La Generalitat prevé que la mitad de los afectados del Carmel vuelvan a casa este mes

A finales de este mes, la mitad de los vecinos del Carmel desalojados por el socavón de las obras del metro estarán de nuevo en sus domicilios. Ésta es, al menos, la previsión del Gobierno catalán, que espera firmar el acuerdo para el retorno de los vecinos esta misma semana y dar comienzo así a los realojamientos. Si finalmente se rubrica el trato, todos los desalojados por el accidente recibirán 10.000 euros por persona, una cantidad que ayer aprobó oficialmente el Gobierno catalán y que según el primer consejero, Josep Bargalló, es la "última oferta" para los vecinos.

Según el Ejecutivo, 580 de los aproximadamente 1.280 afectados podrán regresar antes del 1 de mayo. Son los vecinos de la denominada zona verde, cuyas viviendas no han sufrido sufrido daños estructurales y que cobrarán 10.000 euros por persona.

Bargalló califica de "última oferta" las indemnizaciones de 10.000 euros por persona y anuncia el fin del pago de dietas

El Ejecutivo se compromete a restaurar las fachadas de la zona afectada, a instalar ascensores y a llevar la banda ancha

La mayoría de los afectados aceptan las compensaciones y la asociación de vecinos exige aparcamientos

El resto de los vecinos, que todavía no podrán volver, se dividen entre los 93 que han perdido sus casas y los 580 residentes de los 13 edificios que han sufrido daños estructurales. Los damnificados de este último grupo, los residentes en la zona amarilla, también cobrarán la indemnización de 10.000 euros y otros 500 euros por persona y mes en concepto de dietas por cada mes que pasen fuera de casa. La Generalitat seguirá pagando el alquiler de los pisos provisionales que ya ocupan u ocuparán.

Ascensores y ADSL

La estrategia del Gobierno catalán para que los vecinos firmen el acuerdo y regresen a sus domicilios pasa por dejar de pagar las dietas a los desalojados el próximo 1 de mayo. Aunque fuentes de Presidencia aseguraron ayer que "habrá excepciones" en este punto, la delegada del Gobierno en Barcelona, Carme Sanmiguel, aseguró que la fecha límite del 1 de mayo responde a la voluntad del Ejecutivo de acelerar el retorno de los vecinos. Sanmiguel no descartó, sin embargo, prolongar el pago de las dietas "si se ve que algún retorno no es posible en este tiempo".

Todos los vecinos afectados por los desalojos recibirán en breve una carta del Gobierno catalán en la que se les informará de la indemnización a que tienen derecho y de los planes del Gobierno para el Carmel. En este sentido, el Gobierno catalán aprobó ayer un nuevo paquete de medidas de mejora para el barrio, a la espera de dar luz verde al anunciado plan de reforma integral del Carmel. Entre las medidas aprobadas ayer se incluye el compromiso de la Generalitat de renovar, sin coste alguno para los vecinos, las fachadas de los edificios de la zona afectada. El Gobierno también instalará ascensores "en los edificios donde sea posible", aseguró el primer consejero. Pero todavía hay más: según la carta que recibirán los vecinos, el Gobierno renovará las redes de servicios de la zona y garantizará "el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha", una medida solicitada por los vecinos.

De forma paralela, la propuesta incluye una garantía de la estabilidad de los edificios y el compromiso del Gobierno de asumir los desperfectos interiores y exteriores provocados por las obras del metro durante 15 años.Además se realizarán tres inspecciones, a los seis meses, a los dos años y los cinco años de la emisión del certificado de estabilidad del edificio. Para paliar una hipotética pérdida del valor de las viviendas, la Generalitat también se compromete a comprar los pisos por el valor anterior al accidente más el IPC hasta seis años después de la entrada en servicio de la línea 5 del metro en el Carmel en caso de que el propietario lo ponga a la venta y no encuentre comprador.

Sin embargo, las medidas del Gobierno no acabaron de satisfacer a los representantes de la Asociación de Vecinos del Carmel, que se reunieron de nuevo con la mesa negociadora de la Generalitat. No aceptaron ni rechazaron los 10.000 euros de indemnización para cada afectado en concepto de daños morales, pero sí insistieron en su reivindicación de que las administraciones construyan aparcamientos en el barrio, una demanda que expresaron el mismo día que exigieron la rehabilitación de fachadas, la construcción de ascensores y el acceso a las nuevas tecnologías. "Una plaza por vecino", subrayó ayer el presidente de la asociación de vecinos, Fernando González.

Pese a la insistencia con que los representantes de la Generalitat afirmaron ayer que las medidas anunciadas son la última oferta, los de la asociación de vecinos -que aseguran que representan a 140 familias afectadas- tienen intención de remitir hoy a la mesa negociadora una propuesta que las amplía. "No son conceptos económicos, sino mejoras para el barrio", repitió por enésima vez González. Además explicó que el sí o el no definitivo de la asociación se decidirá el próximo viernes en una asamblea. La delegada del Gobierno en Barcelona, Carme Sanmiguel, adelantó que la Generalitat, junto con el Ayuntamiento, "estudiará" las necesidades de aparcamiento en el barrio.

Aparte de la ambigua respuesta de la asociación de vecinos a las ofertas del Gobierno, los abogados que representan a más de la mitad de los afectados hicieron público ayer que la mayoría de sus representados están de acuerdo con las propuestas de rehabilitación e indemnizaciones. Se trata de los 370 afectados que representa el abogado Juan Antequera y la inmensa mayoría de los 240 que han contratado a la letrada Mari Carmen Pérez-Pozo. Por último, el abogado Joan Carles Fabregat, que presta sus servicios a los casi 200 vecinos del edificio situado en la esquina que del pasaje de Calafell y la calle de Sigüenza -en plena zona amarilla-, explicó que sus clientes están de acuerdo con las indemnizaciones, aunque quieren aclarar qué ayudas percibirán hasta que regresen a casa.

Derribos a buen ritmo

Mientras, la demolición de los edificios más cercanos al hundimiento se desarrolla sin imprevistos y los técnicos prevén cumplir los plazos y finalizar los trabajos a finales de la próxima semana. Lo explicó ayer a pie de obra el arquitecto que dirige la complicada operación, Carles Buixadé.

Derribados ya los pisos superiores de los números 6 y 8 del pasaje de Calafell y 6 de la calle de la Conca de Tremp, ayer la grúa articulada trabajaba en la demolición de los primeros pisos apostada sobre los escombros. La actividad en la zona cero se desarrollaba con tranquilidad, con apenas media docena de operarios, entre los trabajadores de la grúa y los que supervisaban y remojaban los escombros para que levantasen el mínimo polvo posible. El procedimiento que se sigue, señaló Buixadé, consiste en demoler manualmente la parte de los edificios contigua a las viviendas que se salvarán y, cuando ya no existe contacto entre los dos edificios, derribar con la grúa.