Siete ayuntamientos del PP alegan contra la reserva de suelo para el trasvase derogado

La tercera parte de los municipios que han alegado contra el Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana elaborado por la Generalitat están gobernados por el PP. El decreto, aprobado el pasado viernes por el Consell, recibió veinte alegaciones, de las que once procedían de ayuntamientos gobernados por el PSPV, siete de municipios del PP, uno de L'Entesa y otro de un partido independiente.

De las veinte alegaciones presentadas se han admitido siete, aunque fuentes de la Consejería de Territorio no pudieron ayer determinar en qué porcentaje han sido escuchadas las de populares y socialistas, pero matizaron que se han aceptado de ambos partidos. La mayoría de las alegaciones han hecho referencia a planes proyectados o, incluso, aprobados por los ayuntamientos, que se ven afectados por una parte de los 155 kilómetros cuadrados que la Generalitat ha decidido reservar para desarrollar el futuro trasvase del Ebro, cuando "las circunstancias políticas lo permitan", tal como señaló el consejero de Territorio, Rafael Blasco. En cualquier caso, según fuentes de la consejería, los ayuntamientos habrán de supeditar sus planes a esta reserva de suelo y sólo podrán desarrollarlos en el caso de que la programación urbanística prevista por los municipios no afecte al plan que declara no urbanizable una franja de 200 metros a cada lado del futuro canal en todo su recorrido por la Comunidad Valenciana. Así, en su respuesta a las alegaciones, la consejería señala que los consistorios habrán de ajustar sus planeamientos ya que, sobre las decisiones municipales, prevalecerá el plan de reserva de suelo para el futuro y posible trasvase ya que se trata de un proyecto de acción territorial y capaz de someter los desarrollos locales, tal como permite la Ley de Ordenación del Territorio. La franja cruza las tres provincias, de norte a sur, ocupa una superficie de 155 kilómetros cuadrados, en un 99% suelo no urbanizable, y afecta a 65 municipios: 20 de Castellón, 37 de Valencia y 8 de Alicante.

Blasco habló ayer del "consenso histórico" obtenido por el Consell sobre la reserva de suelo, ya que, según dijo el 80% de los municipios afectados han mostrado su total apoyo al mismo. El consejero basó esta afirmación en el hecho de que algo menos de un tercio de los ayuntamientos afectados han presentado alegaciones y arremetió contra la "actitud de bloqueo del PSPV" porque 11 municipios socialistas plantearon la afección de la reserva a sus planeamientos. Olocau, Domeño, Algimia de Alfara, Sumacàrcer, Onda, Costur, Villena, Pedralba, La Vall d'Uixó, Cheste y L'Alcora son algunos de los municipios mencionados por Blasco, quien, sin embargo, no habló de Vall d'Alba, Les Coves de Vinromà, Peñíscola, Vilanova d'Alcolea y Vilafamés, gobernados por el PP en Castellón y que, en el caso de esta provincia, alcanzan el 50% de las alegaciones al plan.

Por otra parte, los ocho diputados de ERC en el Congreso de los Diputados anunciaron ayer su voto en contra del proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, que deroga el trasvase del Ebro, en la votación del pleno del próximo jueves, si se mantiene en el texto el trasvase Júcar-Vinalopó. Los tres diputados de Izquierda Unida (IU) no apoyarán el texto, pero todavía no han definido si su voto será negativo o se abstendrán. La diputada de IU Isaura Navarro dijo que el trasvase Júcar-Vinalopó "se mantiene por razones electoralistas y no ambientales" y se "debe derogar porque es insostenible económica y ambientalmente" como el del Ebro. Los dos diputados de ICV, con los que IU forma grupo parlamentario, no han decidido su voto. Los Verdes, formación adscrita al Grupo Socialista con un diputado, tampoco apoyará el texto.

Ayer, el consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, explicó que el Gobierno del PP ha terminado desde el inicio de esta legislatura un total de 62 actuaciones para la mejora de la gestión hídrica en la provincia de Alicante, que han supuesto una inversión de 95 millones de euros, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente "no ha licitado ninguna y exige a la Comunidad Valenciana lo que no pide a otras comunidades".