En defensa del anciano demente

Una veintena de neurólogos, juristas y trabajadores sociales ha elaborado un documento para orientar cómo preservar la libertad y la dignidad de las personas con demencias. El deterioro cognitivo dificulta la toma de decisiones y, en ocasiones, obliga a incapacitar legalmente al enfermo. El Documento de Sitges, auspiciado por la Sociedad Española de Neurología y que fue presentado el pasado 7 de abril, correlaciona el estado neurológico con la capacidad de toma de decisiones. El objetivo es el máximo respeto y equidad hacia las personas con demencia.

El deterioro cognitivo ya figura entre las principales preocupaciones de las personas mayores, por encima de la depresión, los problemas de movilidad o las dolencias cardiovasculares. También los investigadores prestan cada día más atención a este trastorno, como demuestra un trabajo del pasado año en el Journal of Gerontology. "Existe una gran inquietud e interés social sobre las funciones del cerebro. Es nuestro director de orquesta, y la percepción social es que si me falla el cerebro, ya no tendré capacidad de decisión", explica Mercè Boada, neuróloga y una de las coordinadoras del Documento de Sitges. "Pero las cosas son más complejas. Hay personas con demencia capaces de hacer determinadas cosas o actividades y otras no. Si las incapacitamos globalmente, desnudamos de toda libertad a aquella persona. Es un acto de discriminación", afirma Boada. ¿Dónde radica el problema? El diagnóstico de una demencia se suele realizar de forma genérica. Por ejemplo, se diagnostica Alzheimer y se añade "evolucionada". Pero no se va más allá. El trabajo de estos expertos es un punto de partida para avanzar en la precisión del diagnóstico y en la revisión del marco legal de la dependencia y la incapacitación.

Las demencias causan diferentes carencias que exigen distintos grados de incapacitación

El documento relaciona el estado neurológico con la capacidad de toma de decisiones

Convivir o relacionarse con personas con demencias es una realidad cotidiana para muchos. Una convivencia que, en ocasiones, obliga a denunciar a la persona para que sea incapacitada por la justicia. "La palabra denuncia tiene una connotación negativa y es normal que a la familia le cueste dar el paso. Pero hay que tener claro que cuando se denuncia a un enfermo incapaz, lo que hacemos es pretender que la ley lo proteja de la sociedad, del entorno. Le protegemos para que no tenga un accidente, para que no dilapide su patrimonio, para poderlo ingresar en una residencia...", afirma Mercè Boada.

Las demencias pueden producir muchas alteraciones pero no todas son iguales ni requieren el mismo grado de incapacitación. No es lo mismo, por ejemplo, perder la memoria que perder la capacidad de realizar actos ejecutivos o tener un trastorno del lenguaje. En este caso, no se puede incapacitar a una persona por demente dado que puede ir al mercado, señalar y comprar unos tomates, cocinarlos y realizar la mayoría de actividades diarias. Tiene voluntad y puede expresarla.

Cuando la demencia alcanza la pérdida de funciones ejecutivas, en cambio, se debe incapacitar para vender bienes o realizar tareas de responsabilidad.

Otras actividades profesionales, como el trabajo en una cadena de montaje o el control de la circulación en un túnel, no deberían de permitirse a personas con un diagnóstico que muestra una pérdida de funciones ejecutivas.

Un episodio habitual de la incapacitación tiene que ver con el ingreso en una residencia. Imaginemos una hija que cuida de sus padres, uno de ellos con demencia. Pero esta hija debe operarse y dedicar cuatro meses a recuperación. La persona mayor sana afirma que puede cuidar a su pareja pero la hija cree que no tiene la capacidad y está convencida de que lo mejor es ingresar al enfermo en una residencia. Allí, el anciano con demencia recibirá un cuidado profesional, tomará la medicación. Pero la pareja, tozuda, se opone, porque se ve capaz de hacerlo. La hija no tiene otro camino que denunciar para que el juez incapacite a la persona enferma y le otorgue la tutoría. "En estos casos hay que denunciar porque lo mejor es el ingreso en una residencia. Si los ancianos permanecen solos en casa, se acaba produciendo una situación de desconsuelo. El enfermo está mal atendido, no toma la medicación o los profesionales no tenemos la certeza de qué fármacos toman, y acaban convirtiéndose en marginados sociales", explica Boada.

"Cuidar a una persona con demencia no es cualquier cosa. Hay parejas jóvenes que se separan porque uno de ellos no aguanta la presión de tener que acoger a un enfermo en casa. Algunas familias traspasan la responsabilidad del cuidado a adolescentes, que no tienen la capacidad necesaria ni viven bien el impacto emocional que eso supone", asegura Boada.