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El reto de Alberto II, modernizar el principado

"No confiamos en el príncipe Alberto, pero tenemos que hacerlo", afirma un alto funcionario monagesco. Es difícil ver el mundo de otro modo cuando se es ciudadano de un principado cuyo jefe de Estado es tal "por la gracia de Dios", y no sólo no sabe de la separación de poderes -el príncipe de Mónaco delega en un legislativo vagamente democrático, está al frente del ejecutivo, aunque también puede delegar, y es la máxima autoridad judicial del pequeño país mediterráneo- sino que además añade el eclesiástico a los otros tres, porque Mónaco es un Estado confesional católico.

El carácter democrático del Consejo Nacional -sus 24 legisladores son elegidos por sufragio popular- está en abierta contradicción con los poderes absolutos que tiene el príncipe gobernante.

Peor aún, el papel tutelar de Francia -proporciona el primer ministro y otro miembro del Gabinete, suministra todos los miembros de las fuerzas de seguridad monegascas, etcétera- tampoco puede eternizarse en un Mónaco que, a pesar de que conserva sus peculiaridades fiscales -no existe el impuesto sobre la renta de las personas físicas-, tiene que adaptarse a las exigencias de Naciones Unidas, organización en la que ingresó en 1993, y del Consejo de Europa, del que forma parte desde 2004.

"Mónaco tiene un problema: política y económicamente es un país; industrialmente es una ciudad, pero su urbanismo es el de un barrio", afirma el alto funcionario monagesco que prefirió no ser identificado. En las poco más de 200 hectáreas del territorio monegasco encuentran refugio 350.000 cuentas corrientes.

Sólo 32.000 habitantes

En el minúsculo territorio viven 32.000 personas, de entre las cuales no mucho más de 6.000 tienen la nacionalidad monegasca. 40.000 personas acuden diariamente para trabajar en ese reducto principesco, 12.000 de las cuales lo hacen en fábricas. "Como no tenemos espacio, hemos inventado la fábrica en altura", aseguran. Laboratorios farmacéuticos, componentes de automóvil o productos plásticos se fabrican en edificios de 12 plantas.

"Y Raniero III nos deja una legislación social única en Europa", explica el alto funcionario, que prefiere guardar el anonimato. "Un monegasco tiene derecho a una vivienda cuyo alquiler nunca puede superar el 25% de su salario. Nuestra protección médica es total y de gran calidad; la semana de trabajo es de 35 horas, pero puede ser de más si trabajador y empresario se ponen de acuerdo".

Según él, el príncipe Alberto II de Mónaco tiene también que "modernizar la oferta hotelera; ya no basta con estar en el principado para que la gente venga y pague lo que haga falta; el lujo no reside sólo en los estucos, el tamaño de la habitación y la calidad de los dorados. Hay que desarrollar el turismo de negocios, ofrecer otras cosas además de mar, sol y seguridad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de abril de 2005