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La justicia chilena confirma la inmunidad de Pinochet por el asesinato del general Prats

La Corte Suprema deja al ex dictador fuera de uno de los procesos más importantes contra él

La Corte Suprema rechazó el jueves, por 15 votos contra cuatro, quitar el fuero por su condición de ex presidente al ex dictador Augusto Pinochet. Se cierra así la posibilidad de que la justicia lo alcance en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, el asesinato del ex jefe del Ejército general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Aunque se basó en el tecnicismo de que el tribunal ya se había pronunciado previamente sobre el tema y no le correspondía hacerlo de nuevo, el fallo implica un retroceso en los avances de la justicia en el último año.

Con esta decisión, que revirtió un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez instructor de la causa, Alejandro Solís, no podrá interrogar al ex dictador y deberá dictar su sobreseimiento definitivo en la causa. Como en medios judiciales se esperaba una decisión estrecha, la resolución del pleno del alto tribunal por amplia mayoría causó sorpresa y fue recibida con alegría por la defensa de Pinochet y con decepción por los querellantes.

El voto de mayoría se basó en el principio procesal de "cosa juzgada". Los jueces argumentaron que en noviembre de 2002, la Corte Suprema ya se había pronunciado en otra petición de desafuero de Pinochet por el mismo caso Prats, cuando rechazó la solicitud que hizo la juez argentina María Servini de Cubría para extraditar al ex dictador por su responsabilidad en el crimen, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Al ser rechazado un desafuero, "no puede éste volver a solicitarse" por el mismo tema, dado que ya hubo un sobreseimiento en el caso, sostiene el fallo. Los pocos magistrados que examinaron el fondo del asunto, la responsabilidad del ex dictador en el crimen de quien fuera su antecesor en la jefatura del Ejército, señalaron la participación de Pinochet. Uno de los jueces, José Luis Pérez, votó contra el desafuero a pesar de estar acreditado "un ilícito criminal que repugna los sentimientos más profundos del ser humano (...) y que existen más que fundadas sospechas para ordenar la detención de Augusto Pinochet Ugarte por su participación en los homicidios", según sostiene en el fallo.

José Benquis, que votó por el desafuero, precisa a su vez que el asesinato fue obra de la DINA, un organismo militar que dependía de Pinochet, "existiendo imputaciones directas e indirectas que sindican a este último como la persona que dio la orden a sus subordinados para efectuar el atentado explosivo homicida". Otros dos votos de la minoría, Marcos Libedinsky, presidente de la Corte Suprema, y Milton Juica, sostienen que el anterior rechazo al desafuero sólo regía para el pedido de extradición y no para la actual investigación.

Pero en el máximo tribunal se impuso el argumento procesal. Los jueces incluso no consideraron la argumentación que expuso en los alegatos la abogada del Consejo de Defensa del Estado (fiscalía) Irma Soto, respecto de que Pinochet está lúcido, cada mañana lee cuatro diarios, hasta diciembre manejaba en persona sus cuentas, determina sus audiencias y dirige a sus más de 60 empleados.

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Cinco procesados

Con esta decisión, el ex dictador se sacó de la mochila de cargos que pesan en su contra uno de los casos donde existen más fundamentos de su participación y en el que hay cinco procesados en Chile, entre ellos el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, y un condenado a cadena perpetua en Argentina.

Pero Pinochet todavía está lejos de lograr impunidad en otros casos y su situación judicial sigue siendo compleja: el juez Juan Guzmán lo tiene procesado por los crímenes de la Operación Cóndor e investiga su responsabilidad en otros casos, mientras el juez Sergio Muñoz indaga sus millonarias cuentas secretas.

Una de las hijas del asesinado matrimonio Prats, Angélica Prats, criticó que Pinochet quede en la impunidad en este proceso "y en situación de privilegio en relación a los otros cinco oficiales del Ejército que están siendo juzgados como corresponde".

El general Carlos Prats (izquierda) y Salvador Allende, en los años setenta.
El general Carlos Prats (izquierda) y Salvador Allende, en los años setenta.

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