Las tierras vírgenes

TRAS LA CONFIRMACIÓN por el Constitucional el pasado 31 de marzo de la sentencia del Supremo que anuló cinco días antes la candidatura de Aukera Guztiak (AG) a las elecciones autonómicas del 17 de abril, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK)-cuyas listas fueron aceptadas por las juntas electorales sin ser impugnadas luego por la fiscalía- anunciaba el propósito de asumir el programa de la vetada agrupación y se ofrecía como puerto de refugio a los votos huérfanos del nacionalismo radical. El Constitucional fundamentó la interdicción de AG sobre el hecho probado de su fraudulenta continuidad orgánica-funcional con Batasuna, ilegalizada el 27 de marzo de 2003 por el Supremo a causa de su respaldo legitimador de ETA; queda ahora por determinar si la candidatura del PCTV es una nueva maniobra de encubrimiento del partido disuelto o una oportunidad sobrevenida, ventajistamente aprovechada por el brazo político de la banda terrorista.

El Partido Comunista de las Tierras Vascas se ofrece a defender ante los votantes el programa de Aukera Guztiak, la agrupación electoral prohibida judicialmente por dar continuidad a la ilegalizada Batasuna

El PP se malicia que el Gobierno, o bien hizo en su día la vista gorda ante la candidatura del PCTV, o bien aduce ahora bizantinos pretextos jurídicos para remolonear su impugnación judicial. Esas graves sospechas, que deterioran todavía más las relaciones entre populares y socialistas, están débilmente argumentadas. La supuesta actitud cómplice o negligente del Gobierno con las listas del PCTV queda desmentida por el dato de que los informes de la Policía y de la Guardia Civil de 24 de marzo -fecha límite para la interposición de los recursos electorales ante el Supremo- no aportaban indicios suficientes sobre la hipotética presencia de ETA y Batasuna en el proceso de su elaboración.

Nacido de una escisión del nacionalismo vasco radical, el PCTV fue inscrito en el registro del Ministerio del Interior en septiembre de 2002; el Gobierno de Aznar nunca pidió la disolución de ese partido, aunque sí exigió -y consiguió en marzo de 2003- la ilegalización de las diferentes marcas (Batasuna, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna) registradas en ese momento por el brazo electoral de ETA para su inventario de disfraces. Sin excluir la posibilidad de que el nacionalismo radical lograse engañar a la Policía, a la Guardia Civil, a dos fiscales generales del Estado y a los Gobiernos de Aznar y de Zapatero respecto a la virginidad del PCTV, también cabe explicar el episodio como una convergencia entre dos oportunismos: desde el lado de la oferta (unos disidentes de Batasuna dispuestos a reconciliarse con la ortodoxia terrorista a cambio de unos votos que les permitieran acceder al Parlamento vasco) y desde el lado de la demanda (el mundo de ETA aceptaría perdonar a los hijos pródigos para poder intervenir en las elecciones).

Tampoco resulta razonable la conjetura de que el Gobierno se ha resistido por maquiavelismo político a interponer una demanda de ilegalización del PCTV que habría producido como seguro resultado-según el PP- su ilegalización antes del 17 de abril. La jurisprudencia del Supremo y del Constitucional acerca de la disolución de partidos o la anulación de candidaturas electorales, de un lado, y el ajuste de los trámites procesales con el calendario electoral, de otro, recortaban considerablemente el margen de maniobra de ambos tribunales para dictar un fallo condenatorio y para impedir la concurrencia del PCTV a las urnas el domingo.

Las agrupaciones municipales de electores en 2003, la plataforma europea Herritarren Zerrenda en 2004 y la candidatura de AG en 2005 fueron anuladas como meras tapaderas de Batasuna -previamente disuelta por el Supremo- a través de los recursos contencioso-electorales previstos por la disposición adicional segunda de la Ley de Partidos de 27 de junio de 2002. En cambio, una eventual impugnación contra el PCTV pondría en marcha un proceso de ilegalización autónomo, a menos de que fuera posible -como algunos defienden- un incidente de ejecución de la sentencia dictada contra Batasuna. Por lo demás, la última resolución del Constitucional sobre AG aclara que la negativa de un partido a condenar expresamente el terrorismo -como el PCTV con ETA- no basta en sí misma como indicio aislado para lograr su ilegalización judicial.