La Cámara de la Propiedad alavesa convoca elecciones internas al margen del Ejecutivo

La Junta de Gobierno de la Cámara de la Propiedad de Álava, el órgano formado por propietarios que dirige cada entidad, pero sin remuneración, ha comunicado al Ejecutivo vasco que va a iniciar el proceso electoral para renovar su ejecutiva, después de estar 16 años consecutivos en el cargo. La decisión ha sido adoptada tras enviar una carta a los departamentos de Vivienda y de Hacienda en la que instaban al Gobierno a que diera pasos para dotar de "seguridad jurídica" las actuaciones de la entidad.

El Ejecutivo se comprometió en el Parlamento de Vitoria a aprobar antes de las elecciones del próximo domingo el decreto de liquidación de las cámaras como corporaciones de derecho público, y asumir las funciones, el personal y el patrimonio de las tres entidades. En diciembre de 2003, su patrimonio sumaba 18 millones de euros y el personal susceptible de entrar a la Administración, unas 28 personas. El número de socios de las tres cámaras supera los 200.000 ciudadanos.

Ante el silencio de la Administración, la Junta alavesa va a dar publicidad a la convocatoria de elecciones tras decidir si hace público de nuevo el censo de propietarios. El pasado año, ya lo hizo hasta que Vivienda paralizó el proceso. El decreto de 1987 que regula las elecciones a las Juntas de Gobierno establece que en un plazo de siete días a partir de la aprobación del censo, la Junta relizará la convocatoria y la remitirá a Vivienda para su publicación en el Boletín Oficial.

La situación de la Cámara alavesa resulta especial, ya que se quedó sin personal cuando el 1 de noviembre pasado la mayoría de sus empleados comenzaron a trabajar en la Administración. El Ejecutivo tuvo que darles entrada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior vasco que obligaba a Hacienda y a Función Pública a cumplir un real decreto de 1994. El Gobierno autónomo estuvo a punto de incurrir en desacato, ya que la primera sentencia fue dictada en 2002. En julio de 2004, en un escrito muy duro de ejecución de sentencia, el Superior le dio tres meses para cumplir la ley.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la cámara alavesa, Isabel Martí Rodriguez, advierte al Ejecutivo de que, ante su silencio, "la Junta adoptará las medidas que considere necesarias".