Viejos procedimientos

Los procedimientos políticos mexicanos, en este caso la campaña a las elecciones presidenciales del año próximo, parecen regresar por donde solían después de que el Congreso federal haya desaforado por gran mayoría al alcalde de la capital, acusado de desobedecer un requerimiento judicial para detener la construcción de un acceso por carretera a un hospital privado. Como por ley un funcionario que hace frente a un proceso penal no puede optar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, que encabeza cómodamente los sondeos para la máxima magistratura mexicana, quedaría fuera de la carrera. La Asamblea legislativa de la megalópolis, en manos del partido del alcalde, Revolución Democrática, ha hecho piña con el regidor destituido.

Con toda probabilidad, López Obrador ha infringido la ley. El populista alcalde izquierdista de México perteneció al fosilizado y dictatorial Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante 70 años. Uno de sus logros es haber trasladado al gobierno del Distrito Federal un calco de la maquinaria del PRI, y de hecho algunos de sus más estrechos colaboradores afrontan serias acusaciones de corrupción.

La credibilidad y transparencia de las instituciones políticas mexicanas son escasas, atendiendo tanto a su fragilidad como a la facilidad para alterar su funcionamiento por medios inconfesables. La lectura que la mayoría de los ciudadanos hace de la saga López Obrador coincide en considerarle

víctima de una maniobra de los dos grandes partidos para librarse de un peligroso rival. En el Parlamento, tanto el PRI como el centroderechista PAN, la formación del presidente Vicente Fox y su alternativa histórica, han votado prácticamente en bloque por quitar la inmunidad parlamentaria y el empleo al regidor capitalino. Mientras Fox pretende presentar el caso como una muestra de su "nuevo paradigma de legalidad", de hasta qué punto la ley es inflexible e igual para todos, el PRI defendía hasta hace unos días la conveniencia de no hacer del alcalde un mártir político, algo finalmente conseguido.

México tiene montañas de problemas irresueltos de muchísima mayor envergadura que las supuestas prevaricaciones urbanísticas del alcalde de la capital, desafíos de gran alcance social contra los que, por desgracia, no se utiliza toda la artillería parlamentaria desplegada en este caso. Parecería conveniente no privar a los escépticos ciudadanos de pronunciarse en las urnas sobre la catadura moral y política del aspirante presidencial desaforado.