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ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

La Zona Franca de Cádiz pagó 6,8 millones por un material informático que sólo cuesta 2 millones

El PSOE pide explicaciones al PP por este precio "inflado" y que "se siga la pista del dinero"

Los 6,8 millones de euros que pagó la Zona Franca de Cádiz en 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva por material informático para crear una red de comercio digital que nunca llegó a funcionar tiene un precio que apenas alcanza 2 millones de euros, según un peritaje realizado por un departamento de la Universidad de Sevilla y exigido por la Abogacía del Estado antes de emprender acciones judiciales para "reparar el daño causado". El PSOE de Cádiz responsabilizó ayer de los pagos "inflados y desorbitados" a los dos ex delegados del PP en el recinto fiscal Manuel Rodríguez de Castro -firmante de los contratos- y Miguel Osuna -autorizó los últimos pagos-, y pidió a la justicia que "siga la pista del dinero" en Miami.

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La Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) -sociedad de la Zona Franca- firmó a finales de 2000 y principios de 2001 contratos con dos empresas para crear una red informática de comercio exterior que impulsara negocios internacionales del recinto fiscal gaditano que "nunca se desarrolló y que hoy aún no existe", según informan técnicos de este organismo. Miami Free Zone recibió 4,23 millones y Telvent Interactiva (filial de Abengoa) 2,56 por estos contratos. Sin embargo, una primera valoración efectuada por expertos informáticos de la universidad hispalense detalla que el material recibido apenas vale un 30% de la cantidad abonada, según publicó Diario de Cádiz y confirmaron ayer fuentes de la Zona Franca.

Este peritaje se conoce tras la petición efectuada por la Abogacía y la Intervención General del Estado para que se valorase el material adquirido por la Zona Franca antes de emprender acciones penales contra los posibles responsables de estos contratos y sus posteriores pagos. Estos dos organismos de control del Estado solicitaron esta valoración después de apreciar en un informe reciente numerosas posibles irregularidades que pueden ser constitutivas de delito en estos polémicos contratos.

El informe de la Abogacía y la Intervención del Estado cuestiona la forma que se empleó para contratar estas empresas y los servicios que finalmente prestaron. En especial, la adjudicación a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones. La dirección de esta sociedad no presentó el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica. Añade el abogado del Estado que no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Miami Free Zone tampoco desglosó en su oferta datos económicos ni el personal que iba a destinar a este negocio. Sorprende además que un contrato de esta elevada cuantía -4,2 millones de euros- se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar estos contratos millonarios que están redactados tan sólo en dos folios cada uno y con apenas cláusulas.

Así las cosas, tras conocer esta primera valoración económica, muy por debajo del dinero desembolsado, el diputado del PSOE por Cádiz y portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento gaditano, Rafael Román, culpó de estos pagos "excesivos" a Rodríguez de Castro -que llegó a pagar las primeras facturas por valor de 1,65 millones el mismo día y después de cesar en el cargo- y Miguel Osuna. "Lo que hay que hacer es seguir la pista del dinero en Miami. Es ahí donde debe estar el secreto de porqué se ha pagado tanto dinero por tan poco", dijo Román, quien pidió explicaciones a la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez, por no convocar aún el pleno de este organismo que debe estudiar que querellas presenta la Zona Franca contra sus anteriores gestores. Al respecto, Martínez dijo no saber cuándo convocará la sesión y declinó pronunciarse sobre el peritaje del material informático por desconocer el documento.

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