencia de ETA, ¿qué es lo que está señalando?

R. Un gobernante tiene que comprometerse con los objetivos más importantes para un país y más deseados por la ciudadanía. Hay más impulsos de paz que nunca y un gobernante responsable tiene que decir a los vascos, al conjunto de la sociedad española, que está dispuesto a llegar al final. Y, por tanto, no regatear ningún esfuerzo de todo el abanico que permite el Estado de derecho y la política para el fin de la violencia.

P. El pasado mes de octubre declaró que el final de ETA estaba más cerca. ¿Cuánto se ha acortado hoy esa distancia?

R. La prudencia tiene que presidir cualquier manifestación de ese tipo. Simplemente puedo dar tres datos que me parecen importantes. El primero es que el deseo de paz, la voluntad de que acabe la violencia, es más amplia que nunca en la sociedad vasca. Éste es el factor más determinante. El segundo es que el Estado de derecho ha sido fuerte y eficaz en la lucha contra el terrorismo. Y el tercero es que hay una oportunidad, por razones históricas, por lo que representa una conciencia colectiva mundial en contra de cualquier tipo de terrorismo, que crea unas condiciones como no hemos tenido en muchos años.

P. ¿El Gobierno ha recibido algún mensaje de ETA que haga creer que están dispuestos a dejar las armas?

R. El Gobierno no ha recibido ningún mensaje. El Gobierno tiene información, como es lógico, y como se presume de un Estado de derecho que funciona y que es eficaz.

P. ¿Qué apunta esa información?

R. Siempre he expresado que hay que tener una gran cautela para no incurrir en el error de hacer propaganda a determinadas tesis, y los españoles no sólo comprenden, sino que agradecen que el presidente del Gobierno administre la información de que dispone sobre la banda terrorista ETA.

P. Ha declarado que el fin de la violencia no tendrá nunca un precio político, pero ha añadido que la política va a jugar un papel importante. ¿Eso quiere decir que es posible plantearse un acuerdo en torno a los presos si ETA abandona las armas?

R. No podemos anticipar un escenario porque sería crear una expectativa. He afirmado que el fin de la violencia no tiene precio político, pero que la política contribuye a terminar con la violencia. ¿Qué política contribuye a terminar con la violencia? Ante todo, la extensión del deseo de paz, la dignidad de elevar la voz ante lo que supone el más grave atentado a los derechos humanos, que es la utilización del terror y del crimen. Y eso tiene un componente de acción política, de acción pedagógica y cultural muy importante. En esto hemos avanzado de manera singular en los últimos meses.

P. Otegi ha hablado de contactos con socialistas...

R. En absoluto. El partido socialista no ha mantenido ninguna relación con personas que puedan representar a la extinta Batasuna. No ha habido ni hay relación alguna, ningún diálogo.

P. Amigo como es de los pronósticos, ¿qué va a pasar en Galicia, donde Fraga ha anticipado las elecciones?

R. Finalmente se ha adelantado la convocatoria por razones que Fraga no acaba de explicar. Pero en todo caso, será una buena ocasión para que los gallegos puntúen a su Gobierno por los cuatro últimos años. Y, sobre todo, para que decidan de la mano de quién desean abordar el futuro y modernizar el país hasta las puertas de la próxima década. Será una clara elección entre un pasado muy pasado y el futuro.

P. ¿Qué fue de la comisión que acordó crear con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para abordar la reforma de los estatutos de autonomía y el modelo de Estado?

R. Ésta ha sido una situación atípica. Acordamos una comisión y el partido socialista decidió unos nombres para esa comisión, pero el Partido Popular no los aceptó. Es insólito en democracia. No creo que se pueda buscar un antecedente de diálogo entre partidos en que una parte nombre a sus representantes e intente nombrar a los de los demás. Me parece que es uno de los mejores ejemplos de pérdida del sentido de la proporción y de falta de sensatez que, por desgracia, despliega a diario el Partido Popular.

P. ¿Todavía cree posible que en esta legislatura se puedan abordar las cuatro reformas constitucionales que planteó en su discurso de investidura?

R. Aún queda mucho tiempo para que llegue ese escenario...

P. Tres años.

R. Y deberán pasar, seguramente, cosas en la política española. En fin, aunque soy aficionado a los pronósticos, vamos a esperar a ver qué pasa.

P. A usted, que ha hecho del diálogo un principio y del talante una pauta de comportamiento en política, ¿no le frustra esta incapacidad de entenderse con el líder de la oposición?

