La Generalitat rechaza el pacto para evitar el juicio por un desfalco en Turismo

El Departamento de Comercio y Turismo de la Generalitat ha rechazado de manera tajante que se cierre un pacto con la fiscalía, el resto de acusaciones y las defensas para lograr un acuerdo y evitar el juicio que tiene previsto celebrar la Audiencia de Barcelona a partir del 5 de abril por la malversación de casi un millón de euros en el Consorcio para la Promoción del Turismo de Cataluña durante el Gobierno de CiU. El pacto incluía que los 12 acusados reconocerían los delitos cometidos, devolverían el dinero del que se apropiaron y, a cambio, el fiscal solicitaría para ellos una pena mínima.

El pacto entre las partes antes de iniciarse un juicio es una posibilidad prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal siempre que lo suscriban todas las acusaciones y defensas. Después de que el pasado mes de diciembre se produjera la muerte en Manila en extrañas circunstancias del principal acusado en el caso, Joan Cogul, director del Consorcio de Turismo entre 1993 y 1995, los abogados de las defensas intentaron lograr un pacto que evitase el juicio en uno de los casos de corrupción más sonados que se produjo durante la etapa de CiU.

El acuerdo estaba prácticamente cerrado hasta la semana pasada, cuando el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, de ERC, se plantó, desautorizó el acuerdo verbal alcanzado por la abogada de los servicios jurídicos de la Generalitat y expresó su deseo inequívoco de que se celebrase el juicio. Como la letrada de la Generalitat, Sílvia Grau, se negó a aceptar esa vía, fue apartada del caso y la Administración autonómica contrató los servicios del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Juan José Queralt.

ICV secunda la idea

Una vez rota la baraja, el abogado Vladimir Blanes, que ejerce la acusación popular en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y que también estaba por el pacto, cambió de postura para no quedar detrás de la decisión política del consejero de ERC. Ambas formaciones, junto al PSC, forman parte del tripartito que preside Pasqual Maragall. Diversas fuentes judiciales consultadas coincidieron ayer en señalar que el cambio de planteamiento de la Generalitat se explica por la nueva situación política creada en Cataluña después de las acusaciones de corrupción realizadas por el presidente catalán. En este escenario, ERC pretende evitar cualquier sospecha de que colabora en evitar dar publicidad a un caso de corrupción durante la época de Jordi Pujol.

El Consorcio de Turismo de Cataluña dependía del Departamento de Comercio de la Generalitat, una de las carteras que siempre estuvo en manos de Unió Democràtica de Cataluña. El fiscal explica de manera muy clara en su escrito de conclusiones provisionales que todos los beneficiarios de la malversación de los caudales públicos tenían en común su relación de amistad, ser vecinos de la localidad tarraconense de Reus, así como "la común militancia en el partido UDC". La sospecha de la fiscalía que nunca pudo demostrarse es que, en realidad, una parte del dinero sirvió para financiar al partido democristiano.

En ese escrito de acusación, el fiscal solicita penas que oscilan entre los nueve y los cinco años de prisión para los 12 acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento oficial, así como el pago de una responsabilidad civil de 516.831 euros. Como consecuencia de la gestión de Cogul durante esos tres años, el Consorcio de Turismo de Cataluña generó un déficit de 984.292 euros.

El juicio está previsto que se inicie el 5 de abril en la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona y se han señalado sesiones hasta el 9 de junio. Entre las personas que se sentarán en el banquillo figura Carmen Fargas, viuda de Cogul, así como Víctor Manuel Lorenzo Acuña y Santiago Vallvé. El primero fue cuñado del diputado de Unió en el Congreso y dirigente del partido Josep Sánchez Llibre, quien declarará en este juicio como testigo. También testificará el consejero de Turismo de la época, el democristiano Lluís Alegre.

Vallvé aparece en el llamado caso Pallerols sobre el fraude en las academias de formación en una filmación entregando o recibiendo un maletín para, supuestamente, financiar el partido de Durán Lleida. Vallé y Lorenzo Acuña están imputados en esa causa, que está en el Tribunal Supremo a la espera de que los jueces decidan si imputan o no a Sánchez Llibre y al también diputado de Unió Pere Grau.