Un Estatut silencioso

Los partidos con representación parlamentaria -Partido Popular, PSPV-PSOE y Esquerra Unida-L'Entesa- han acelerado en la última semana las negociaciones para reformar el Estatut aprobado en 1982. Tras más de 20 años de vigencia, la carta que regula el autogobierno de los valencianos puede lograr el consenso necesario para modificarse y adecuarse a las nuevas realidades sociales. Esta es la tercera legislatura consecutiva en la que las Cortes Valencianas se plantean reformar el Estatut. A continuación se enumeran algunas de las cuestiones que explican

los entresijos de la actual negociación.

- La coyuntura política. A diferencia de los otros dos intentos anteriores, el actual proceso de reforma cuenta con un escenario más favorable. El Gobierno central está en manos de los socialistas, la Generalitat la gobierna el PP y Esquerra Unida es uno de los socios en los que se apoya el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados para sacar adelante sus iniciativas. Este equilibrio de poderes ha contribuido a flexibilizar una negociación de la que nadie quiere excluirse.

La financiación no se discute pero los socialistas proponen una Agencia Tributaria

- Los nuevos liderazgos. Populares y socialistas, fundamentalmente, han renovado a sus líderes y con ellos, parte de sus planteamientos. José Luis Rodríguez Zapatero apuesta por dar un nuevo impulso autonómico al Estado que mejore algunas de sus deficiencias de funcionamiento y rebaje las tensiones territoriales, especialmente con Cataluña y el País Vasco. El popular Mariano Rajoy, inicialmente contrario a aceptar cualquier cambio en el statu quo, ha flexibilizado su posición y acepta estudiar las propuestas que se formulen una a una, aunque reclama que cualquier modificación cuente con el acuerdo entre PSOE y PP y mantenga el marco constitucional vigente. En la Comunidad Valenciana, el popular Francisco Camps y el socialista Joan Ignasi Pla son conscientes de la oportunidad y el riesgo que representa sacar adelante la reforma de un Estatut que en algunas cuestiones está obsoleto y lastra la actuación de la Generalitat.

- Las discrepancias internas. Ninguno de los tres partidos que están inmersos en la negociación son bloques monolíticos. En su interior hay discrepancias internas sobre cuál debe ser el alcance y el sistema de negociación de la reforma. En el PP, los partidarios de Francisco Camps y los de Eduardo Zaplana discrepan sobre adónde pueden llegar los cambios, especialmente aquellos que afectan a la estructura territorial del poder: diputaciones, ley electoral, papel de los ayuntamientos, etc. Los partidarios de Zaplana consideran que la reforma del Estatut también será muy difícil de llevar a puerto en esta legislatura. En el PSOE las visiones jacobina y federal del Estado coexisten no sin tensiones, como demuestran habitualmente dirigentes como José Bono y Pasqual Maragall. En el socialismo valenciano, las principales críticas sobre el proceso de negociación del Estatut proceden de los antiguos dirigentes del PSPV, que cuestionan el método utilizado -una ponencia parlamentaria en la que se fijan los desacuerdos, además de los acuerdos- y el alcance de algunas reivindicaciones de corte federal que pueden hacer embarrancar la reforma. En Esquerra Unida los planteamientos de tipo institucional tienen que convivir con las ideas de carácter alternativo de buena parte de sus bases.

- Los contenidos. Los representantes de los grupos parlamentarios discuten sobre varios bloques de contenidos. Los partidos, especialmente PP y PSPV, intentan enmendar las taras con las que salió adelante el actual Estatut en 1982 -un ley que se aprobó por el artículo 143 de la Constitución pero con las competencias de los estatutos aprobados del artículo 151, fundamentalmente sanidad y educación, incorporadas mediante una ley organíca-. Además discuten sobre la obtención de competencias y un mejor sistema de financiación; la inclusión de nuevos derechos sociales; y la elaboración de consensos respecto a las señas de identidad y la imagen de los valencianos.

- Las carencias de 1982. Aunque no es la única cuestión, los elementos principales de discusión en este bloque son: la obtención de la capacidad plena de disolución de las Cortes por parte del presidente de la Generalitat y la convocatoria de elecciones, y la necesidad de que las modificaciones en la reforma del Estatut se realicen mediante un referéndum vinculante al pueblo valenciano.

- Nuevas competencias. Este es, probablemente, el capítulo más complejo. Populares, socialistas y Esquerra Unida discuten sobre cuestiones tan complejas y prolijas como las competencias en materia aeroportuaria, en políticas de inmigración o la implantación del Derecho Foral valenciano. Todas estas cuestiones tendrán repercusión en la organización cotidiana de la vida de los valencianos. Una de las cuestiones más polémicas es la que reclaman los socialistas: la descentralización de la Justicia para aproximarla a los ciudadanos, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sea la última instancia, en términos generales, para los valencianos.

- Financiación. En la negociación sobre la reforma del Estatut no se discute sobre el sistema de financiación autonómica, pero sí se concibe como un instrumento que sentará las bases para paliar determinadas carencias como la insuficiencia financiera de la sanidad. Los socialistas reclaman una Agencia Tributaria para gestionar con el Estado todo el sistema fiscal y mejorar su eficiencia. EU reclama un concierto como el de los navarros y vascos y el PP se opone a modificar la situación actual.

- El consenso identitario. En las negociaciones también se habla de la identidad de los valencianos, cuestión que el PP considera inamovible. Tanto socialistas, como EU -en mayor medida- piensan que el Estatut es un buen instrumento para certificar el final del estéril conflicto lingüístico y avanzar en la autoestima de los valencianos. Además de lengua y símbolos hay elementos significativos en discusión como la posibilidad de tener una policía autonómica que regule el tráfico en la Comunidad Valenciana.