Los tribunales dejan a la Junta la iniciativa de qué hacer con las viviendas que han ilegalizado

Decidir el futuro de las viviendas que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -1.600 de momento en Marbella, aunque aún hay unos 300 casos pendientes- es una patata caliente que deben pasarse de manos la Administración de Justicia y el Ejecutivo autonómico, y que afectará a decenas de miles de ciudadanos. La decisión final de si se demuele o no corresponderá a la misma sala del TSJA que declare nulas las licencias de obras, pero su decisión dependerá de lo que la Junta proponga como ganadora de los litigios.

Hasta el momento, las impugnaciones que la Junta ha presentado contra licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella porque vulneraban el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -370 recursos desde 1995- no pedían ninguna medida de ejecución de sentencia. Por ello, las sentencias ya emitidas -seis- se han limitado a anular el acto administrativo de concesión de las licencias, y no se han pronunciado sobre cómo restituir la ilegalidad cometida.

La Junta ya ha anunciado que pedirá al tribunal que dicte como medida de ejecución de las sentencias la demolición de las viviendas construidas ilegalmente, pero antes de hacerlo esperará a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento de Marbella y las promotoras afectadas contra las sentencias anulatorias del TSJA.

Una vez que el tribunal ha decidido el contencioso, la parte ganadora del litigio tiene la potestad de pedir lo que se llama sentencia de ejecución de licencia, en la que debe razonar una propuesta de ejecución. Según fuentes del TSJA, la sala dispondrá entonces de un plazo de dos meses y 10 días para tomar una decisión, previa petición de alegaciones a otra parte. Existe un precedente de una impugnación contra una licencia presentada por un particular anulada por el TSJA en la que se pidió medida de demolición que fue rechazada por no estar debidamente fundamentada.

Reposición

Básicamente, la Junta justifica sus pretensiones en que la restitución de la legalidad urbanística no queda satisfecha hasta que no se repone la situación existente antes de cometerse la ilegalidad. Desde esta perspectiva se pone en duda la eficacia de medidas como las multas o sanciones económicas, que pueden trasladar la sensación de impunidad.

La Junta defiende la validez de las demoliciones, especialmente en los casos en los que se han construido viviendas en parcelas que estaban reservadas para equipamientos públicos -infraestructuras viarias o de transportes, colegios, centros de salud, sociales, etcétera- o zonas verdes de los que se han visto privados los ciudadanos. Este es el caso por ejemplo de las casi 300 viviendas construidas en Banana Beach cuyas licencias ya declaró nulas el TSJA hace un año y que ahora también han sido declaradas ilegales en la primera sentencia penal que ha condenado por delito urbanístico a concejales de Marbella que formaban parte de la junta de gobierno que las concedió. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía contempla mecanismos para legalizar algunas actuaciones anómalas, pero nunca "las que afectan a terrenos o suelos no urbanizables de especial protección o zona de influencia litoral, a bienes o espacios catalogados, a parques, jardines, espacios libres o demás reservas para dotaciones" (artículo 185).

El problema es que la demolición de viviendas afectaría a los derechos de terceros ajenos al contencioso, las personas que han comprado viviendas o que tienen sus negocios en locales comerciales. La ley establece para estos casos las oportunas indemnizaciones, a las que debería hacer frente la Administración que ha vulnerado la ley, el Ayuntamiento de Marbella. No está claro que el consistorio tenga capacidad para afrontar esta obligación, dados los precios de las viviendas en el municipio y la dimensión del problema, ya que en caso de que prosperaran todas las impugnaciones pendientes de resolver, finalmente podrían ser declaradas ilegales del orden de no menos de 20.000 casas.

De momento, los tribunales de lo penal han optado por inhibirse en el conflicto y dejar también la resolución a la iniciativa de la Junta. La citada sentencia del pasado 28 de marzo que ha condenado a seis meses de prisión al ex alcalde Julián Muñoz y otros seis concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), aunque no se pronuncia al respecto en el fallo, en los fundamentos jurídicos el juez hace mención a la "conocida opinión doctrinal que, con inusual asenso, reclama que alguna vez tiene que romperse el círculo vicioso de ampararse en terceros ajenos para perpetuar el ataque al orden público urbanístico y hacer del hecho consumado el destino aparentemente inevitable de la ordenación del territorio".

Pero al mismo tiempo admite que "tales intereses de terceros son legítimos y evaluables a la hora de una decisión de esta naturaleza". Pese a reconocer que se podía pronunciar de oficio sobre la cuestión, el juez optó por inhibirse y consideró que, entre otras consideraciones, debía valorarse "el impacto urbanístico y ambiental de la ilegalidad cometida". Finalmente dejó el asunto en manos de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo para que ésta, "con los especiales medios con los que cuenta para dimensionar todos los aspectos del problema y en base a la presente sentencia, resuelva sobre la posibilidad y procedencia de acordar de oficio la demolición".