Los hoteles dicen que son menos competitivos por el "alud de normas" que han de cumplir
El sector turístico pierde competitividad, y una de las razones es el desorden normativo y la falta de progresividad en los costes que suponen la aplicación y revisión de las leyes. Lo explicó ayer la patronal de las pequeñas y medianas empresas, PIMEC, que cifró la caída anual de productividad de los hoteles de tres estrellas -casi la mitad de la oferta en Cataluña- en el 3,3%, es decir, 1.462 euros por trabajador. A ella se añaden, según un estudio de PIMEC, otros costes que exige el sector y que a menudo se solapan con los que obligan a cumplir las Administraciones, por lo cual la pérdida de competitividad puede llegar a ser del 8%.
Los costes que denuncian los empresarios se refieren sobre todo a la aplicación de normativas de salud, medio ambiente y seguridad. "Hay tres tipos de costes: los de información, los de adaptación a las normas y los de verificación de las exigencias, que se tienen que encargar a empresas", afirmó el director de Economía de PIMEC, Albert Roca.
Las complicaciones surgen, mantuvieron los responsables de PIMEC, en la complejidad que suponen los procesos de verificación. "No sólo se revisan los ascensores, también se ha de encargar un estudio para comprobar que los informes son correctos. La competitividad cae por el alud de normas que cumplir", aseguró el coordinador de Turismo de PIMEC, Jaume Marimon.
Los pequeños y medianos hoteleros catalanes destinan entre el 1,7% y el 10% de su facturación a cubrir estos costes. "El impacto de los costes no es proporcional a la dimensión de la empresa. Afecta de forma desproporcionada a hoteles pequeños", denunció Roca. Por ejemplo, un hotel de menos de 100 plazas paga 240 euros por la revisión de sus tuberías de agua, mientras que uno con capacidad para 1.000 personas paga 420 euros, menos del doble.
Los costes que la aplicación de la normativa para las pequeñas empresas supone, concluyeron, que no obtengan las certificaciones de calidad que exige el mercado. Sólo el 3% de los establecimientos catalanes las poseen.
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