La auditoría sobre la gestión de CiU desvela anomalías según un informe desaparecido

La gestión de Adigsa durante los últimos Gobiernos de CiU estaba absolutamente fuera de control. La auditoría realizada por el Gobierno tripartito desvela que las obras destinadas a reformas en los barrios de vivienda social se efectuaban "sin proyecto, sin previsión de coste, sin plan de financiación y sin fecha de finalización". Por esta vía se gastaron 191,5 millones de euros de 1997 a 2004. La auditoría se apoya en un "informe de la dirección financiera de Adigsa, nunca hecho público", que nadie ha logrado localizar. O no existió o ha desaparecido.

La auditoría relata la existencia de convenios entre Adigsa y las asociaciones de vecinos -de los que la izquierda siempre sospechó- y dice: "Estos convenios eran una retahíla de actuaciones que no disponía de proyecto ni de estimación de coste [un informe de la dirección financiera de Adigsa, nunca hecho público, hablaba de 45.000 millones de pesetas, es decir, 270 millones de euros], ni de financiación para ser llevados a cabo". Pero este informe no aparece por ninguna parte.

Un portavoz de Adigsa asegura que nunca ha existido, mientras que el Departamento de Economía, responsable último de la auditoría y cuyo titular es Antoni Castells, remitió al de Presidencia. Una nota del Gobierno en respuesta a preguntas de este diario no hace referencia al informe y afirma: "Esta estimación [los 270 millones de euros] fue facilitada verbalmente por la dirección financiera de la empresa".

Adigsa es una de las empresas sobre las que se han posado los ojos de la ciudadanía y, especialmente, de la fiscalía. Sobre todo tras la denuncia puesta por un empresario, según la cual tenía que pagar el 20% del coste de las obras en concepto de comisiones. El empresario, Juan Antonio Salguero, aseguró a la fiscalía que ese 20% se añadía al importe final de la factura y que el intermediario era Josep Maria Penín, familiar lejano del ex consejero de Obras Públicas, Felip Puig. Penín y Puig han coincidido en el Departamento de Bienestar Social (Puig era director general y Penín, empleado interino); en el partido (Puig como secretario de organización y Penín como chófer del entonces secretario general, Pere Esteve) y en Política Territorial, departamento al que fue transferida Adigsa cuando fue nombrado Puig. La auditoría señala que el plan de esos supuestos 270 millones de inversión previstos nunca se ejecutó, pero sí se han hecho obras con criterios de difícil comprensión. Criterios que la izquierda, cuando estaba en la oposición, siempre atribuyó a sectarismo político. En concreto, Iniciativa per Catalunya Verds había denunciado repetidamente en el Parlament que las inversiones en barrios hechas por Adigsa no respetaban prioridades, sino que estaban directamente vinculadas a la intención de Convergència de penetrar en un tejido social mayoritariamente dominado por la izquierda. La persona que estaba en el punto de mira de la izquierda por estas prácticas era Felip Puig, de quien dependía Adigsa en su etapa de alto cargo (director general, primero, y luego secretario) en el Departamento de Bienestar Social.

Breve y demoledor

El informe sobre la gestión de Adigsa durante las últimas Legislaturas de CiU es demoledor, pese a su brevedad. Además de reseñar que disponía de casi un millar de viviendas vacías, apunta a que el plan de obras previsto, que supuestamente hubiera tenido que contar con esos 270 millones de euros, nunca ha sido ejecutado. En su lugar, la empresa ha realizado una serie de actuaciones sin criterios claros cuyo importe suma 191,5 millones de euros. Y lo que es más grave, este dinero sólo ha servido para hacer la mitad de las obras que habría que llevar a cabo en los polígonos de vivienda social que gestiona Adigsa. El resto de actuaciones pendientes supone un desembolso no inferior a 208,5 millones de euros más, con los precios de 2004.

La desaparición del informe sobre Adigsa arroja sombras sobre la auditoría realizada por el tripartito. Dentro del propio Gobierno que preside Pasqual Maragall se han elevado voces lamentando la escasa perspicacia a la hora de analizar las cuentas de la época de CiU y lamentando que esta falta de transparencia pueda acabar manchando al propio tripartito.

Además del caso de Adigsa, algunos consejeros señalan como incongruente que no se haya auditado el conjunto de obras públicas del Gobierno de CiU y, sobre todo, que no se haya auditado al completo a la empresa GISA, que gestionaba y adjudicaba la mayor parte de las obras. La auditoría sólo examinó los proyectos financiados con fondos europeos entre 2001 y 2003 por un importe de unos 102 millones, cuando las obras realizadas por GISA en este periodo suman casi 2.370 millones, menos del 5%.