El Gobierno no logra liquidar las cámaras urbanas antes del 17-A

El Gobierno no va a poder cumplir el compromiso que contrajo con el Parlamento vasco de liquidar las tres cámaras urbanas de la propiedad antes de las elecciones. El último Consejo de Gobierno se celebra mañana y al decreto le falta un informe jurídico preceptivo. Sin embargo, fuentes del Gobierno apuntaron ayer que el decreto se puede aprobar incluso con el Ejecutivo en funciones. "La liquidación es inevitable, ya que al acuerdo firme entre Vivienda (EB) y Vicepresidencia (PNV) hay que sumar el de todos los partidos de la oposición", señalaron las mismas fuentes.

El Gobierno vasco ha incumplido los plazos dados al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y al Parlamento. Los departamentos de Vicepresidencia y Vivienda se comprometieron ante el TSJPV a aprobar el decreto de liquidación de las Cámaras antes del final de 2004. En diciembre de ese año los dos departamentos firmaron la orden que lanzaba los trabajos para el nuevo decreto y, en una comisión parlamentaria celebrada el 27 de diciembre, se comprometieron ante los partidos de la oposición a aprobarlo antes de las elecciones del 17 de abril.

Ambos compromisos no podrán cumplirse, ya que el decreto está a falta del informe preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno. Mientras se completa este trámite, el Ejecutivo se prepara para responder al posible recurso al decreto por parte de las cámaras de Guipúzcoa y Vizcaya. No obstante, fuentes del Gobierno creen que las cámaras no conceden demasiadas posibilidades a la impugnación que puedan hacer las cámaras, porque es el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que estableció la vigencia del Real Decreto de 1994, que obliga a liquidar esos organismos como corporaciones de derecho público.

Los gastos cuantiosos que han realizado las Cámaras de Vizcaya y de Guipúzcoa para preparar la defensa jurídica del recurso al decreto han provocado malestar en el seno del Gobierno, que tiene la tutela sobre estas entidades y es quien aprueba sus presupuestos de gastos e ingresos.

El nuevo decreto establece el cese de las funciones que desempeñan actualmente las tres cámaras de la propiedad urbana del País Vasco. A partir de ese momento será el Departamento de Vivienda el que asuma los servicios que desempeñan esos organismos, tales como la información en materia de derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles, y el visado oficial y registro de contratos de arrendamiento. El servicio se prestará independientemente de que quien lo solicite sea propietario o inquilino.

Absorción del personal

Además, Vivienda y Asuntos Sociales asumirá las funciones de mediación y conciliación en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes lo soliciten. Finalmente, la Administración se encargará también el registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Una disposición transitoria del decreto establece que, mientras no se produzca la incorporación efectiva a la Función Pública del personal de las cámaras, éste seguirá prestando sus servicios en ellas, pero dependiendo del Ejecutivo.

El Gobierno se está fijando en la Cámara de la Propiedad de Álava para proporcionar al público el mejor servicio, ya que gracias a unas cuotas hasta un 300% más baratas y unas tarifas muy ventajosas para sus asociados, ha mantenido un nivel de actividad muy elevado y de máxima calidad con respecto a las entidades de las otras dos provincias.

La vinculación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa con el sector privado -su presidente es también presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria- le llevó a asimilar buena parte de sus tarifas a las del sector privado. La auditoría de las tres cámaras encargada por el propio Ejecutivo, y que le fue entregada en diciembre de 2003, concluye que los ingresos por cobro de servicios de las de Vizcaya y de Guipúzcoa eran bajos, evidenciando "un escaso nivel de actividad".

Fuentes del Gobierno resaltaron ayer que la liquidación de las cámaras es una "decisión consolidada no sólo internamente en el Gabinete de Ibarretxe, sino también entre todas las fuerzas de la oposición del Parlamento de Vitoria". En este sentido, subrayaron que, si la decisión no fuera firme e inevitable, "aunque pueda demorarse algunas semanas más", no tendría sentido mantener la tensión con las cámaras.