Derechos

Dice Maragall que no se puede acostumbrar a unos territorios al subsidio, mientras se irrita a otros por el uso que se hace de su sobreesfuerzo fiscal. Tendría que explicar cómo hacen los sobreesfuerzos fiscales los territorios y en que mostrador de Hacienda ha visto alguien alguna vez a un territorio presentando su declaración de la renta. Porque, de momento, lo que sabemos de los territorios es que en ellos viven ciudadanos que pagan, en todos, los mismos impuestos, según sean sus ingresos. También sabemos que, según la Constitución, todos los ciudadanos de todos los territorios tienen los mismos derechos y deberes. No está escrito en la Constitución que un ciudadano andaluz tenga que tener peor sanidad, peor educación, o peores carreteras, que otro de Cataluña, cuando los dos pagan sus impuestos exactamente de la misma manera, es decir según lo que tienen, razón por la cual algunos ciudadanos catalanes pagarán menos que algunos ciudadanos andaluces y a la inversa y a nadie se le ocurre pensar que a los ciudadanos andaluces que más paguen se les ofrezcan mejores servicios que a los ciudadanos catalanes que menos paguen.

Como decía Felipe González en este mismo periódico hace pocos días, el asunto de la financiación no es cuestión de territorios, sino de ciudadanía. Maragall no lo cree así y se puede decir eso tranquilamente porque cuando explica su teoría lo deja meridianamente claro. Cree el President que "el nuevo sistema de financiación ha de basarse en que las comunidades tengan unos niveles de servicios similares a sus esfuerzos fiscales". Y sigue aclarando que "si un territorio paga mas impuestos, ese mayor esfuerzo debe beneficiarlo". Conviene insistir: quienes pagan no son los territorios, son los ciudadanos y a la hora de pagar, todos, absolutamente todos los ciudadanos decentes que pagan sus impuestos, hacen el mismo esfuerzo y pagan de la misma manera en relación a su circunstancia económica. Aquí no aporta más un ciudadano catalán que uno andaluz con el mismo nivel de renta y esa es la realidad en que debe basarse no ya el discurso, sino la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que no puede tener otro objetivo que el de que todos los ciudadanos del Estado disfruten de los mismos derechos, de la misma manera que cumplen con las mismas obligaciones.