Iztueta ha abierto más frentes de los que ha cerrado en Educación

Los cuatro años que la consejera Anjeles Iztueta ha pasado al frente del Departamento de Educación arrojan más sombras que luces sobre su gestión. El sistema educativo se ha convertido esta legislatura en una olla a punto de reventar. El encierro de 157 profesores interinos que han perdido la estabilidad por no alcanzar el nivel de euskera exigido es su última y gráfica expresión de la tensión vivida en el sector. Y es que desde la euskaldunización del profesorado hasta las relaciones con la Universidad, pasando por la escolarización de los inmigrantes, la consejera de EA ha abierto más frentes de los que ha cerrado. Ha sido una legislatura convulsa, salpicada de sonados conflictos que han empañado los avances logrados en campos como la Formación Profesional, el trilingüismo (con el inglés plenamente introducido en los colegios a partir de los cuatro años) o la penetración de la informática en las aulas.

Iztueta ha sido el primer titular de Eduación contra quien se ha presentado una moción de censura

Con este informe sobre el Departamento de Educación, EL PAÍS comienza la publicación de una serie de análisis sobre lo que ha sido la gestión del Ejecutivo tripartito en las diversas áreas de la Administración. Durante estos cuatro años, el sistema educativo ha mantenido sin variar las constantes apuntadas en anteriores legislaturas: predominio absoluto de los modelos B (mitad en euskera y mitad en castellano) y D (todo en euskera con el castellano de asignatura) en la etapa de 3-6 años en detrimento del A (enseñanza en castellano) y desequilibrio del alumnado a favor de la red privada concertada, la mejor financiada de toda España por parte de un gobierno público.El caso vasco es único en Europa: la excelente financiación de los colegios privados concertados hace que presenten una competencia feroz a la pública y que escolaricen más alumnos que ésta; en concreto, el 53% frente al 47%. Pero esa importante financiación no ha servido para que la red concertada se implique más y asuma las mismas responsabilidades que la pública.

El 70% de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (por razones de discapacidad física o psíquica, problemática social, por pertenecer a minorías étnicas o por ser extranjeros) se inscribe en los colegios públicos. Y la mayor parte se concentra en unos pocos centros, complicando así aún más la situación. El Ararteko y el Consejo Escolar han alertado del fenómeno en los últimos años, pero los porcentajes no cambian.

La novedad más importante que presenta el sistema esta legislatura ha sido la creación del consorcio Haurreskolak a finales de 2003. Se trata de una red de guarderías puesta en marcha entre el departamento y los ayuntamientos para cubrir la incesante demanda de los padres para la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Los padres llegan a pagar, en función de la renta familiar, hasta 180 euros mensuales por niño en las aulas municipales. Los centros privados que abren aulas de este tramo de educación reciben también una importante financiación del departamento, lo que supone una competencia muy fuerte, y a menudo desleal para la red pública, al arrebatarle los niños desde su primer contacto con las aulas por medio de abaratar las matrículas gracias a la subvención recibida.

La regulación del tramo de 0-3 años le supuso a la consejera duros enfrentamientos con los sindicatos y con profesores y directores de la red pública, disconformes por la financiación que se otorga al sector privado en una etapa donde la escolarización no es obligatoria. Iztueta incluso destituyó a su viceconsejera, Nekane Agirre, por desavenencias sobre la forma de abordar la cuestión.

Sin nuevo Pacto Escolar

En el acuerdo de gobierno firmado en julio de 2001, PNV y EA se propusieron lograr un nuevo Acuerdo Escolar que sustituyera al que está vigente desde comienzos de los años 90. La nueva escuela del siglo XXI exige esa revisión. Se trata de un reto ambicioso y que por sí solo ya justifica una legislatura, pero a lo largo de los cuatro años el departamento no ha puesto el tema sobre el tapete y el enunciado se ha quedado inédito.

El mandato de la consejera no ha dejado indiferente a nadie. Sus declaraciones tachando de "terrorismo institucional" la ley de Calidad que en el año 2002 proyectaba la entonces ministra de Educación, Pilar del Castillo, le valieron reproches incluso por parte de sus compañeros de Gobierno. Y no fueron precisamente críticas las que le faltaron cuando transcendió la circular elaborada por su departamento donde consideraba "inmigrantes" a los alumnos que se integran en el sistema educativo vasco procedentes de las demás comunidades españolas y derivaba a todos ellos a los modelos B y D. El PP y PSE plantearon sendas mociones de censura contra la consejera, la primera iniciativa de este tipo que se lleva a cabo contra un titular de Educación en toda la historia del Parlamento vasco. El tripartito arropó a la consejera en el momento más delicado para ella. Recientemente, el Tribunal Superior ha anulado la polémica circular, que no llegó a aplicarse al ser suspendido cautelarmente.

La relación con el equipo que ha regido durante gran parte de su mandato la Universidad del País Vasco (UPV) no ha podido ser peor. Los encontronazos entre la consejera y su equipo con el ex rector, Manuel Montero, fueron el pan de cada día. El pago de complementos de productividad al profesorado universitario estuvo en el centro de la polémica. Sólo la marcha de Montero a mediados del año pasado, tras las elecciones a rector, y la llegada de su sustituto ha permitido normalizar la situación. En una comparecencia en el Parlamento vasco, el nuevo rector, Juan Ignacio Pérez alertó en noviembre que la UPV se encontraba en una situación crítica. Pocas semanas después, Iztueta selló el acuerdo de financiación de la UPV que le negó a Montero.

La controvertida aprobación de la Ley del Sistema Universitario Vasco, gracias a la abstención negociada de Socialista Abertzaleak, ha abierto nuevos horizontes a las universidades de la comunidad, en especial a la UPV. La flexibilidad de las ofertas, de los planes de estudio y la creación de la Agencia Vasca de Acreditación y Evaluación son sus principales hitos.

Los últimos meses de legislatura tampoco se han salvado de la polémica. El fenómeno del acoso escolar ha saltado con toda su crudeza. La muerte del joven Jokin por el presunto acoso sufrido por parte de varios de sus compañeros de instituto en Hondarribia y una reciente sentencia condenando a una ikastola de Vitoria por no atajar a tiempo las agresiones sobre una de sus estudiantes ha colocado el foco de la atención en Euskadi. Denon Eskola, la red de asociaciones de padres que agrupa a los centros públicos en Álava ha llegado a calificar de "nefasta" la gestión del Departamento en esta legislatura.