Profesionales contra el blanqueo

La Operación Ballena Blanca, la mayor contra el blanqueo de capitales de Europa, ha puesto de manifiesto que hay profesiones clave para prevenir este delito. Auditores, abogados y otros profesionales del mundo de la empresa estarán obligados a comunicar a las autoridades los movimientos sospechosos de sus clientes a partir del viernes. Para los notarios, cambian las exigencias.

Las operaciones sospechosas comunicadas a las autoridades aumentaron el año pasado un 43,7% hasta las 2.296

Entre los 41 detenidos durante las primeras horas de la Operación Ballena Blanca había siete abogados y tres notarios. La intrincada madeja de sociedades a través de las cuales se movían millones de euros procedentes de actividades delictivas con el objeto de adquirir apariencia legal tenía de hecho uno de sus nudos principales en el despacho de abogados Del Valle de Marbella (Málaga).

Al margen de los posibles delitos que hayan podido cometer los detenidos, que serán valorados por un tribunal y no tienen nada que ver con su profesión, está claro que los abogados y los notarios son piezas fundamentales para detectar posibles operaciones de blanqueo de dinero antes de que éstas se produzcan. Algunos de ellos tienen anécdotas que contar sobre un cliente que intentó pagar un piso en efectivo, un jubilado alemán de la Costa del Sol cuyo patrimonio se volvió millonario de la noche a la mañana, o una persona sin cualificación aparente que figura como administrador de una decena de empresas. Por sus despachos pasan operaciones millonarias, algunos de origen dudoso; se crean y administran sociedades; se compran inmuebles...

Así lo entiende la ley de 1993, que acaba de ser modificada en línea con los últimos mandatos de la Unión Europea. A partir del próximo viernes, cuando entra en vigor la última reforma de este texto, abogados y procuradores, auditores, contables y asesores fiscales, entre otros profesionales, estarán obligados a comunicar las operaciones de sus clientes que consideren sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), un órgano que preside el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Las entidades financieras, compañías aseguradora, sociedades de valores y registradores y notarios llevan años colaborando con este organismo, aunque estos últimos cambian de régimen a partir de ahora.

Si hasta la última reforma los notarios eran considerados sujetos colaboradores, a partir de ahora harán grupo con abogados y procuradores que tienen un régimen especial. Éste pretende conjugar la colaboración con las autoridades que luchan contra un delito muy sofisticado y cambiante con el secreto profesional que les protege. Por eso, tanto los notarios -alrededor de 3.000- como abogados -ejercen unos 106.000 en España- y procuradores sólo deberán informar de sus sospechas cuando asesoren determinadas transacciones (como una compraventa de inmuebles o la gestión de empresas) o cuando actúen en nombre de un cliente, algo muy habitual en cualquier despacho especializado en derecho mercantil. Tendrán que identificar a sus clientes y la naturaleza de la operación, rellenarán el modelo correspondiente y lo enviarán al Sepblac. Por ahora sólo se puede hacer por correo ordinario o por fax, pero en el futuro también se podrá hacer de forma telemática.

Además deberán hacer informes periódicos, establecer un sistema interno para valorar qué operaciones pueden esconder dinero negro y conservar los documentos relativos a las que parezcan oscuras durante un periodo de seis años.

Fuentes de los colegios notariales y de abogados y de las asociaciones de auditores aseguran que no hay malestar en sus colectivos por estas obligaciones y que no prevén una avalancha de nuevas notificaciones. Sí reconocen cierta preocupación, la lógica ante cualquier cambio legislativo, y algo más de trabajo, aunque muchos despachos profesionales tienen estrictas normas de admisión de clientes.

Secreto profesional

A pesar de ello, algunos abogados están molestos y critican la falta de claridad de la ley, que "no define dónde empieza y acaba el secreto profesional", lo que puede generar confusión, resume Santiago Milans del Bosch, responsable de estos asuntos en el despacho Cuatrecasas. La violación del secreto profesional es un delito.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, considera, sin embargo, que "la norma no afecta en absoluto al ejercicio profesional" ni pone en peligro el secreto profesional, y asegura que el órgano que gobierna a los abogados no ha recibido ninguna queja por la nueva obligación.

Hay otras razones para la confusión, aseguran algunas fuentes, que no sólo afectan a estos colectivos, sino a todos los que aparecen en la ley (desde bancos a loteros, inmobiliarias y casinos). La nueva norma amplía los supuestos que deben ser puestos en conocimiento de las autoridades. Si antes sólo era obligatorio denunciar cuando se intuyera que el dinero provenía del narcotráfico, el terrorismo, la prostitución o actividades mafiosas, ahora los profesionales deben hacerlo cuando recelen de que el origen del dinero sea un delito castigado por la ley con al menos tres años de cárcel.

Esto complica aún más el trabajo, dicen algunos de los consultados, pues deben valorar caso por caso y determinar si se trata de una operación susceptible de encubrir un proceso de blanqueo de dinero. "Deberíamos estar a criterios objetivos y esto es cualitativo", resume Fernando P. Méndez, decano de los registradores, que colaboran con el Sepblac desde hace años.

Por todo ello, ninguno de los colectivos afectados prevé una avalancha de notificaciones y todos se muestran dispuestos a colaborar con las autoridades. Parece claro que el Sepblac, formado por 75 expertos del Banco de España, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, tendrá más trabajo a partir de ahora. Éste ha crecido de forma paulatina en los últimos años. Los informes periódicos que deben enviar las distintas entidades obligadas han pasado de 294.508 en 2003 a 334.452 el año pasado, lo que suponen un incremento del 13,6%. Las operaciones sospechosas comunicadas crecen mucho más, un 43,7%, aunque su número es mucho más reducido: 2.296 el año pasado.

Lo que pretende la ley, cuyo incumplimiento supone una fracción administrativa, es hacer más difíciles los procesos de lavado de dinero antes de que se cometa el delito. Conscientes de que éste es cada vez más complejo y de que el dinero sucio se mueve a escala planetaria, parece decir, cuantos más profesionales estén alerta, mejor.