El calendario, primer obstáculo para el pacto

Las discrepancias manifestadas por los grupos parlamentarios en torno al contenido y alcance de la reforma del Estatut d'Autonomia son numerosas. La primera de ellas es el calendario. Los populares, que desde el principio han mostrado ciertas prisas, pretenden tener aprobado un texto en la significativa fecha del 25 d'Abril. Pero esas prisas no se deben tanto al deseo de tener cuanto antes el nuevo Estatut, como al de ser los primeros en aprobar una reforma estatutaria, para establecer así un techo para otros estatutos en proceso de revisión.

El PP busca así, por un lado, que la reforma valenciana sirva de listón para las aspiraciones de otras comunidades autónomas y, por otro, que los grupos de la oposición no puedan copiar lo que se pueda aprobar en otros territorios, con Cataluña en el punto de mira. Frente a esta posición, tanto los socialistas como Esquerra Unida son partidarios de tomarse el asunto con calma, aunque ello suponga retrasar la aprobación de la reforma hasta después del verano. El límite estaría en el final del año, puesto que cualquier prolongación más allá de esas fechas complicaría las cosas, por la excesiva cercanía de las elecciones autonómicas de la primavera de 2007.

Pero, además del calendario, hay importantes discrepancias de contenido, como la referente a la propuesta de ratificar por referéndum futuras reformas del Estatut, pero no la actual. Junto a esta diferencia, las de mayor calado, que concentran mayor rechazo por parte del PP, son las referidas a la lengua. Los populares no quieren incorporar al Estatut nada relacionado con la unidad lingüística, ni siquiera el dictamen del Consell Valencià de Cultura (CVC) que dio pie a la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Y eso a pesar de que al final de la polémica del pasado otoño-invierno por el dictamen de la AVL en torno a la denominación del valenciano, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declaró que él se atenía a lo señalado por el CVC. Los populares no quieren mención alguna al reconocimiento del sistema lingüístico único, ni incluir la exigencia del requisito lingüístico.

Además, tampoco ha habido consenso en torno a la creación de una Agencia Tributaria valenciana consorciada con la del Estado. Ni para incluir una referencia al Consejo del Audiovisual, como tampoco a la cuestión de la financiación local.