17.000 solicitudes de inmigrantes tramitadas durante el primer mes

Las 23 oficinas de la Seguridad Social han recibido 16.968 solicitudes de regularización inmigrantes, a fecha 9 de marzo, según datos del Gobierno. La cifra supone el 14,38% del total de solicitudes presentadas en España. La Comunidad Valenciana es la tercera región en cuanto al volumen de inmigrantes que verán reglada su situación. Alicante acapara la mayoría de expedientes con 7.536 solicitudes.

Un mes después de abrirse este proceso que comenzó el 7 de febrero y concluirá el 7 de mayo, el 98,64% de las solicitudes presentadas en la Comunidad Valenciana fue admitida. Por provincias, Alicante aglutina el mayor número de expedientes (7.536) muy seguida de la provincia de Valencia (7.711) y Castellón con 1.721. Así, según el cómputo del Ministerio de Trabajo, las provincias de Valencia, Alicante, Baleares, Madrid, Murcia y Barcelona acumulan 77.452 solicitudes, cifra que representa el 66% del total.

Por regímenes, las empleadas de hogar extranjeras por un cabeza de familia ascienden a 3.114, mientras que en el apartado de hogar discontinuo los aspirantes suman 2.791. Otros regímenes, suponen el 11.063 de los expedientes presentados. No obstante, según fuentes de Trabajo a medida que avanza el proceso "se percibe un ligero incremento" en la regularización de otros regímenes frente al hogar. La construcción y la hostelería son los sectores que acapara el mayor número de solicitudes.

Un informe realizado por el Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante certifica que la Comunidad Valenciana es la autonomía que concentra la mayor colonia de sin papeles del Estado con 233.749 extranjeros. De ellos, se estima que 160.000 cumplen los requisitos para acogerse al proceso de regularización. Sin embargo, fuentes de la Universidad apuntan a que sólo 80.000 inmigrantes podrán beneficiarse de este proceso extraordinario de normalización. Las trabas de los empresarios para aflorar los trabajadores sumergidos o la negativa a aceptar otro documento que el padrón motiva esta situación.

El principal problema del proceso no ha sido las colas ni la falta de documentación -prácticamente todas las solicitudes reúnen los requisitos- sino las heladas registradas que han provocado la caída en la contratación. Ante esta situación, el ministerio y los agentes sociales acordaron la semana pasada flexibilizar el proceso en el sector agrario: los tres meses de contrato exigidos por el reglamento se podrán hacer efectivo en un período de un año con el compromiso de uno o varios empresarios. El Ministerio de Trabajo ha advertido de que cuando concluya el proceso ningún empresario tendrá excusas para contratar a un inmigrante irregular y ya ha anunciado un programa de 500.000 inspecciones en todo el Estado. CC OO ha reclamado a los empleadores mayor implicación en el proceso de normalización.