70 jóvenes sin plaza y vigilantes sin formación

Uno de los problemas detectados por el Defensor del Pueblo en los cuatro reformatorios dependientes de la Comunidad de Madrid apunta directamente a las empresas de seguridad, que, según el informe, "contratan a un personal sin ninguna formación específica". Además, cada uno de estos vigilantes tiene que hacerse cargo de más de 20 menores, con el consiguiente problema en caso de riñas o peleas dentro del centro.

Otro punto que falla en la reinserción de los menores problemáticos es la asistencia jurídica, "que no se presta con las garantías y requisitos que serían deseables", señala el informe. Los profesionales y los menores entrevistados por el Defensor del Pueblo indican que lo habitual es conocer al abogado que les defiende "unos minutos antes de comenzar el juicio". En muchos casos ese momento es el único en el que el menor ve a su letrado. "La mayoría de los menores en los centros de internamiento desconocían, cuando eran preguntados, el nombre de su abogado", subraya el estudio de 2004.

El Defensor del Pueblo ya denunció esta situación en 2003 a raíz de los datos facilitados por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Éstos reflejaban que entre el 1 de septiembre de 2002 y el 31 de agosto de 2003, sobre un total de 437 menores, sólo fue visitado el 27% de ellos. De eso fue informado el Colegio de Abogados, que señaló que la mayoría de las comunicaciones eran telefónicas y que el letrado veía a su cliente sólo dos veces: al ser detenido y en el juicio. El Defensor del Pueblo agradeció la predisposición del Colegio "con el fin de ofrecer a los menores la mejor defensa posible".

La directora de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad, Carmen Balsagón, reconoce que en la actualidad hay unos 70 menores que carecen de plaza (hay otros 180 internos). De ahí que este año se inicie la construcción de nuevos centros. "Ninguno de esos 70 menores supone un riesgo o alarma social", asegura.