El Fondo de Garantía pide 100 millones al ex propietario del Banco Valladolid

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha solicitado al juez que Domingo López Alonso, ex propietario del Banco Valladolid (que tuvo que ser intervenido para evitar su declaración de insolvencia), pague 100 millones de euros, que son las costas del proceso. El FGD fue condenado en enero a pagar 1.022 millones y 100 millones de costas, en un proceso que el propio juez ha reconocido podría anularse por indefensión de este organismo.

El culebrón bancario-judicial más sonado por tener la condena dineraria más alta cumple un nuevo capítulo. El FGD ha enviado al juez una serie de alegaciones sobre su reciente escrito en el que reconocía que este organismo (financiado con el ahorro de los clientes bancarios), ha podido sufrir "indefensión" al no haber tenido la posibilidad de oponerse a la indemnización de 1.022 millones de euros que solicitaba López Alonso. El magistrado reconoce la "posible nulidad de las actuaciones", por lo que pidió a las partes que se pronuncien antes de tomar una decisión.

El FGD cree ahora que Domingo López Alonso actuó de mala fe, con carácter temerario, buscando en todo momento perjudicar gravemente a Barclays Bank (dueño actual del Banco de Valladolid, aunque esta entidad no tiene responsabilidad jurídica en este caso) y al propio Fondo. Éste también recuerda que López Alonso todavía adeuda más de 4,2 millones de euros a la entidad bancaria, según una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Por estas razones, el organismo pide que se deniegue la ejecución de la sentencia y que se condene a Domingo López Alonso al pago de las costas, cifradas por el juez en 100 millones de euros.

Además, el juez rechazó los dos recursos de reposición que había presentado el Fondo, por lo que éste presentó otro de apelación. En él insiste en que en febrero pasado ya fue perjudicado porque se vio obligado a poner un millón de euros de aval bancario para evitar la ejecución de la sentencia. A continuación pide que mientras se tramita y resuelve el recurso de apelación, debería mantenerse paralizada la suspensión de la ejecución acordada, en la que pedía los 1.022 millones.

El juez llegó al cálculo de esta cantidad astronómica (que en una primeras sentencia elevó por error hasta 1.022 billones de euros) en concepto de los supuestos perjuicios provocados al patrimonio de Domingo López Alonso por la intervención del Banco de Valladolid en 1978.