R. No, no, con Rajoy he hablado en este año seguramente 10 veces más de lo que Aznar habló conmigo durante mis cuatro años de líder de la oposición. He mantenido varias reuniones, he conversado por teléfono, acabamos de hacer el viaje al funeral del papa Juan Pablo II, de ir juntos en el avión, de comer y cenar juntos. Nunca viví esto con el anterior presidente.

P. Pero el eco público de esos contactos es que no hay entendimiento, sólo colisión.

R. Los actores políticos tienen que asumir su responsabilidad. Sencillamente creo que es imposible, con mi forma de entender la política y de practicarla, que eso se pueda atribuir al Gobierno. El ejemplo que acabo de poner es bien elocuente: estaríamos trabajando ahora en esa comisión si el PP, por razones que son absolutamente incomprensibles, no quisiera decidir también qué nombres decide el presidente del Gobierno. Ésta es una muestra de la pérdida de rumbo profunda que en mi opinión padece el Partido Popular.

P. ¿Es recuperable esa comisión?

R. Yo siempre he sido optimista.

P. El PP le ha acusado de complicidad para que ETA vuelva a estar en el Parlamento vasco...

R. Si me dejara llevar por las cosas que he oído decir al PP desde que gané las elecciones... Si no tuviera capacidad de contención y sentido de la responsabilidad del cargo que ocupo, todo lo que hemos oído del 11-M hacia el partido socialista hubiera seguramente provocado una ruptura de fondo. Les hemos oído tantas cosas..., cosas que el tiempo se ha llevado. Por ejemplo, ya no recordamos cuando Rajoy afirmó en la tribuna del Congreso que sólo el PSOE no sabe que había armas de destrucción masiva en Irak. Ya no recordamos cuando afirmó el día de reflexión, en un periódico de tirada nacional, ante los atentados del 11-M: "Tengo la certeza moral de que es ETA". ¿No acabamos de oír que Rajoy no estaría en un Gobierno que vende armas a Venezuela y se acaban de descubrir todas las armas que había vendido el Gobierno del PP a Venezuela? ¿No están imputando a este Gobierno -y acabo de reiterar que no ha habido ni hay proceso de negociación- que está negociando con ETA los mismos que estuvieron negociando públicamente con ETA, los mismos que llamaron a ETA Movimiento Nacional de Liberación Vasco y que aceptaron sentarse a negociar? Credibilidad cero. Y por mi parte: paciencia cien.

P. Rajoy acaba de decirle que el Pacto Antiterrorista está bloqueado mientras usted no active la ilegalización de EHAK.

R. Hay alguien dentro del PP que ha decidido que la lucha antiterrorista es un terreno fértil para la contienda electoral. Era una inclinación muy arraigada en ese partido hasta alcanzar el poder y vuelve a serlo en cuanto lo ha perdido. A veces da la impresión de que el PP se siente despojado de la dirección de la lucha antiterrorista como si fuera su patrimonio particular. Pero el texto del Pacto por las Libertades es concluyente: éste no es un terreno de contienda partidista. Actuaré en el Gobierno como actué en la oposición: con lealtad al pacto. Y ante cada crítica por parte del PP, ante cada improperio, mi respuesta será siempre la misma: "Jamás utilizaré el terrorismo en el debate partidista. Jamás. Me importan más las libertades que los votos". Rajoy verá lo que hace, pero yo siento el mismo respeto por el pacto que el día que lo propuse, el mismo que el día que lo firmé. El pacto está por encima de quienes lo suscribimos y está por encima incluso de los partidos que lo respaldamos, porque trata de lo más precioso: la defensa de las libertades de todos.

P. Pero necesita llegar a algún acuerdo con el PP, por ejemplo para la reforma constitucional.

R. Sí. Y mantengo una tesis a este respecto: el Partido Popular está todavía en proceso de digestión de su derrota electoral y un año es poco tiempo.

P. ¿Y para acabar la digestión piensa que hay que zanjar ya la comisión del 11-M, que es uno de los focos de la crispación?

R. La comisión ha hecho un trabajo evidente y en un contexto de una máxima transparencia democrática, porque es absolutamente excepcional que un presidente de Gobierno vaya a una comisión de investigación. Es la primera vez en democracia. Pero es doblemente excepcional que sea un presidente que no lo era cuando se produjeron los atentados del 11-M. Hemos extremado la transparencia y el debate, hemos dado todo el tiempo del mundo, hemos enviado toda la documentación. El problema es que encontrar lo que no existe lleva un tiempo infinito, y el PP busca lo que no existe. La sociedad española sabe bien lo que pasó. Insisto, es un problema de digestión política y de entender lo que es una derrota electoral.

