La nueva telefonía, ¿territorio sin ley?

El desarrollo de las llamadas por Internet, que forma parte de las 100 prioridades económicas del Gobierno, depende ahora de una sola pregunta: ¿es telefonía? Si la respuesta es sí, como opinan los operadores alternativos a Telefónica, ésta seguiría sometida a sus obligaciones como operadora dominante. Si es no (como dicen Telefónica, el Gobierno y la CMT), será otro negocio, y las compañías operarán sin apenas regulación. Los consumidores se quejan de que perderán derechos, y los competidores de Telefónica, de que ésta tendrá manos libres.

De los nueve requisitos que deben cumplir ahora las operadoras de fijo y móvil , las de IP sólo tendrían que cumplir uno de ellos

Lo que se debate es si ésta es una nueva forma de telefonía. Si no lo es, dicen los críticos, es el principio del fin de la telefonía regulada

La propuesta es aparentemente inocua. El borrador de resolución para la regulación de la telefonía por la red de Internet, que presentó el Ministerio de Industria el pasado 1 de marzo, sólo incluía rangos de numeración. En principio, nada especialmente polémico. Sin embargo, tras la ristra de números se esconde una lucha soterrada para el control de esta nueva pero importantísima tecnología, que, en unos años, acabará sustituyendo a la red telefónica básica. Lo que se debate es, en último término, si ésta es una nueva forma de telefonía, como la fija y móvil -y por tanto, sujeta a su misma regulación, sus obligaciones y sus derechos- o, si no lo es y, por tanto, estamos ante el comienzo del fin de la telefonía regulada.

Todo comenzó hace exactamente un año. La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) lanzó una consulta pública en la que preguntaba a operadoras y asociaciones del sector su opinión sobre si debería regularse la VozIP y, en caso afirmativo, de qué manera hacerlo.

Y es que es un tema muy complejo. La telefonía tradicional, tanto fija como móvil, está regulada como Servicio Telefónico Disponible al Público (STDP). Los operadores tienen determinadas obligaciones (véase cuadro), como ofrecer acceso a los números de emergencia 112 y de información 118, o garantizar la interconexión con otros servicios y la portabilidad del número.

Pero la red de Internet tiene características especiales, que la distinguen de la telefonía tradicional. Para empezar, la voz puede viajar acompañada de datos. Además, los servicios son globales, lo que significa que los operadores que ofrecen las llamadas pueden estar en cualquier lugar del mundo. Skype, por ejemplo, es el servicio IP más popular del mundo, con más de 96 millones de descargas de un software que permite hablar con cualquier lugar del mundo desde el ordenador. Su sede está en Londres. La telefonía IP, además, podría comercializarse como servicio adicional, para segundas líneas, aunque lo más importante es que es nómada: como el número no está vinculado a la línea fija, un usuario podría llevárselo en su ordenador, y llamar desde el aeropuerto, el tren o la casa de la playa.

Por todas estas características, la CMT concluyó que la VozIP es un servicio diferenciado de la telefonía tradicional. Posteriormente, el Gobierno, en su propuesta de regulación, aseguró lo mismo, denominando a la VozIP "servicios vocales nómadas con capacidad multimedia".

Temor de la competencia

Esta postura ha enfadado a los competidores de Telefónica y a las asociaciones de usuarios, aunque por motivos distintos. Los competidores temen que Telefónica se libre, a partir de ahora, de las obligaciones que tiene contraídas como operador dominante del mercado, y del abrazo regulatorio de la CMT, para empezar a operar en absoluta libertad. Los temores, en concreto, son dos. El primero es que tire los precios: en un programa piloto para empleados ofrece llamadas metropolitanas, provinciales y nacionales a teléfonos fijos por 6 euros al mes. El segundo, que meta por la Red contenidos, además, de voz, lo que preocupa especialmente a los operadores de cable.

Telefónica, por su parte, defiende que la VozIP debe ser regulada como Servicio de Comunicaciones Electrónicas (SCE), cuya única obligación -como puede observarse en el cuadro- es garantizar la interconexión. Es decir, de los 9 requisitos que debe cumplir ahora como operadora de fijo y móvil (STDP), sólo se mantendría uno. En la consulta de la CMT, dice: "Si es un servicio adicional, los requisitos deberían ser más laxos".

Lionel Fernández, director general de Astel (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones) explica: "La telefonía IP ofrece, por ahora, servicios telefónicos. Y si es igual que la telefonía, se tiene que regular de la misma manera". Para Martín Pérez, presidente de la comisión de Internet de Asimelec (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), "en España sigue habiendo un operador dominante. Si esta nueva tecnología no se regula, aunque sea mínimamente, parte de los servicios de telefonía fija pasarán a ser IP y, finalmente, todas las obligaciones contraídas desaparecerán".

Es lo que temen los usuarios. Víctor Domingo, presidente de la AI, exige una regulación "que garantice la interconexión, las llamadas a números de emergencia, la competencia, en fin, la calidad".

Además de los temores sobre la guerra de precios o una pérdida de calidad, hay un último punto de discordia: la numeración. El Gobierno ha asignado a la VozIP el prefijo 51, y todos los actores implicados están de acuerdo en que es una buena idea porque así los usuarios sabrán diferenciar las tarifas y servicios de la telefonía por Internet de la fija y la móvil. El problema es que el Gobierno ha aprobado también otro rango de números geográficos, que los operadores alternativos critican duramente, ya que creen que confundirá a los usuarios, que no sabrán, por ejemplo, que desde el 948894003 de Guadalajara no se puede llamar a los 118. Lo que temen, en el fondo, es que Telefónica utilice estos números geográficos para migrar sus clientes a la red IP, más barata, de menos costes y con capacidad multimedia.

Las tres asociaciones mencionadas (Astel, Asimelec y AI), además del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), han explicado ya al ministerio que quieren que se revise la formulación actual de la regulación. Telefónica, por su parte, explica: "Estamos a la espera de la resolución sobre numeraciones a utilizar para Servicios de Comunicaciones Electrónicas, donde está ubicado el servicio VozIP, para continuar con nuestra oferta de un servicio de comunicaciones de voz y multimedia sobre el protocolo IP".

El Gobierno presentó su propuesta al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones (CATSI), y es allí donde se debatirá su futuro entre estas dos posturas (telefonía vs. no telefonía).

Pero una nueva noticia ha calentado aún más los ánimos. El pasado 31 de marzo, la CMT decidió autorizar a Telefónica a utilizar números que ya tenía asignados previamente para ofrecer estos servicios (ver EL PAÍS del jueves). Esto significa que podría usar, por ejemplo, el 914529003, para ofrecer a un usuario una oferta IP. Sus competidores ya anuncian recurso a la resolución, y advierten: la pelea no ha hecho más que empezar porque el futuro de las telecomunicaciones españolas se debate, en buena parte, entre la ristra de números que formarán la futura telefonía IP.