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El silencio de la presidenta

Teófila Martínez ha oído en los últimos días las más graves acusaciones sobre su gestión política desde que llegó a la alcaldía de Cádiz y a la presidencia de la Zona Franca.

El nuevo delegado del Consorcio, el socialista José de Mier, dijo el pasado lunes que Martínez tuvo "indudables responsabilidades de omisión" en las irregularidades detectadas en este organismo y que es "muy triste que no se diera cuenta y no viera los maletines que pasaban por delante de sus narices".

Un día después, el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo, aseguró que Martínez le concedió "favores políticos" y "préstamos económicos" sin avales. También dijo que la dirigente popular afirmaba que "el dinero público no era de nadie, sino del primero que lo trinca".

El episodio de ayer saca a la luz unas cartas en las que le comunicaban las irregularidades meses antes de que trascendieran públicamente. Entonces, la dirigente popular insistió en desconocía lo que allí se hacía porque su cargo como presidenta de la Zona Franca no es ejecutivo.

Martínez aún no ha respondido a las diferentes acusaciones. Ni siquiera después de que el Congreso de los Diputados aprobara que el Tribunal de Cuentas investigue la gestión completa del PP en la Zona Franca.

Tampoco se ha pronunciado sobre el acuerdo del pleno de la Zona Franca, que ella preside, de presentar querellas por varios presuntos delitos de apropiación indebida, fraude, malversación de fondos públicos, y prevaricación.

En defensa de Martínez, el PP y el Ayuntamiento de Cádiz utilizaron varias fórmulas. En primer lugar respondió el senador y teniente alcalde de Hacienda de Cádiz, José Blas Fernández. Pronto dejó de hablar sobre este asunto. En las últimas comparecencias, los populares han descargado toda la responsabilidad de dar la cara en el joven concejal y consejero ejecutivo del PP en la Zona Franca, Ignacio Romaní.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de abril de 2005