Informes inútiles y sociedades sin personal

La malversación de caudales públicos, explica el fiscal en su escrito de acusación, se orquestó a partir de un acuerdo entre Joan Cogul y el resto de acusados, a los que encargó unos supuestos informes que "en realidad eran inexistentes". Las empresas beneficiarias eran o bien la academia de idiomas Bewerly, propiedad de la esposa de Cogul, o bien sociedades fantasma a las que se encargaron informes del sector turístico, pero que "no tenían ningún tipo de experiencia anterior", eran desconocidas en el sector y que no poseían infraestructura de material ni personal. Estas sociedades estaban administradas por los acusados.

Los encargos de estos trabajos se hicieron siempre de manera directa por Joan Cogul y escapando al control del área de administración, pues en ningún caso superaban el límite que marca la ley de 30.000 euros para que se hayan de adjudicar por concurso.

Para justificar el pago se informó de que se trataba de viajes de familiarización de periodistas extranjeros, prestaciones de servicios auxiliares en varias capitales europeas y elaboración de estudios del sector. En realidad, esos estudios eran "una mera guía turística como cualquiera de las que existían en el mercado a disposición del público en librerías", dice el fiscal. Ninguno de esos estudios tuvo utilidad y fueron archivados por Cogul.