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Obras Públicas denunciará ante la fiscalía las construcciones ilegales en dos municipios de Cádiz

La Delegación de Obras Públicas en Cádiz denunciará ante el Ministerio Fiscal la proliferación de viviendas ilegales en el Pinar de Coig, espacio protegido de El Puerto de Santa María, y El Marquesado, un crecimiento inmobiliario irregular en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

Asimismo, la Junta llevará ante la fiscalía gaditana "otras construcciones aisladas, fundamentalmente en la zona litoral de la provincia", según dijo el delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, con el fin de actuar "para restablecer la normalidad urbanística". La Junta recordó que para poder acometer "el derribo" de las viviendas ilegales "es necesario una orden judicial".

En relación al Pinar de Coig, Lorenzo explicó que se trata de un suelo "de especial protección" por tener calificación de Sistema General de Espacio Libre tanto en el Plan de Ordenación Urbana de El Puerto como en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.

La Administración autonómica ha iniciado una campaña de "inspecciones urbanísticas" que demuestra, según el delegado de Obras Públicas, "gran evidencia de ilegalidad" en el desarrollo de una veintena de parcelaciones y unas treinta construcciones sin ningún tipo de licencia.

Esta proliferación de viviendas ilegales ha sido también denunciada por la asociación Ecologistas en Acción ante la fiscalía de Cádiz. En su escrito, los ecologistas denunciaron al alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés y al concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, ambos de Independientes Portuenses, por "prevaricación medioambiental con omisión dolosa o imprudente".

Segunda residencia

En cuanto al desarrollo irregular en Chiclana, la Junta ha detectado que el crecimiento turístico de la zona ha favorecido el desarrollo de construcciones ilegales, en su mayor parte chalés de segunda residencia, que en ocasiones son puestas en el mercado, incluso, por agencias inmobiliarias.

La compañía eléctrica Endesa decidió el pasado febrero suspender el suministro a unas 200 edificaciones de esta zona, tras comprobar que carecían de licencia municipal.

En todos los casos, Lorenzo aclaró que "las competencias son de los ayuntamientos y la Junta sólo actúa de forma subsidiaria cuando éstos no toman medidas para restablecer la legalidad". Junto a la denuncia de estos casos ante la Fiscalía, el delegado de Obras Públicas anunció "nuevos procesos sancionadores" contra los propietarios de los terrenos parcelados o edificados ilegalmente.

La norma establece que la autoridad urbanística, en caso de persistir la conducta ilegal, puede establecer hasta una decena de multas por una cuantía, cada una de ellas, de hasta el 10% del valor del proyecto ejecutado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de abril de 2005