Indemnizada con 636.000 euros tras quedar parapléjica por fallos médicos

La mañana del 26 de octubre de 1997, tras cuatro años de fuertes dolores y progresiva pérdida de movilidad, I. cayó al suelo. Ya no pudo mover las piernas de nuevo. Un tumor le había seccionado la médula espinal tras crecer, sin ser detectado por ninguno de los médicos que la vieron, a causa de un catéter que le fue implantado tras una operación por una hernia discal. El Tribunal Supremo ha reconocido ahora a esa paciente el derecho a ser indemnizada con 636.000 euros por el mal funcionamiento de los servicios sanitarios.

"Es una mujer que ha tenido mucho apoyo. Somos seis hermanos y 11 sobrinos, además de nuestra madre. Todo esto la ha permitido salir adelante, porque el sufrimiento que ha tenido mi hermana ha sido enorme. Y lo digo yo que he visto el dolor y la amargura en su cara". Así define el hermano de I. (la familia ha pedido el anonimato), médico de profesión, los avatares de estos últimos 15 años.

De 36 años, casada y con dos hijos (quedó viuda poco después), entró en el quirófano por primera vez en junio de 1990. Tuvo que ser intervenida por una hernia discal, el pinzamiento de la médula espinal entre dos vértebras, lo que provoca dolores y problemas en la movilidad.

La operación, realizada en el hospital Puerta de Hierro, transcurrió sin problemas. Pero la hernia se reprodujo. En 2003, ante los dolores que volvía a sufrir esta mujer, le fue implantada una bomba interna de perfusión intratecal. Este mecanismo se coloca bajo la piel y libera calmantes a varias vértebras por encima de las dos que causan el pinzamiento. Los fármacos llegan a la médula por un catéter.Los dolores, sin embargo, no cesaron. "Le hicieron decenas de pruebas. Los especialistas que la operaron la mandaban a traumatología y éstos tampoco encontraban nada. Al final lo que ocurría es que todos buscaban la causa del dolor en las vértebras que le provocaron la hernia, pero el problema estaba más arriba: en el catéter que le suministraba los fármacos", explica su hermano.

El organismo de la mujer reaccionó ante la presencia de un catéter junto a la médula. Lo fue recubriendo con un granuloma -un tumor de tejido fibroso- que fue creciendo sin ser detectado y que causaba los dolores. Al final, el tumor se hizo tan grande que causó una "sección medular", según la sentencia.

El 26 de octubre de 1997, I. se quedó inválida. Dos días después fue operada de nuevo en el Puerta de Hierro para retirarle el granuloma y la bomba contra el dolor. "Los médicos, sin embargo, no le retiraron el catéter. No sé por qué. Parece increíble, pero le retiraron sólo la bomba, y no el catéter", relata su hermano.

I. fue ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde estuvo un año. Allí, una radiografía reveló la presencia del catéter. Esto la obligó a pasar de nuevo por el quirófano, esta vez en el Gregorio Marañón, en mayo de 1998. "Al salir del hospital no se encontraba bien. Enseguida supimos por qué, y es que allí había cogido una meningitis", continúa su hermano. La meningitis le causó luego una trombosis en la pierna izquierda de la que aún recibe tratamiento.

Audiencia Nacional

Cuando I. quedó parapléjica, la familia decidió reclamar ante el Insalud por lo que entendía que había sido una mala atención recibida en el Puerta de Hierro. El Insalud, sin embargo, no atendió su queja, por lo que la familia elevó el caso a la Audiencia Nacional.

En favor de la familia constaba el informe del inspector médico, que trabaja para el propio Insalud, que reconoció que la implantación de la bomba de dolor y las pruebas médicas realizadas en los cuatro años no habían sido los adecuados. Por ello, consideró el inspector que la mujer tenía derecho a ser indemnizada.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional falló a favor del Insalud en febrero de 2001. "No apreciaron ni el informe de la inspección médica. Estaba claro que era un caso de mal funcionamiento de la Administración, que había causado un daño concreto, cuantificable, atribuible al sistema sanitario y que la paciente no tenía el deber jurídico de soportar", lamenta Francisco Jiménez Mauricio, el abogado de la familia.

El Tribunal Supremo ha dado ahora la razón a la mujer, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco González Navarro y que descalifica con dureza el fallo de la Audiencia Nacional. El Supremo reconoce a I. el derecho a ser indemnizada con 480.800 euros, además de los intereses legales de demora acumulados desde el día que quedó inválida, lo que suma 636.000 euros.