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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Sospechosa espera

A punto de cumplirse tres meses desde la entrada en vigor del nuevo sistema de nombramientos de los altos cargos judiciales de carácter discrecional, el Consejo General del Poder Judicial sigue sin designar a los candidatos que han de ocupar las 12 vacantes existentes en el Tribunal Supremo, especialmente las presidencias de sus salas de lo civil, de lo penal y de lo militar. Los vocales de la minoría progresista han instado al presidente del Consejo a que incluya esos nombramientos en el pleno previsto para el próximo 30 de marzo.

Tres meses es un tiempo más que razonable para que los vocales de la mayoría conservadora y de la minoría progresista consensúen esos nombramientos de acuerdo con la mayoría reforzada de tres quintos -13 de los 20 vocales actuales- establecida en el nuevo sistema de elección. Es cierto que este sistema, al obligar a la mayoría a pactar con la minoría, exige un periodo de negociación cuya prolongación dependerá del tiempo que ambas necesiten para elaborar una lista de candidatos consensuada. Mientras se negocie lealmente, nada habrá que objetar al tiempo que se necesite para llegar al acuerdo. Precisamente, el objetivo del nuevo sistema es que los nombramientos judiciales se realicen con amplias mayorías, que representen la composición plural del Consejo, y respeten la diversidad ideológica y asociativa de los propios jueces.

Algo que los vocales del Partido Popular habían orillado en las últimas tandas de nombramientos al copar todos los puestos mediante la aplicación sistemática de su mayoría aritmética -11 vocales- y sin miramiento alguno con la minoría. Sin embargo, no sería admisible que esa negociación se prolongara artificialmente por razones espurias o poco claras, como si hubiera más interés en boicotear la reforma que en poner fin a la situación de interinidad del Tribunal Supremo.

La minoría progresista ha señalado al presidente del Consejo que no hay razones para alargar por más tiempo la negociación: existe una lista de candidatos elaborada de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y es lo suficientemente plural como para proceder a la elección definitiva y poner fin a esta situación anómala que perjudica al interés ciudadano por tener una justicia mejor y más efectiva. Dilatar más allá del pleno del día 30 de marzo la renovación del Tribunal Supremo haría recaer sobre la mayoría conservadora del Consejo la sospecha de que hace el juego al PP en relación a su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo sistema de elección de los jueces.

El plazo legal para la presentación de ese posible recurso concluye dentro de algunos días. Si fuera así, estaríamos ante un proceder deplorable, interesado más en la defensa de determinados objetivos ideológicos y partidarios que en el buen funcionamiento del Tribunal Supremo, cuyas vacantes prolongadas no van a ayudar precisamente a reducir su enorme carga de asuntos pendientes.

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