Algunas reformas clave para la economía española

La economía española ha resistido bien la última desaceleración económica internacional, con tasas de crecimiento del PIB por encima del 2%, superiores a la media de los países de la UE. Pero para poder mantener estos buenos resultados en el futuro y hacer frente a los desequilibrios que se han ido acumulando es necesario llevar a cabo una serie de reformas que aborden ciertos problemas estructurales. Algunos de los retos a los que se enfrenta la economía española, que se tratan en detalle en el último informe de la economía española de la OCDE, son los siguientes:

- Mantener la competitividad. El diferencial de inflación con los países de la zona euro lleva muchos años en torno al 1%, lo que ha hecho perder paulatinamente las ganancias de competitividad obtenidas tras la devaluación de principios de los años noventa. Un crecimiento económico mayor sólo puede justificar este diferencial de inflación si va acompañado de mayores ganancias de productividad que empuja los salarios y los precios al alza, incluyendo los sectores no comercializables.

Las deducciones fiscales en vivienda pueden estar favoreciendo la elevación del precio final

Hay que evitar que las cláusulas de actualización salarial propaguen la inflación

Pero esto ha sido exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en España. No hay que olvidar que el mecanismo de ajuste clásico ante el deterioro de la balanza de pagos en décadas pasadas (la devaluación) ya no es posible dentro de la zona euro, con lo que si el diferencial de inflación se mantiene, los futuros ajustes se producirán a través de pérdidas de crecimiento y empleo, mecanismos más dolorosos y lentos que la devaluación.

Con la política monetaria en manos del Banco Central Europeo, y dado que la política fiscal tiene una capacidad limitada para controlar los excesos de demanda, los esfuerzos deberían concentrarse en reducir las inercias en la formación de precios y salarios. En este sentido, no sólo es necesario reforzar las condiciones de competencia en algunos sectores y elevar el perfil y la independencia de las autoridades de defensa de la competencia, sino también evitar que las cláusulas de actualización salarial propaguen la inflación, reduciendo su aplicación, y en todo caso, ligándolas a la inflación subyacente en vez de a la inflación total.

Aunque los salarios reales se han comportado de forma moderada en los últimos años, contribuyendo a la extraordinaria creación de empleo, los salarios nominales, que en definitiva son los que determinan la competitividad, han crecido más que en otros países. Mantener las mismas ganancias de salarios reales con menores tasas de crecimiento de precios y salarios nominales debería ser uno de los objetivos de los agentes sociales y el Gobierno en el futuro.

- Enfriar el mercado de la vivienda. Frenar los precios de la vivienda es necesario para mantener la estabilidad macroeconómica y facilitar el acceso a la vivienda a precios razonables. Una de las reformas pendientes es la del mercado del suelo, para permitir una salida más rápida de nuevos terrenos al mercado. Por otra parte, la oferta de viviendas ha aumentado de manera impresionante en los últimos años, y si los precios se han más que doblado en términos reales es porque la demanda de viviendas ha crecido aún más que la oferta. Este crecimiento se debe a muchos factores, algunos de ellos estructurales y que se mantendrán en el largo plazo. Otros están ligados a motivos de inversión, y pueden ser más o menos coyunturales.

El único factor de demanda directamente controlable por las autoridades son las ayudas fiscales para la compra de vivienda, que podían tener sentido cuando se introdujeron (en épocas en que los tipos de interés reales eran muy altos), pero que hoy contribuyen a que los tipos de interés reales efectivos de las hipotecas sean negativos y desvían la demanda desde el mercado del alquiler, que es el más estrecho de la OCDE, al mercado de compra. Además, pueden estar favoreciendo la elevación del precio final de las viviendas. En este contexto, la eliminación paulatina de estas ayudas, junto a otras medidas como la reforma de la legislación de desahucios por impago o al reorientación de la política social de vivienda hacia el alquiler, parecen tener sentido.

- Mejorar las ganancias de productividad. La productividad es la variable clave que determina la renta per cápita de un país a largo plazo. En contra de lo que se afirma a menudo, el crecimiento de la productividad no es incompatible con una fuerte creación de empleo. Son varios los elementos que pueden potenciar la productividad, como la mejora del sistema educativo y un marco más adecuado para la investigación y el desarrollo en el sector privado, que son analizados en el informe de la OCDE.

Otro factor clave que explica los pobres resultados de productividad en España es la estructura dual del mercado de trabajo. La tasa de temporalidad, mucho más alta que la de todos los países de la OCDE (excepto México) desincentiva la formación y fomenta una creación de empleo sesgada hacia sectores de baja productividad. Para reducirla será necesario no solamente aplicar más estrictamente la legislación que limita el encadenamiento de contratos, sino sobre todo reducir las indemnizaciones por despido por causas económicas de los trabajadores permanentes, que siguen siendo de los más elevados en la OCDE y penalizan el empleo fijo.

En cierto modo, unos costes de despido tan altos son el residuo de un periodo en el que la falta de libertades sindicales se compensaba con una alta protección del empleo, pero han sido responsables de que la creación de empleo en España haya sido baja hasta la generalización del uso de los contratos temporales.

- Asegurar el futuro de las pensiones públicas y mantener la disciplina presupuestaria. Las pensiones medias en España son menores que las de muchos países de la UE, debido en parte a bajas tasas de empleo femenino en las décadas pasadas, que han permitido acumular menos derechos de pensión. Sin embargo, y paradójicamente, las reglas que determinan la pensión son muy generosas, en el sentido de que hacen que lo que el trabajador medio contribuye sea bastante menos del valor presente de lo que recibirá en forma de pensión, lo que crea un déficit estructural en el sistema público.

A esto se añade el problema del envejecimiento de la población, que afectará a España más tarde pero de manera más acusada que en otros países, y que hará crecer el déficit anual del sistema de pensiones en nada menos que ocho puntos porcentuales del PIB en 2050. Estas estimaciones son bastante robustas a posibles cambios en las hipótesis sobre la tasa de natalidad, el crecimiento de la productividad o la llegada de inmigrantes (que en cualquier caso recibirán también una pensión).

Una reforma de los parámetros que determinan las pensiones parece, por tanto, inevitable, y es mejor definirla ahora que no dentro de 10 o 15 años, que es cuando el impacto demográfico entrará en juego, pero es también cuando las generaciones afectadas estarán próximas a la edad de jubilación y tendrán menos tiempo de adaptarse. Para mitigar la magnitud de la reforma sería también bueno empezar a acumular íntegramente los superávit de la Seguridad Social y continuar reduciendo la deuda pública. Mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico por parte del Estado y de las comunidades autónomas es crucial, y se debe tener en cuenta de cara a las próximas negociaciones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Claude Giorno y Miguel Jiménez son economistas de la Oficina de España en la OCDE.