El dilema estatutario

¿Ha entrado la reforma del Estatut en vía muerta tras el rechazo del PP a incluir en el articulado una agencia tributaria valenciana como exigían los socialistas como condición sine qua non para lograr el consenso? ¿Tiene algo que ver la visita de Mariano Rajoy el pasado jueves con el anuncio hecho ayer por el portavoz popular Serafín Castellano? ¿Es cierto que Rodríguez Zapatero frenó las aspiraciones de Joan Ignasi Pla respecto de la reforma durante la entrevista que ambos mantuvieron en Madrid? ¿Hasta qué punto la urgencia de Francisco Camps en aprobar el Estatut el 25 d'Abril pretendía evitar la crisis actual aplicando el refrán de que "más vale pájaro en mano (capacidad de disolución de las Cortes Valencianas por el presidente) que ciento volando (agencia tributaria y más competencias para el Tribunal Superior de Justicia)"? La decisión del PP de ayer mismo, los recientes enfrentamientos internos en este partido y algunas declaraciones de personajes tan singulares como el presidente de las Cortes, Julio de España, explican las premuras presidenciales. El adversario, como de costumbre, estaba dentro y pocas ayudas podía esperar Camps desde fuera porque los socialistas valencianos tampoco andan muy sobrados de apoyos propios, aunque aparenten lo contrario. "Vienen desbocados", dijo un dirigente del PSOE en Ferraz para hacer notar lo excesivo (?) de las pretensiones de Pla. Pero aunque esto fuera así, el presidente y el PP tienen muy difícil demostrarlo. Los hechos, a los que hay que atenerse, son que el PSPV ha puesto unas propuestas encima de la mesa y que el PP las ha rechazado. Especular sobre las consecuencias que la aprobación de un Estatut con amplias competencias hubiera tenido sobre la reforma que se llevan entre manos los catalanes puede tener una base cierta; pero no es más que una presunción. Y asumir que la reforma valenciana está condicionada por la catalana, coloca a este territorio y a sus representantes políticos en una posición de subsidiaridad respecto de sus direcciones en Madrid, justo cuando se reclama más autonomía. La exigencia de Camps para lograr una aprobación del Estatut rápida se entiende desde la óptica de quien pretende pasar desapercibido para evitar que le disparen desde dentro -sobre todo- y desde fuera. No ha encontrado las complicidades necesarias para conseguirlo. Entre otras razones porque su argumentario contenía más mística que política. El propio dilema de Camps, que quiere un futuro distinto con las bendiciones de quienes son el pasado, no ha ayudado a empujar la reforma. Véase qué queda de lo aprobado en la ponencia de Benissanó. Los socialistas sólo tiene que esperar, pero ellos también serán responsables de lo que ocurra.