P. En Cataluña estamos asistiendo a un planteamiento del Gobierno tripartito sobre la financiación que está despertando bastantes recelos. ¿Cómo debe abordarse el tema de la financiación de las autonomías?

R. Hay que poner un poco de perspectiva, porque ya vamos por la cuarta reforma del sistema de financiación autonómica y siempre ha habido debate y a veces recursos de inconstitucionalidad, incluso de comunidades autónomas opuestas al Gobierno del mismo color político. Los modelos de financiación autonómica en los países profundamente descentralizados son objeto de debate permanente. Da igual que uno mire a Alemania o a Estados Unidos. El modelo de financiación tiene que adaptarse a la evolución de las necesidades del país y ahora tenemos dos circunstancias que aconsejan un acuerdo. Me refiero a la evolución demográfica, porque afortunadamente tenemos un país en que cada vez hay más personas mayores, y a la inmigración, que genera un flujo de personas con derechos de asistencia en servicios públicos, educativos y sanitarios. Y son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de la gestión de educación y sanidad. Y el problema no es igual en todas las zonas del país, porque en Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana es 10 o 15 veces mayor. A esto es a lo que tenemos que dar respuesta.

P. ¿Tiene lógica que eso se plantee desde una comunidad específica o es un proyecto que en buena medida le toca liderar al Gobierno?

R. Quizás haya gobiernos autonómicos que hablen más que otros, pero este tema me lo plantearon prácticamente la mitad de los presidentes de comunidades autónomas, de todos los colores políticos. Por supuesto Cataluña, pero también Madrid y, de una manera muy insistente, Valencia.

P. También hay propuestas que plantean amenazas al principio de solidaridad.

R. El fondo de la reflexión es la necesidad de suficiencia financiera para prestar determinados servicios públicos. Eso es lo que plantea Cataluña, bajo el argumento de que aportan o contribuyen de una manera importante al conjunto, y está defendiendo sus intereses. La Constitución establece que los gobiernos de las comunidades autónomas tienen como objetivo defender sus intereses territoriales. Y cuando habla el presidente de la comunidad extremeña o el Gobierno de la comunidad asturiana, con un planteamiento distinto y también aceptable de cómo encarar el modelo de financiación, están defendiendo sus intereses. Tenemos que entender que éste es el modelo de país que tenemos y que además es el mejor modelo. Y la arquitectura del ordenamiento es sabia: para que se reforme el modelo de financiación tiene que haber un acuerdo en el consejo de política fiscal y financiera, que luego se traduce en modificaciones legislativas en las que tienen la última palabra el Congreso y el Senado; es decir, la soberanía popular. El Gobierno es el que lidera, el que guía el camino intentando armonizar todos los intereses distintos. Los principios de suficiencia financiera y de solidaridad están garantizados porque el modelo se debate y decide en el conjunto del Estado.

P. Entonces, la reforma del Estatuto de Cataluña no plantea problemas en materia de financiación.

R. No. Son dos caminos que pueden tener una coincidencia en el tiempo, porque a la vez hay necesidad de abordar aspectos de la financiación autonómica y existe un proceso de reforma del estatuto. Pero no tienen una vinculación directa, ni tampoco un planteamiento político que una lo uno a lo otro.

P. Desde su llegada hace un año a la presidencia del Gobierno ha dedicado mucho tiempo a viajes al exterior, pero una de las asignaturas pendientes es la normalización de relaciones con Estados Unidos.

R. Con Estados Unidos tenemos una relación normal. Colaboramos en la lucha antiterrorista, las relaciones económicas y comerciales siguen yendo viento en popa y cada uno mantiene sus posiciones en torno a Latinoamérica. En el último año, la inversión directa norteamericana ha aumentado un 29% en España. Una cosa son los hechos y otra, la relación política del presidente de Estados Unidos con el presidente del Gobierno de España. Ha habido una discrepancia en torno al tema de Irak seria e importante, pero no ha afectado a la agenda de trabajo, que sigue adelante. En el último mes nos han visitado dos ministros norteamericanos y en menos de dos meses, cuatro ministros españoles van a trabajar en Estados Unidos en cosas concretas con sus homólogos. El ministro de Exteriores y el de Interior acaban de estar, luego irán el de Defensa y el de Justicia. Ésa es la situación. La relación bilateral camina en todos los temas en los que tenemos acuerdos. ¿Que hay posiciones en materia de política exterior que no son coincidentes? Claro, como con otros países. Pero ésa es la soberanía de nuestro país. Ésos son los principios y el Gobierno que han querido los ciudadanos.

