Ruido

Los vecinos de Aguadulce, se vuelven a quejar del tremendo ruido que producen las máquinas neumáticas que realizan labores de desmontes para posteriormente construir viviendas en las laderas de la Sierra de Gador, estas quejas se vienen repitiendo desde hace al menos ocho años sin que la administración, que debería garantizar a todos los vecinos el cumplimiento de la Ley y con ello una calidad de vida aceptable, haga nada por evitarlo (Ayuntamiento gobernado por el PP).

Ya en febrero de 2000 se formó una Plataforma Anti-Ruidos, de la que fui presidente, formada por la asociación de vecinos La Paz, Ecologistas en Acción, Partido Socialista (PSOE), Independientes de Aguadulce-El Parador (INDAPA), Izquierda Unida (IU) y Partido Andalucista.

Empezamos por realizar medición de ruidos tanto dentro de viviendas afectadas como a unos metros de la maquinaria (como marca la legislación en la materia) dando como resultado que se sobrepasaban con mucho los decibelios permitidos, y que en tal caso se debería proceder a la paralización de la actividad.

Se presentaron cerca de mil denuncias en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar respondiendo sistemáticamente "que las obras son ocasionales" y, por otro lado, que la normativa, tanto local como autonómica, no tiene establecido ningún nivel de ruidos para la ejecución de obras en el exterior. El 25 de marzo del 2000 se produjo una manifestación por Aguadulce que contó con la asistencia de numerosos vecinos.

A principios del mes de abril del 2000 mantuvimos una reunión con el alcalde de Roquetas, señor Amat, donde se nos presentó un borrador de Decreto para evitar el exceso de ruidos en las labores de construcción en las Laderas de la Sierra de Gador, en él se especificaba que el nivel de ruidos no debería sobrepasar lo establecido en la Ordenanza Municipal, recogiendo también que para no utilizar máquinas mecánicas, causantes del ruido, se deberían adaptar las edificaciones a la pendiente del terreno utilizando la maquinaria únicamente para asegurar lo construido, Decreto que posteriormente fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por tanto, ya desde el Ayuntamiento no se podía esgrimir que no existía Ley que impidiese los ruidos.

Pues bien el Ayuntamiento que aprobó la normativa la incumplía sistemáticamente; los ruidos se seguían produciendo con el beneplácito del equipo de Gobierno del PP, preocupados únicamente de conceder licencias urbanísticas en lugar de garantizar a los vecinos una calidad de vida adecuada.

Poco después, constatando que el Ayuntamiento no estaba interesado en solucionar el grave problema y que la única solución posible pasaba por que los propios afectados acudiesen a los tribunales de Justicia, una vez informados, decidimos disolver la plataforma.