Quality Food

Hay cuestiones que cuanto antes pasen a manos de la justicia mejor. El quebranto económico de más de 30 millones de euros que han sufrido las arcas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz es una de ellas. Es necesario alejarse de juicios paralelos, de subjetivismos, de manifestaciones y de silencios que no conducen más que a introducir elementos que distorsionan la vida pública.

Los delitos de apropiación indebida, fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación, no se declaran ni se establecen por las declaraciones de unos u otros. Si se ha cometido delito a través de la empresa Quality Food, existido un fraude generalizado o un saqueo organizado, que sean los tribunales quiénes lo digan. Si han existido sólo irregularidades, que las saque a la luz el Tribunal de Cuentas. Si se han cometido, y quiénes han cometido unas u otras han pertenecido o pertenecen al PP, que carguen con sus consecuencias sus autores. También el PP-A si con sus nombramientos ha favorecido que se generen o si, con su resistencia o sus silencios, han retrasado que se puedan conocer.

Los partidos políticos no son responsables de la conducta delictiva ni anómala de sus integrantes. Lo he dicho en el caso de las facturas del Ayuntamiento de Sevilla y lo digo ahora. Las responsabilidades criminal y civil acaban en sus autores. Las políticas en quiénes, por acción u omisión y conociendo los hechos, las cobijan o miran para otro lado. Ya está bien que se tenga que escuchar y aguantar que la coincidencia de apellidos entre políticos y trabajadores sea sospecha de delito. La sospecha no es de este reino, ni de este Estado. Menos para atribuir delitos. Los delitos se atribuyen ante los tribunales.

Bienvenida, en este sentido, la querella que se anuncia por la Abogacía del Estado en el caso de Quality Food. Cuanto antes se interponga mejor. Si se han detectado hechos que pudieran ser constitutivos de delito, y el pleno de la zona Franca así lo ha entendido, no hay razón para aguardar. La presentación y, en su caso, admisión por los tribunales, llevarán tranquilidad porque serán quiénes determinarán, como es normal en un Estado de Derecho, la existencia o no de delitos.