Tribuna:LA REFORMA DE LA LOUA
Tribuna
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Los vertederos urbanísticos en Andalucía

Todo suelo no protegido es urbanizable (como en Estados Unidos). Con esta lapidaria frase, el gobierno del Partido Popular (PP) inició la reforma de la Ley del Suelo que se realizó en 1998 y, pocos años después, ya con la vivienda encarecida como nunca antes, añadió otra: si aún así, con los precios altos, hay quien la compra, es porque la economía va bien y la gente tiene dinero. Mientras tanto, las Autonomías habían asumido las competencias Urbanísticas. Se suponía que para beneficio de los ciudadanos.

El resultado actual de aquel proceso de reformas lo estamos soportando y lo vemos cuantificado diariamente en todos los periódicos bajo la pertinaz forma de escandalosa especulación inmobiliaria cuya magnitud y consecuencias ha merecido la atención del Defensor del Pueblo Andaluz, de la Policía, de los Tribunales de Justicia, del Parlamento Andaluz, de todos los partidos políticos, de las ONGs, de las Asociaciones de Vecinos y de la Asociación de Empresarios del Aljarafe. Hasta el mismo presidente de la Junta: frente al descontrol (¿?), ha prometido reformar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, 2002) con el fin de "retirar las competencias urbanísticas a los municipios que incumplan las normas en esta materia".

Quizá la competencia que tiene la Junta para suspender el Planeamiento según el artículo 35, después de la experiencia de tres años, debe haber resultado insuficiente aunque, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración urbana de Granada ya esté aprobado, pero no se lo tome en cuenta según el colectivo "Necesitamos la Vega" y la inexistencia del similar de Sevilla, haya impulsado a los Empresario a redactar las Bases de la Estrategia territorial para el desarrollo Económico del Aljarafe.

En realidad, en Sevilla todavía no existe un instrumento de planeamiento superior al local que obligue a los Ayuntamientos a someter la ordenación urbanística en su estricto término municipal (delimitación administrativa) a la del territorio supramunicipal; pero, aunque ya estuviese aprobado como en Granada, no existe una autoridad "metropolitana" que tenga todas las competencias políticas y administrativas para garantizar su ejecución. Es un vacío constitucional que por otra parte reconoce la autonomía de los Ayuntamientos en esta materia. Por eso es que dentro de las reflexiones a las posibles reformas de la Constitución y del Estatuto Autonómico cabría el tema de las áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas.

De todas formas, finalmente los "poderes públicos" a los que hace referencia el artículo 47 de la Constitución, se han hecho eco y han reconocido oficialmente que el problema urbanístico ligado a la especulación inmobiliaria es serio y, si bien los "agentes urbanos" tienen otros nombres, en el fondo es similar al que se vivía en el régimen de Franco. En efecto, varias de las cinco, si no todas las "causas de la situación urbanística", que constan en la exposición de motivos de la reforma de la Ley del Suelo (1975), mantienen plena vigencia porque el sistema económico es el mismo aunque más desarrollado.

Sin embargo, la forma de gobierno ha cambiado radicalmente. Ahora la democracia dispone de recursos e instrumentos gracias a los cuales, en cinco lustros ya se podía haber profundizado y enriquecido la dimensión de lo público en el crecimiento/transformación de las ciudades y en la ordenación del territorio. Si no se lo ha hecho, siempre será oportuno tomar iniciativas para garantizar el protagonismo de la sociedad en la construcción de la ciudad que desde el origen, no es sino la construcción de la civilidad: la práctica de la convivencia enriquecedora, la generación de condiciones para la identidad urbana, el enriquecimiento de la diferenciación cultural, la cohesión social y la búsqueda de las mejores soluciones para satisfacer las necesidades vitales y aumentar la calidad de vida.

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Si actualmente existiera coherencia ideológica en todas las instancias de gobierno, aflorarían las diferentes actitudes frente a la anormalidad económica y ética de la especulación inmobiliaria. Pero no es así. No hay matices. La financiación de los Ayuntamientos depende de las recalificaciones de suelo que ahora no se justifican por las necesidades de sus vecinos sino por los ofrecimientos de las Inmobiliarias: subvenciones privadas para la revisión de los PGOU (anticipos como parte de los convenios urbanísticos con los propietarios de suelo rústico interesados en hacerlo urbanizable, como presuntamente ha sucedido en Valencina), modernización, incorporación a las nuevas tecnologías, a las formas globalizadas de consumo y sobre todo, promesas de generación de puestos de trabajo. Ofrecimientos en parte verdaderos (crecimiento de la construcción) y en su mayor parte, una falacia: los puestos de trabajo son precarios y temporales; los servicios urbanos empeoran, el coche se hace imprescindible, la movilidad es más costosa, el déficit de las demandas sociales aumenta, faltan equipamientos, disminuye la cohesión social, la participación social se pulveriza y la irracionalidad urbanística adquiere protagonismo

A los pueblos que después de muchos siglos han llegado a tener un número determinado de habitantes (todos vinculados al lugar gracias a la historia) les resulta imposible satisfacer las necesidades de una población multiplicada por 10 en pocos años y llegada desde otros lugares.

El proceso técnico es muy simple, pero el proceso social es complejo y definitivamente no puede ser tan rápido si la ciudad se entiende como lo que ha sido y es: un sofisticado producto cultural porque la cultura no la hacen los individuos aislados ni las empresas. La ciudad es un producto colectivo en permanente construcción no solamente física sino social, política, institucional. Es el testimonio material de la relación de la sociedad con su entorno; no de la explotación de los recursos por parte de las inmobiliarias, cuyo fin, si es bueno (connotación productiva), consigue un lucro razonable y si es malo (connotación ética) se convierte en prepotente especulación.

Cuando la ciudad deja de ser polis (dimensión política) y civitas (dimensión institucional) para reducirse solamente a la dimensión física de urbs, corre el peligro de convertirse en un enorme vertedero urbanístico o en un antiestético producto inmobiliario usamericano como Celebration en Miami o las CID (urbanizaciones de interés privado) que desde 2002 están brotando en California, pero deben evitarse no solamente en El Aljarafe, sino en toda Andalucía.

Y a propósito, resultan oportunas las preguntas: ¿serán derribadas las 1600 viviendas declaradas ilegales en Marbella? o ¿la ilegalidad se solucionará con sanciones económicas? De hacerse realidad esta segunda alternativa se convertiría en un funesto precedente que se trasladará al comprador y empeorará el problema cuya gravedad al fin se ha reconocido oficialmente

Ante esta situación la sabiduría popular es sentenciosa: más vale prevenir que lamentar.

Jorge Benavides Solís es Profesor Titular de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Tenica Superior de Arquitectura de Sevilla.

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