Corrupción institucional

Don Andrés Márquez Aranda, magistrado jubilado que perteneció a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, contesta en estas páginas a Javier Pérez Royo su artículo Corrupción institucional, en el que analiza la responsabilidad de todos los poderes públicos en el desaguisado urbanístico de Marbella y le pide al profesor Pérez Royo que en lugar de vilipendiarle públicamente -cosa que yo no he advertido en el artículo de marras- le denuncie ante la Fiscalía por prevaricación. ¡¡¡Santo Cielo¡¡¡

Aunque el señor Márquez termina diciendo que no espera respuestas ni las necesita, cosa harto discutible con lo necesitado que está todo ser humano de respuestas, me voy a permitir contestarle desde mi lega posición de lector de periódicos.

¿En qué se basaba la estrategia de Gil y sus acólitos para dar licencias de obras en zonas verdes y no edificables? Hasta los niños de teta lo saben: una vez concedida la licencia de obras y por mucho que lo recurriera la Junta de Andalucía, que lo hacía, era tal el atasco de asuntos en el Tribunal que cuando se dictara sentencia las obras se habían acabado, los pisos vendidos y el comprador de buena fe viviendo en su casa.

Es cierto que los Tribunales de lo Contencioso soportan una carga de trabajo insoportable, pero también lo es que disponen de un mecanismo procesal que impide la formación de la bola, y es la suspensión del acto impugnado, que no es otra cosa que el Tribunal acuerda suspender la licencia de obras cuando existen indicios más que razonables (e incluso obvios) hasta tanto no se resuelva sobre el fondo del asunto por sentencia.

Estas cautelas (se llaman medidas cautelares por la ley) las está adoptando la Sala de lo Contencioso últimamente con lo que se da cumplida respuesta a la estrategia de hechos consumados. Esto es lo que piden los ciudadanos de los poderes públicos. Estrategia que estaba creando escuela en todos los Ayuntamientos presididos por cantama-ñanas desaprensivos, algunos de ellos no muy lejanos del lugar de Autos.

Así que no se extrañe el señor Márquez de que muchos lectores de periódicos no hayamos entendido muy bien a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ni tampoco se extrañe igualmente de que sólo un 25% de españoles considere aceptable el servicio público de Justicia, por muy doctas y fundamentadas que sean unas sentencias que sirven de poco.