P. ¿Se está trabajando ya en su viaje a Washington?

R. Siempre estoy disponible, pero hasta donde yo conozco no hay nada previsto ni en marcha.

P. ¿Su frase ya famosa de Túnez invitando a otros países a que siguieran su ejemplo en Irak fue un acierto o un error?

R. Hubo una interpretación extensiva de lo que era la filosofía de la frase. Era simplemente una expresión de coherencia. Yo no puedo aconsejar a los demás algo distinto de lo que yo hice, me parecería una incoherencia cínica. Es verdad que se interpretó como una llamada, como una apelación, y es verdad que la propia forma de expresarlo provocó o incrementó los problemas.

P. ¿Fue una frase desafortunada?

R. Hombre, podría haberla expresado con más fortuna, sí.

P. ¿Qué valoración hace hoy de Irak? A pesar de todos los desastres, ¿está mejor o peor?

R. Eso que se lo pregunten a los iraquíes. Lo único que sé es que si tuviéramos hoy el escenario de hacer la intervención en Irak, si se pudiera dar marcha atrás, obviamente mantendría la misma posición. Hay una cosa perceptible en la comunidad internacional, y es que no tendremos en mucho tiempo un horizonte de acciones parecidas.

P. ¿Qué valor tiene la diplomacia directa o las relaciones personales entre los gobernantes en un mundo en el que cada vez se encuentran más a menudo?

R. Influyen, pero no son decisivas. Incluso en un marco de muy buenas relaciones con otros líderes, cada uno defiende sus intereses y sus principios, como es lógico.

P. Hablando de intereses, uno de los temas difíciles de la agenda exterior en los próximos meses va a ser la negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea. Y ahí, probablemente, tendrá enfrente a los dos aliados más importantes, Alemania y Francia.

R. Lo cual es lógico, porque defienden sus intereses.

P. ¿Qué posibilidades tiene España de minimizar el recorte de las ayudas?

R. España es un país que acepta las reglas del juego. Tenemos una negociación para decidir cómo se reparte el presupuesto de la Unión entre 2007 y 2013. Éste es un periodo que empieza con una nueva realidad, que es la ampliación y, por lo tanto, hay diez países con menos renta per cápita y con menos producto interior bruto que los que estábamos recibiendo ayudas de la cohesión. Eso hace que ellos estén llamados a recibir una parte muy importante de los fondos. España comprende y está dispuesta a aceptar que en los próximos años vamos a recibir menos ayudas. Nuestro planteamiento es que eso tiene que ser en una cantidad razonable y en un escenario progresivo. Y lo que hemos planteado es que nuestras necesidades de crecimiento se sitúan en el fortalecimiento tecnológico, de la investigación y de la innovación.

P. ¿Puede absorber este país el recorte que se pronostica?

R. De aquí a 2013 la economía española estará, seguramente, por encima de algunas de las economías más poderosas de la Unión Europea. El otro día el banco central alemán emitió un informe en el que afirmaba que las tres economías del mundo desarrollado con más potencial de crecimiento en los próximos años son Irlanda, España y Estados Unidos. Hoy estamos creciendo al 3% con un diferencial con la Unión Europea de más de punto y medio. Cuando llegué a esta casa estábamos creciendo al 2,5%. En un año se ha aumentado el 0,5% y también se ha aumentado el empleo con más de 400.000 puestos de trabajo. La economía española crece a muy buen ritmo y cada vez estamos más cerca de la famosa convergencia con la media de la Unión Europea.

P. ¿Qué pasa en la UE si el 29 de mayo Francia dice no a la Constitución europea?

R. Espero que diga sí.

P. ¿Se va a involucrar?

R. Tengo previsto ir dos veces a Francia antes del referéndum para pedir el sí. Esperemos que salga el sí, que será bueno para Francia y para la Unión.

P. Hay una cumbre iberoamericana dentro de unos meses. Una de las críticas recurrentes es que ha sido sobre todo un acontecimiento social con escasa continuidad.

R. La comunidad iberoamericana va a tener un antes y un después de la cumbre de Salamanca. Va a ser la cumbre en la que se institucionalice una organización permanente.

