Regularización
La decisión del Gobierno, avalada por empresarios y sindicatos, de permitir la inscripción con carácter retroactivo en el padrón municipal de aquellos inmigrantes que, residiendo en España antes del 8 de agosto de 2004, no cumplimentaron ese trámite, no rompe las reglas del actual proceso de regularización, como pretende hacer creer el PP, sino que facilita su cumplimiento. Sería injusto que personas que cumplen los requisitos básicos para regularizarse -residir en España antes de la citada fecha y estar vinculadas al mercado laboral- fueran privadas de ese derecho por cuestiones burocráticas, como no haber obtenido en su momento un determinado documento.
Cabe, en todo caso, reprochar al Gobierno la carencia de reflejos para prever y solventar antes de abrir el proceso de regularización un problema harto conocido: que un indeterminado número de inmigrantes ha rehuido empadronarse, corriendo el riesgo de perder el derecho a la asistencia sanitaria, desde que el anterior Gobierno autorizó a la policía el acceso a los datos del padrón municipal.
Subsanar esta imprevisión a falta de apenas tres semanas para concluir el proceso de regularización no deja de plantear problemas, no sólo de tiempo, escaso diga lo que diga el ministro Caldera, sino de carácter administrativo. A los ayuntamientos se les fuerza a actuar a marchas forzadas en un asunto que debió abordarse con mayor sosiego en su momento y que supone una sobrecarga de trabajo.
En todo caso, las iniciales dudas jurídicas sobre la fórmula de "empadronamiento retroactivo o por omisión" han desaparecido. No es un invento del Gobierno, sino una figura administrativa vigente desde 1997, que permite a los ayuntamientos inscribir en el padrón, de oficio o a solicitud del afectado, a aquellas personas no inscritas y que viven habitualmente en el municipio. Los ayuntamientos también saben a qué atenerse sobre los documentos públicos que acrediten la estancia en España antes de agosto de 2004 del inmigrante que solicite su "empadronamiento por omisión".
Los siete documentos validados por la Comisión de Empadronamiento del INE recogen sin duda las situaciones de hecho más usuales y dotan de firmeza jurídica a la actuación de los ayuntamientos. Sobre éstos recae ahora la responsabilidad de agilizar al máximo los trámites, aunque el hecho de que la solicitud de inscripción en el padrón baste para pedir la regularización palie en buena parte los problemas de tiempo.
Es de esperar que estas complicaciones sobrevenidas no frusten el objetivo final de la regularización en marcha: hacer aflorar el mapa de la inmigración irregular y la economía sumergida en España. Un objetivo que debía ser compartido por todos, incluso por el Partido Popular, cuyo desaforado partidismo en esta cuestión refuerza todavía más la necesidad de un acuerdo general de los dos grandes partidos de ámbito nacional sobre la inmigración. En la línea del alcanzado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre el proceso de regularización en marcha y la mejor forma de llevarlo a cabo.
