El Constitucional tiene de plazo hasta el 1 de abril

El Tribunal Constitucional dispone de plazo hasta las cero horas del 1 de abril, fecha

en que comienza la campaña electoral vasca, para pronunciarse sobre el recurso de Aukera Guztiak (AG), la lista blanca de Batasuna anulada ayer por el Tribunal Supremo. AG tiene a su vez un plazo de dos días para presentar su recurso.

Los plazos tan perentorios establecidos en la Ley de Partidos a los que por tercera vez se enfrentan tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han sido criticados tanto por las candidaturas próximas a ETA-Batasuna que han ido quedando por el camino, como por los dos propios altos tribunales, sometidos a un duro sobreesfuerzo cada vez que se produce una convocatoria electoral en el País Vasco.

En esta ocasión, además de las jornadas de deliberación de los 16 magistrados de la Sala Especial se ha llegado a que, por ejemplo, los letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo hayan pasado en blanco y sin moverse del despacho la noche del viernes al sábado y apenas durmieran cuatro horas la noche del jueves al viernes, según fuentes del alto tribunal.

Los recursos de amparo al Constitucional esgrimidos por las anteriores formaciones próximas al complejo de ETA-Batasuna tienen casi como planteamiento fijo, junto a la vulneración de derechos fundamentales por parte de órganos del Estado, la supuesta indefensión que introduce la Ley de Partidos al obligar a enjuiciar cuestiones que afectan a esos derechos en los plazos sumarios de normativa electoral.

En la última convocatoria, a propósito de la anulación de la candidatura de Herritarren Zerrenda al Parlamento Europeo en mayo de 2004, este argumento fue tenido en cuenta por la entonces magistrada y actual presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que formuló un voto particular concurrente con el sentido de la sentencia pero en el que se quejaba de la perentoriedad de los plazos establecidos para la tramitación y resolución del proceso contencioso electoral.

Sin embargo, la brevedad de los plazos también afecta a los demandantes, el Abogado del Estado en representación del Gobierno y a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, que a su vez tendrán que formular sus respectivos escritos de alegaciones en contestación a las vulneraciones de derechos fundamentales que esgriman en su recurso de amparo los abogados de la candidatura anulada por el Tribunal Supremo.