P. ¿Con un secretario general que será Enrique Iglesias?

R. Sí, y el secretario general estará aquí en España, lo cual nos obliga muchísimo. En mi opinión, la de Salamanca va a tener un contenido mucho más concreto y específico que las últimas cumbres en tres aspectos: la dimensión económico-comercial, con un gran foro de empresarios; acuerdos concretos de cooperación al desarrollo y política de lucha contra la pobreza y, en tercer lugar, un importante contenido cultural. Va a haber un renacimiento de la identidad cultural, con una carta cultural iberoamericana, con un posible canal de televisión iberoamericano. En fin, vamos a un impulso de la comunidad iberoamericana en el orden internacional y de la cooperación.

P. La reforma fiscal en profundidad que anunció en la campaña electoral parece abocada a pequeños retoques en el impuesto de la renta.

R. No. La reforma va a responder a los principios que establece el programa electoral, a los tiempos que anuncié en el debate de investidura y al método con el que al Gobierno le gusta trabajar a la hora de aprobar leyes de esta importancia. En el debate de investidura dije que se presentaría en el segundo año de legislatura, en el que estamos, y se va a presentar en el último trimestre. Y vamos a tener un debate amplio. No sólo en el marco parlamentario, sino también en el ámbito social, entre los expertos económicos y las organizaciones empresariales y sindicales. Afectará al impuesto sobre la renta y al impuesto de sociedades, que también vamos a abordar en su momento. La reforma estará aprobada y en vigor en esta legislatura. Ése es el compromiso. Y me remito al resultado final para ver hasta qué punto la reforma va a tener profundidad.

P. Pero las declaraciones del equipo económico del Gobierno distan mucho del modelo que se dibujaba en el programa electoral

R. Las bases que el vicepresidente económico ha anunciado responden a los principios que están contenidos en el programa electoral. El visto bueno, la decisión, el contenido y los plazos de la reforma fueron una decisión del presidente del Gobierno en esta misma mesa.

P. ¿Y cuáles son los objetivos?

R. Simplificación del impuesto, reducción de tramos, reforma de determinadas deducciones, como las que afectan a vivienda y a los planes de pensiones, y reforma del impuesto de sociedades, que irá inmediatamente después. Puede ser que eso antes se viera como un cambio muy grande y ahora se vea como uno menor. El Gobierno, a la hora de presentar el proyecto de ley que establezca la reforma del impuesto sobre la renta contará con dos elementos fundamentales. Primero, que responda al principio de equidad. Uno de los grandes objetivos es un modelo fiscal más equitativo. Y dos, que sea compatible con los objetivos de dinami-zación económica y gasto social. Es evidente que esa segunda parte va a depender de la evolución del crecimiento económico, porque es la que marca de manera esencial los ingresos del Estado. Pero la recaudación va muy bien y eso nos hará tener una proyección positiva para los próximos años.

P. ¿Eso quiere decir que puede bajar impuestos?

R. La reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas va a comportar una reducción de impuestos para las rentas del trabajo. Lo dije y lo mantengo.

P. Uno de los reproches al presupuesto de este año es que ha cumplido con cicatería el compromiso de aumentar la inversión en investigación y desarrollo.

R. El presupuesto tuvo un proceso de enmiendas parlamentarías que incrementó de manera sustancial la partida relativa a investigación, desarrollo e innovación. Todo esfuerzo en esa dirección es insuficiente para lo que tenemos por delante, y en 2006 el aumento prioritario de gasto público va a estar en dos ámbitos: I+D+i y en la ayuda a la cooperación.

P. La política de igualdad es una de sus prioridades, pero ¿qué puede hacer un Gobierno para que tenga vigencia en el ámbito de la empresa privada?

R. Vamos hacia una ley de igualdad, pero el Gobierno puede liderar un discurso de valor social más allá de las leyes. Voy a contar una anécdota. El día que hice un pronunciamiento público denunciando la falta de presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex 35, que no llega al 2,5%, varias directivas de este país me llamaron para comentarme que habían tenido ofertas de grandes empresas.

P. O sea que está cambiando el mercado.

R. Las sociedades más desarrolladas, más libres, más cultas son aquéllas donde hay una igualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente, el reverso es que las sociedades menos desarrolladas, las que tienen más pobreza, menos cultura y menos bienestar, son las que ejercen más discriminación y dominación hacia las mujeres. Por lo tanto, es un poderosísimo cauce de transformación social; aparte de que ¡ya era hora! ¿Cómo es posible que durante tantos siglos se haya permitido la marginación y la discriminación, el sometimiento de la mitad de los seres humanos, es decir, de las mujeres?

