La caza del concejal nacionalista

Hay lugares de Guipúzcoa donde ser nacionalista no basta. Xabier Larruskain lo es, y mucho. Militante activo del PNV desde hace 28 años, en la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Oiartzun (9.400 habitantes). El miércoles por la noche estaba viendo la televisión con su mujer y una amiga en el interior del batzoki (la sede del PNV) cuando las ventanas estallaron y empezaron a caer piedras. "Aquí están", dice Xabier señalando una caja de cartón, "15 piedras, algunas de más de un kilo de peso. No nos dieron de milagro". Cuando se repuso del susto y salió a la calle, apenas acertó a ver a unos jóvenes encapuchados que huían a la carrera. Olía a pintura fresca. Las fachadas de las sedes del PNV y de Eusko Alkartasuna, situada justo enfrente, habían sido manchadas de rojo y amarillo.

"Iban encapuchados y tiraron piedras contra nuestros cristales", relata un edil del PNV

"Hay pueblos donde no sabemos qué pasa", admite la Delegación del Gobierno

El viernes por la noche, y después de pasar un día fuera del pueblo aventando el susto, Xabier Larruskain volvió al batzoki: "Todo esto forma parte de una estrategia de Batasuna para que dejemos las concejalías que ganamos en mayo de 2003 y se las demos a ellos, que no se pudieron presentar porque estaban ilegalizados. Nos insultan, nos amenazan por teléfono, se concentran delante de nuestras casas y hasta han llegado a colgar nuestras fotografías por el pueblo junto a la palabra ladrón. Le aseguro que es muy duro estar viviendo todo esto".

Aunque violenta, no se trata, ni mucho menos, de una estrategia secreta. El parlamentario de la ilegalizada Batasuna Joseba Permach anunció el pasado 5 de septiembre que se aumentaría la "presión política" sobre los concejales, principalmente del PNV, que se negaban a renunciar a sus cargos. Batasuna sostiene que, de no haber sido ilegalizada, sus plataformas satélites hubieran obtenido 472 concejalías, que fueron a caer en manos del PNV, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida o Aralar. Seis meses después de aumentar la "presión política" -cuyo último acto conocido consistió en el apedreamiento del batzoki de Oiartzun-, la estrategia ya ha dado sus frutos. Nada más y nada menos que 81 concejales nacionalistas -según datos de la propia Batasuna- han renunciado a sus puestos. Ahora, el trabajo de los radicales se divide en dos frentes. Por un lado, aumentar la presión sobre los que se siguen resistiendo. Por otro, hacerse con esas 81 vacantes. Para ello, su mejor aliado es -paradojas de la vida- el artículo 182 de la Ley Electoral.

Dice el apartado uno del artículo 182 que "en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda atendiendo a su orden de colocación". Y el apartado dos concluye: "En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplementes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad". Y es por esta gatera de la ley por la que Batasuna pretende entrar en los ayuntamientos. El único inconveniente es que para ello necesita la colaboración de los partidos que, legalmente, obtuvieron las concejalías. Un buen ejemplo es Lizartza. En ese pueblo guipuzcoano de 597 habitantes, la anulación de las listas de Batasuna permitió la victoria de Joseba Egibar, presidente del PNV en Guipúzcoa. El día de su proclamación como alcalde, Egibar fue insultado por los radicales, que lo persiguieron por las calles del pueblo hasta que se tuvo que marchar. Aquella presión, sostenida durante un año, le ayudó a recapacitar y, en julio de 2004, optó por ceder tres de sus cuatro concejalías al entorno de Batasuna -a dos integrantes de la plataforma ilegalizada y a la madre de un preso de ETA-. Aunque al final la operación fracasó porque la dirección del PNV llamó al orden a Egibar, Batasuna sigue insistiendo en la misma estrategia.

Según la Delegación del Gobierno, en el País Vasco se están produciendo tres situaciones anómalas en lo que a constitución de ayuntamientos se refiere. Hay unos pueblos donde no se han llegado a constituir -siete en Guipúzcoa-; otros, donde la lista entera de algún partido ha renunciado por temor a represalias; y otros lugares donde la sangría de concejales -hartos de insultos y pedradas- se produce día a día. Hay todavía un cuarto supuesto, según explicó un alto funcionario de la Delegación: "Hay pueblos donde nunca atienden las llamadas de las subdelegaciones del Gobierno y, al menos oficialmente, no sabemos qué está pasando".

Oiartzun, por el momento, resiste. Apoyado en la barra del batzoki, Xabier Larruskain cuenta su vida. Sus palabras se parecen a la de los concejales socialistas y populares que malviven en otras zonas de Euskadi: "No soy un héroe, pero hay que aguantar, aunque sólo sea por respeto a los que te han votado". Habla del miedo de la gente a saludarlo, de cómo tiene que sujetar a sus hijos para que no se enzarcen con los que vienen a decirle ladrón a las puertas de su casa. Aunque las piedras le pasaron cerca, admite que su caso es distinto al de los concejales del PP o del PSOE. Se pone en la piel de ellos y le dan escalofríos. A él, que se sepa, no lo quieren matar. ¿Y si le tuvieran que poner escolta?

- Me iría.