Obras que pasan factura

Siete empresas han acaparado casi el 70% de las pequeñas obras que se realizaron entre 2001 y 2004 en el distrito Macarena de Sevilla, el más poblado de la ciudad (180.000 habitantes) y feudo electoral del PSOE. Al frente de estas sociedades está José Pardo, ex militante socialista involucrado en el caso Juan Guerra, uno de los paradigmas de la corrupción. El descubrimiento de esta red ha puesto contra las cuerdas al alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Hasta la fecha, este caso, que empezó con una denuncia por dos facturas falsas de 4.800 euros, se ha cobrado dos dimisiones, pocas para la oposición, que tira por elevación y pide la cabeza del alcalde, quien sostiene que todo lo ocurrido se ha hecho a sus espaldas.

Los socialistas recuerdan al PP los casos de la Zona Franca de Cádiz y del Ayuntamiento de Málaga

Las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Sevilla le están sirviendo al PP para elaborar un discurso que intenta equiparar la situación actual con la que se vivió a principios de los noventa. "Hay corrupción generalizada" en Andalucía. Ésta es la consigna que proclaman los populares allá donde van desde hace diez días y que se ha visto respaldada por el presidente del partido, Mariano Rajoy, quien ha reclamado que intervenga la Fiscalía Anticorrupción ante lo que llamó un "caso evidente de corrupción".

La estrategia es fruto de un debate en la dirección del PP andaluz sobre la oposición que hay que hacer al presidente de la Junta, Manuel Chaves, en una legislatura en la que el socialista disfruta de una cómoda mayoría absoluta y las encuestan le siguen favoreciendo ampliamente. La primera pista de esta línea de oposición la dio Javier Arenas cuando reventó la crisis política de Cataluña por el presunto cobro de comisiones. Aquellos días, el líder del PP andaluz repetía, sin aportar datos, que lo de Cataluña era una menudencia en comparación con lo que pasa en Andalucía.

Los autores de la denuncia en Sevilla son los concejales del Partido Andalucista (PA), antiguos socios del PSOE en el gobierno municipal y que en el actual mandato, en el que los socialistas han elegido a IU como compañeros en el poder, están haciendo una agresiva oposición. "Políticos metidos a detectives", según los han definido varios miembros del gobierno local. El PA centró sus investigaciones en el distrito Macarena, gestionado desde 1999 por el PSOE, y halló dos facturas pagadas por el derribo de una pequeña construcción que nunca se produjo.

Los socialistas, acostumbrados a las acusaciones de la oposición, desmintieron con contundencia los hechos, pero una semana después tenían que reconocer que esta vez sí era verdad. Las facturas falsas obligaron a dimitir al concejal de Consumo y ex edil del distrito Macarena, José Antonio García, y a su director de área, José Marín.

Las dos facturas formaban parte de un paquete de 28 emitidas el 7 de mayo de 2003, apenas 20 días antes de las elecciones municipales. Los socialistas revelaron que las otras 26 habían sido tramitadas y cobradas por José Pardo a nombre de la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS), para la que ya no trabajaba. El alcalde llevó el caso a la Fiscalía y encargó una auditoría a la Intervención municipal, cuyos primeros resultados detectaron un entramado de empresas vinculadas al ex militante socialista que coparon la mayoría de las obras menores (de hasta 30.000 euros) de la Macarena.

Estas obras se adjudican mediante un procedimiento que consiste en invitar a tres sociedades y elegir la oferta más barata. En 2003, COS fue invitada al 88% de las obras, y las otras dos empresas (Alhemasa y Aljarafe de Obras y Servicios), al 60%. La semana pasada, a la red se sumaron otras cuatro empresas vinculadas a Pardo o a su abogado, José Luis Ortiz, que es el representante de dos de ellas. Entre las siete, facturaron 1,6 millones de euros de los 2,39 que se invirtieron en obras en 2003 en este distrito. Las denuncias de la oposición apuntan a que el centro de operaciones estaba en un edificio de oficinas donde tienen la sede social dos de ellas y Ortiz su despacho, y que está en la misma calle que las sedes bancarias en las que operan cuatro de las empresas. El gobierno municipal quiere marcar distancias con Pardo y sostiene que es víctima de un engaño. En el PSOE hay temor de que una vez culmine la auditoría interna salgan a la luz nuevas facturas. De hecho, ya ha reconocido que hay "serias dudas" sobre otras 20, que suman 50.000 euros.

Ante el discurso del PP, Chaves, secretario general del PSOE andaluz, ha reclamado a sus compañeros que no entren en el juego "de la crispación política". "Asistimos a las mismas declaraciones, vemos y oímos los mismos eslóganes de los primeros años de los 90, sin darse cuenta de que ya ni el tiempo es el mismo, ni las circunstancias de entonces son las mismas que concurren ahora en España y en Andalucía", dijo Chaves en un comité director del PSOE andaluz.

Aun así, dirigentes socialistas sí han recordado al PP alguno de los casos que afectan a los populares y que éstos no incluyen en el saco de la corrupción generalizada. El más destacado es el de la Zona Franca de Cádiz, cuya gestión bajo los gobiernos del PP ha sido puesta en entredicho por el Tribunal de Cuentas.

Sobre la etapa de los dos ex delegados del PP en este recinto fiscal (Manuel Rodríguez de Castro, que dimitió en 2001, y Miguel Osuna, ambos avalados por la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez) recae, según el organismo fiscalizador, la responsabilidad, por acción u omisión, de posible delitos contables, inversiones fantasma, gastos injustificados y excesivos, facturas infladas, supuestos casos de enchufismo, nombramientos impuestos, dejación de responsabilidades en los órganos de control, posible malversación de fondos públicos, apropiación indebida, fraude y entramados empresariales poco transparentes. Todas estas presuntas irregularidades han sumido al recinto fiscal gaditano en una delicada situación financiera, al borde de la quiebra, con casi 70 millones de deuda.

La Abogacía y la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas han confirmado todas estas denuncias, y han iniciado un procedimiento de enjuiciamiento contable contra Rodríguez de Castro. Precisamente, el pleno de la Zona Franca acordará mañana querellarse contra este dirigente popular, contra Miguel Osuna, y contra el ex presidente de Quality Food -propiedad de la Zona Franca-, Manuel García Gallardo, ex militante del PP de Cádiz.

Los socialistas también han demandado a Arenas que utilice la misma vara de medir en dos casos ocurridos en el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP. El pleno de esta corporación municipal aprobó el pasado jueves un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá pagar una factura de 232.243 euros a un arquitecto que realizó el proyecto de urbanización de los dos muelles del puerto que se van a ceder a la ciudad. El encargo se hizo de manera verbal en octubre de 2003, algo prohibido por ley, y, como ha reconocido el secretario municipal, de forma "anómala" porque se ha ignorado el procedimiento administrativo correspondiente.

Además, IU ha denunciado la existencia de 53 facturas a las que el interventor municipal formuló nota de reparo al haber detectado determinadas irregularidades.