P. ¿Va a modificar la ley electoral en materia de igualdad?

R. Sí, por supuesto que va en la reforma. Y tenemos que acabar con la desigualdad salarial e incorporar al diálogo social una cultura de cambio.

P. Entre sus compromisos inmediatos ha señalado el desarrollo del cuarto pilar del Estado de bienestar, en un momento en el que el Fondo Monetario Internacional hace advertencias sobre el mantenimiento incluso de los tres pilares ya existentes.

R. Tengo un gran respeto por el Fondo Monetario Internacional y por todos los organismos que hacen prospecciones, pero a veces no aciertan. Cuando empecé mi trayectoria como diputado estaba abierto el debate de que el sistema público de pensiones no aguantaba 15 años. Estoy hablando de 1986 y, en lugar de la quiebra, hoy estamos en el mejor momento de la historia del sistema público de pensiones en nuestro país. En un solo año hemos aumentado el 50% y tenemos casi 24.000 millones de euros en el fondo de reserva. Estamos ampliando la base de cotizantes, porque la afiliación a la Seguridad Social aumenta. La ley que vamos a presentar este año en el Parlamento se va a llamar ley de autonomía de las personas para afrontar la dependencia y la discapacidad. Además, va a dinamizar la economía en el sector servicios y en el empleo. La sociedad española está en condiciones de afrontar el llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones.

P. ¿Dónde va a poner el acento en este segundo año?

R. En el impulso a la economía productiva, al capital tecnológico, en todas las reformas que tenemos en el modelo autonómico, que es fundamental, y en la ley de autonomía personal. En cuajar un modelo eficaz de ayuda a las personas mayores y a los discapacitados. Ésos son tres grandes proyectos y también me gustaría avanzar en el acuerdo para la reforma de la educación. Pero hasta que dure la legislatura hay una línea esencial: cumplir la palabra dada. Me importa tanto cumplir el compromiso de la retirada de tropas de Irak como llegar a los 600 euros de salario mínimo interprofesional en la legislatura.

P. ¿Sigue teniendo en mente el "no nos falles" del 14-M?

R. Claro. Todos los días hay que dedicar un rato a la autocrítica.

P. Pero en el balance público que hizo recientemente admitió un único fallo: la falta de respuesta a la primera nevada.

R. De gestión, pero estoy dispuesto a que se pongan otros sobre la mesa y a debatirlos. En fin, yendo la economía como va, habiendo cumplido compromisos sociales importantes como la subida de pensiones, del salario mínimo interprofesional, el aumento de las becas, una política exterior coherente con el programa electoral, el diálogo como forma de trabajar...

P. Uno de los compromisos fue el de la transparencia informativa. Pero la Administración sigue gestionando la información como un patrimonio propio.

R. La Administración General del Estado necesita reformas para romper un sistema de décadas. Ahí está el código de buen gobierno y me atrevería a decir que la transparencia ha aumentado, pero estamos lejos de lo que es deseable en una sociedad democrática. Un paso importante será también la inminente ley de publicidad institucional que prohíbe el autobombo del Gobierno y el favoritismo en la adjudicación de campañas.

P. A estas alturas ya debería estar en el Parlamento la ley de la televisión pública. ¿En qué estado está después de ese informe del comité de sabios que ha recibido tantas críticas?

R. Ha recibido críticas y reconocimientos, porque rompe con una tradición histórica de televisión gubernamental. Ahora, ese informe está siendo traducido por un grupo de trabajo del Gobierno a lo que va a ser un proyecto de ley de reforma de los medios públicos de comunicación.

P. ¿Sólo traducido o también completado?

R. La parte referida a organización y gestión va a ser traducida en sus líneas esenciales, pero la vertiente del horizonte financiero de la televisión pública requiere un estudio detallado y un esfuerzo del Estado para asumir la deuda acumulada. El primer año lo hicimos con dos problemas heredados, que eran Renfe y la deuda de Andalucía, y pese a ese esfuerzo los datos de déficit han sido muy buenos. Y en el 2005 vamos a dar el paso con la televisión pública.

P. ¿Habrá proyecto de ley este año?

R. Tiene que haber proyecto de ley este año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 23 de abril de 2005.

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