Organizaciones cristianas piden al Gobierno más flexibilidad en la regularización de extranjeros
Estas entidades creen que el padrón no debe ser la única forma de acreditar el día de llegada
El proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno hace un mes y medio es una iniciativa positiva y necesaria, pero del todo insuficiente. Así lo denuncian 13 entidades cristianas en un manifiesto hecho público ayer que aboga por una flexibilización de los requisitos que se piden a los inmigrantes para residir legalmente en España. La principal reivindicación es que no se utilice sólo el padrón para determinar la fecha de llegada de los extranjeros, pues las organizaciones creen que muchos de ellos no se empadronaron por miedo a ser expulsados.
Entre las entidades firmantes del manifiesto se encuentran Cáritas Diocesana de Barcelona, Justícia i Pau y la Hermandad Obrera de Acción Católica. Todas ellas lamentan que el actual proceso de regularización "sólo tiene en cuenta la situación laboral del extranjero", algo que deja sin ninguna posibilidad de regularización a quienes no están trabajando por el motivo que sea.
Pero lo que más preocupa a estas entidades es el hecho de que inmigrantes que sí están trabajando o tienen posibilidad de hacerlo también quedarán fuera del proceso de regularización porque no podrán demostrar de forma fehaciente que se encontraban en España antes del día 8 de agosto, fecha límite fijada por el Gobierno para acojerse a lo que el mismo Ejecutivo ha calificado de "última regularización extraordinaria".
Al igual que ya denunciaron en su día todos los sindicatos y las organizaciones de inmigrantes, las entidades católicas piden que la comprobación de la fecha de llegada de los inmigrantes no se base en los datos del padrón. Estas organizaciones sostienen que muchos extranjeros sin papeles dejaron de empadronarse a finales de 2003, cuando el Gobierno del PP impulsó la reforma de la Ley de Extranjería que, apoyada por el PSOE, permitía que la policía accediera a los datos del padrón. El manifiesto señala: "Muchos inmigrantes no pudieron empadronarse por motivos ajenos a su voluntad, como la falta de vivienda, de información o por inseguridad".
Para sacar a los inmigrantes de este callejón sin salida, las entidades piden al Gobierno que flexibilice las condiciones y admita como documentos válidos sellos en pasaportes, cuentas bancarias, visitas médicas e incluso altas indebidas a la Seguridad Social. El delegado del Gobierno en Cataluña se mostró la semana pasada contrario a tomar estas medidas porque, en su opinión, fueron muy pocos los inmigrantes que en su día dejaron de inscribirse en el padrón por miedo a la policía.
El manifiesto de entidades cristianas también solicita que los inmigrantes que obtengan permiso para trabajar en un sector determinado puedan cambiar de tipo de empleo sin abandonar la legalidad. Asimismo, consideran necesario reformular el sistema de renovación de permisos, "pues los actuales criterios son tan estrictos que hacen más fácil acceder al primer permiso que mantenerse en situación regular". A modo de conclusión, el manifiesto pide al Gobierno una política de inmigración "más realista".
Las otras formas de obtener papeles
El proceso de regularización abierto el pasado 6 de febrero se basa en el principio de que sean los empresarios los que regularicen a sus trabajadores sin papeles. Sin embargo, no todo está en manos de los patronos: existen otras vías que los inmigrantes deben conocer para tener más posibilidades de legalizar su situación. Y así quisieron recordarlo ayer 10 organizaciones no gubernamentales mediante un comunicado titulado: Animaos, sed justos y solidarios.
En el texto, estas organizaciones, entre las que se hallan Ibn Batuta y Justícia i Pau, recuerdan que cualquier inmigrante que se dedique al servicio doméstico y pueda acreditar, mediante un documento firmado por sus empleadores, que trabaja al menos 30 horas semanales, puede acceder a la regularización pagándose él mismo la Seguridad Social.
En el sector de la hostelería, los inmigrantes que no puedan trabajar medio año seguido tienen la posibilidad de regularizarse acreditando seis meses de cotización intermitente. Algo parecido ocurre con los trabajadores de la agricultura, que sólo deben acreditar tres meses, consecutivos o no.
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