La dirección de obras del Carmel detectó la falta de cemento en el túnel desde septiembre

La empresa pública GISA, responsable de las obras del túnel del metro del Carmel (Barcelona), ha encargado una auditoría sobre el proyecto constructivo por si éste era insuficiente. Las actas recogen desde septiembre -ya con el Gobierno tripartito- constantes alusiones de la dirección de obras a problemas de falta de resistencia del cemento y a movimientos en el túnel. Los estudios geológicos describen un terreno que no tiene que ver con el real, lo que hizo necesarios refuerzos constantes. Estos refuerzos han supuesto que el presupuesto inicial, de 93 millones de euros, aumentase en 36 millones más.

Durante la reunión de ayer de la comisión de investigación sobre el túnel del Carmel y la adjudicación de obras durante los últimos años del Gobierno de Jordi Pujol se conoció la declaración de Ramon Serra, presidente en funciones de GISA (su dimisión fue aceptaba por el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal), y de Mateu Tersol, director de la empresa pública. Ambos coincidieron en que nunca se comunicó a GISA la existencia de problemas graves donde se produjo el hundimiento.

El problema parecía ayer lingüístico. Los diputados, sobre todo los de la oposición (CiU y PP), opinaban que las constantes alusiones en las actas de obra sobre falta de resistencia en el cemento y movimientos, justo en el lugar donde se produjo el hundimiento, debieron servir de advertencia a los técnicos de GISA que acudían a las reuniones en calidad de supervisores de la obra. Serra y Tersol, en cambio, sostuvieron, como ya hizo Nadal, que lo que la oposición llama problemas graves no lo son en realidad. Son simples "incidencias". Y la prueba, aducen, es que el director de obra, Javier Gete-Alonso, llegó a amenazar con parar las obras, pero no lo hizo en ningún momento. En cambio, recordaron ambos, no tuvo inconveniente en parar los trabajos en otros puntos. Una prueba más, es que las quejas sobre la falta de resistencia no sólo se dan en los meses previos al hundimiento. Hay también anotados en 2003.

Abundantes alarmas

Serra, tras conocer la existencia de supuestas desavenencias entre la UTE (unión temporal de empresas) formada por las constructoras Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Copisa y Comsa, y la dirección de obra, llamó a los técnicos de GISA que supervisaban las tareas y les pidió que le explicaran las divergencias, y éstos, insistió Serra, aceptaron firmar que no había ninguna. "Por escrito", insistió repetidamente.

Los diputados Josep Rull (CiU) y Daniel Sirera (PP) entienden que las actas contienen abundantes "alarmas", mientras que Tersol y Serra lo rechazan y aseguran que las pretendidas alarmas son anotaciones perfectamente normales. "Incidencias, no alarmas", dijo Tersol en diversas ocasiones.

Tersol aseguró que el director de obra es un buen profesional y que no habría dejado de actuar si hubiera sido necesario. No fue, en cambio, igualmente elogioso con los autores de los estudios geológicos. En opinión de los máximos dirigentes de GISA, la discrepancia entre el terreno descrito por los sondeos geológicos y el real está en la base de la necesidad constante de introducir cambios en las obras, sobre todo refuerzos. Estos refuerzos han supuesto un constante aumento del coste. Primero se aprobó un aumento de 7 millones de euros; luego, de 11 millones más y a principios de este mismo año, otros 18 millones. Una prueba, dijo Ramon Serra, de que no se escatimaba dinero a costa de la seguridad.

Estos problemas han supuesto, además, que las obras llevaran un año entero de retraso. Tenían que haber estado terminadas en mayo de este año. Al menos seis meses se deben a los problemas del terreno, afirmaron ambos comparecientes.

Carmina Virgili, seleccionada dentro del grupo de expertos (tres de los cuales no aguantaron ayer las seis horas que duró la comisión y se fueron mucho antes), quiso saber si se había preguntado a Geocontrol (empresa que participó en la redacción del proyecto y que forma parte de la dirección de obra) por qué había tal discrepancia entre los datos recogidos y el terreno encontrado. "Sí, se les ha preguntado", dijo Tersol, y la respuesta es que ha habido una alteración de materiales y que los trabajos son más difíciles de lo previsto debido a la fragmentación del terreno. "Lo único que hemos podido hacer es asumirlo".

Escarmentados, los directivos de GISA han encargado una revisión de los estudios geológicos que afectan a la línea 9, más de 40 kilómetros, muchos de ellos a través de zonas pobladas en la ciudad de Barcelona. El coste de estos estudios, dijo Tersol, es de 1,5 millones. El resumen de la polémica lo hizo otro de los expertos: Oriol Amat, cuando dijo, refiriéndose a un fax de la dirección de obra a la constructora, que no entendía por qué sólo él traducía la palabra preocupante incluida en ese escrito por "preocupante". "Si a mí me dicen preocupante, yo entiendo eso", repitió sorprendido de su aparente solipsismo.

Serra y Tersol coincidieron ambos en que no han tenido nunca, ni en GISA ni en otras empresas de otras Administraciones, constancia de la existencia del pago de comisiones a partidos. No negaron su existencia, se limitaron a decir que no sabían nada al respecto, más allá de lo que les había llegado a través de los medios de comunicación. Sirera (PP) se interesó por un hecho que consideró sorprendente. La ingeniería Tec 4, que participa en la dirección de obra, obtuvo en 2003 obras por un valor de más de cuatro millones de euros. Tras el cambio de Gobierno, ha logrado menos de un millón. Serra aseguró que se debe únicamente a que gana menos concursos.