El director del CNI replica al PP que la ley le impide hablar de Huarte

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, recordó ayer que cometería un delito si revelase fuentes del servicio secreto. Saiz contestó así a la decisión del PP de reconducir a la Comisión de Fondos Reservados del Congreso su petición de que el actual responsable del CNI y su antecesor comparezcan para aclarar si el militante socialista Fernando Huarte, que visitó en prisión al islamista Abdelkrim Bensmail, era colaborador del centro.

Después de que la comisión de investigación del 11-M rechazara las comparecencias de los dos últimos directores del CNI, Alberto Saiz y Jorge Dezcallar, el Grupo Popular pidió que acudieran a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Pero tal comisión no existe formalmente, sino que es la denominación coloquial de la comisión que controla los fondos reservados, y así lo matizó ayer en un nuevo escrito.

En todo caso, el director del CNI explicó ayer que en la Comisión del 11-M, ni en la de fondos reservados, ni en ninguna otra podría contestar a la pregunta que formula insistentemente el PP: si Fernando Huarte era colaborador del servicio secreto. Saiz recordó que el artículo 5 de la ley reguladora del CNI, aprobada en mayo de 2002, bajo Gobierno del PP, clasifica como secretos tanto el personal como las fuentes de información del centro, por lo que incurriría en delito si confirmase o desmintiera la identidad de un colaborador.

Saiz consideró exagerada la atención en torno a las visitas de Huarte al preso islamista e indicó que lo importante es que, gracias al trabajo de la policía y los servicios de inteligencia, se pudieron evitar una serie de atentados "de magnitudes desconocidas" que planeaba el comando que perpetró la matanza del 11-M y se inmoló en el piso de Leganés.

Saiz hizo estas declaraciones tras presentar en el Congreso el cuaderno sobre servicios de inteligencia elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el CNI. En su intervención, desveló que la Comisión de Asuntos de Inteligencia del Gobierno aprobó en enero pasado la directiva de Inteligencia que fija los objetivos del CNI para 2005.