El Gobierno afirma que Cataluña no tendrá una financiación diferenciada

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dejó claro ayer que todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, seguirán formando parte de un sistema único y general de financiación a excepción del País Vasco y Navarra, que mantendrán su singular régimen fiscal "tal y como establece para ellas la Constitución". Mientras tanto, los tres partidos que apoyan al Gobierno catalán aseguraron que el Parlamento autónomo aprobará antes del 30 de junio el nuevo Estatuto.

Fernández de la Vega se refirió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al debate abierto el pasado miércoles cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmó que no es posible, 25 años después de aprobarse la Constitución, seguir manteniendo un modelo de financiación que, en su opinión, fomenta la insolidaridad de los territorios forales con el resto.

La portavoz del Gobierno recalcó que al Ejecutivo "no le preocupa ningún debate" en este sentido y pidió que el intercambio de ideas se produzca "por encima de todo, sustituyendo la descalificación por la argumentación".

Maragall no pide un sistema de financiación diferenciado para Cataluña sino una redefinición del sistema general que permita reducir las diferencias entre comunidades autónomas aunque sin eliminarlas completamente.

Estas palabras siguieron generando ayer serias críticas por parte de la Junta de Andalucía. El consejero de la Presidencia de esta comunidad, Gaspar Zarrías, reiteró que su Gobierno no permitirá que se establezca un nuevo sistema de financiación si no es fruto del acuerdo de todas las comunidades autónomas. Zarrías comparó el sistema de financiación con un "puzzle" en el que todas las comunidades autónomas están poniendo piezas, aunque algunas piezas afectan a todos y por lo tanto "nadie las puede colocar unilateralmente".

Mientras tanto, en Cataluña, los tres partidos que apoyan al Gobierno (PSC, ERC e ICV) siguen negociando una propuesta común para cambiar el sistema de financiación y definir las líneas generales que sobre este tema deben constar en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Pacto cercano en Cataluña

Ayer, los tres partidos se mostraron confiados en que el próximo 30 de junio el nuevo Estatuto estará ya aprobado por el Parlamento de Cataluña y que "los elementos discrepantes" que todavía subsisten en el ámbito de la financiación no serán un obstáculo para alcanzar un acuerdo positivo.

Los tres partidos, que se reunieron para valorar la marcha del Gobierno de coalición, lanzaron un mensaje muy claro a Convergència i Unió (CiU), que en las últimas semanas ha cuestionado abiertamente el liderazgo y la legitimidad de Pasqual Maragall para impulsar la reforma estatutaria. "Si alguien pone palos en las ruedas del nuevo Estatuto, éstos no seremos nosotros", afirmó Joan Ridao, de Esquerra Republicana.

Los republicanos están, precisamente, muy esperanzados con las negociaciones que mantienen con el PSC para lanzar una propuesta de sistema de financiación que sea aceptable para sus bases y, al mismo tiempo tenga posibilidades de prosperar en posteriores negociaciones con el Gobierno central.

Fuentes de Esquerra explicaron que los socialistas están "poniendo el freno" en un punto que sería "aceptable" para la formación independentista. Desde las filas del PSC, lejos de contradecir a sus socios de Gobierno, se apuesta por mantener la discreción más absoluta en aras a lograr una propuesta de financiación consensuada que les permita negociar con más fuerza ante el Gobierno central.

En opinión del líder del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, el tripartito está abonando el terreno para culpar a CiU de un eventual fracaso de la reforma estatutaria. Ante este escenario, Piqué propuso que al finalizar la primera lectura de la reforma del Estatuto todos los partidos se den un "periodo de reflexión" de algunas semanas. También apostó por celebrar reuniones bilaterales entre los diferentes líderes para desbloquear los asuntos más conflictivos.