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Entrevista:JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS | Director del Instituto Andaluz de Criminología | URBANISMO EN LA COSTA DEL SOL

"Las sentencias deben cumplirse"

Hace año y medio el Instituto Andaluz de Criminología alertó en un estudio de que el voraz desarrollo urbanístico en la Costa del Sol tenía una de sus razones en la afluencia de dinero negro y del riesgo de que mafias organizadas se hicieran con el control de la actividad.

Pregunta. Para usted no habrá sido una sorpresa la operación Ballena Blanca.

Respuesta. No. La verdad es que cuando iniciamos el estudio lo hicimos porque ya sabíamos que había cosas en la Costa del Sol, pero no pretendíamos analizar ni el crimen organizado ni el blanqueo de capitales, sino ver que estaba sucediendo con la actividad urbanística, y como eso podía luego originar un buen número de conductas irregulares. Nuestra intención era hacer propuestas de buenas prácticas

P. Sus advertencias no consiguieron evitar el riesgo.

R. No, hubo gente a la que le sentó muy mal lo que decíamos. Lo que pusimos de manifiesto es que había un descontrol urbanístico muy serio que no hacía excepciones entre unos ayuntamientos y otros, aunque se daba en unos más que en otros. Marbella es un caso especial porque llegó un alcalde para incumplir la legalidad. Ese descontrol estaba generalizado, con la gran facilidad para hacer convenios urbanísticos y modificaciones de planeamiento en algunos de los cuales no veías por ninguna parte el interés para el municipio. A ello se une que no tenían labor inspectora ni de control seria, nadie vigilaba si lo que se hacía se ajustaba a las licencias, y no había sanciones.

También vimos que no había una implicación de la administración de justicia en la persecución de las conductas, ni en la jurisdicción contenciosa ni en la penal.

P. ¿Por qué?

R. Quizá es que predominaban las rutinas, o que llevaba tiempo asumir el Código Penal de 1995. La UDYCO, por ejemplo estaba desmoralizada, tenía muy pocos recursos, pero ya habían visto el problema y querían ir detrás de él.

P. ¿La legislación es suficiente?

R. En general sí, aunque ha habido algunas decisiones un poco laxas. No puede ser que en conurbaciones como la Costa del Sol los ayuntamientos tengan tanta capacidad en el ámbito urbanístico, y no quiero decir que se les prive de competencias, sino de obligar a coordinarse, esto es una única ciudad cada uno puede hacer de su capa un sayo, quizá suene a una herejía. Hay que demostrar que se protegen los intereses generales, no puede ser que los convenios urbanísticos no se controlen.

P. Se suele alegar que existe una gran dificultad de perseguir este tipo de delitos.

R. Las dificultades de persecución se dan también en un atraco bien pensado o un crimen que no deja huella. No es que los delitos de blanqueo sean especialmente difíciles, y además dejan un rastro documental que no dejan otros. De lo que se trata es de que la investigación policial y judicial se acostumbre a que en este tipo de delincuencia hay que proceder de una determinada manera.Ha habido algunas decisiones discutibles como el límite de seis meses a la fiscalía para acabar una investigación, que haya que comunicar al sospechoso que se le está investigando o que no pueda haber agentes encubiertos. Faltan algunos instrumentos, pero el énfasis lo pondría en la preparación.

P. La última fase del ciclo de la corrupción que describe el estudio es el control de la clase política por las mafias. ¿Se ha llegado a ella?

R. Creo que no se ha llegado. No en todos los municipios pasa lo mismo y creo creo que estamos suficientemente a tiempo para frenar eso, pero estamos en un serio peligro y por eso es importante reaccionar. Soy optimista, y empezamos a comprobar que la administración en general se está tomando en serio el asunto.

P. ¿Qué solución propone para las sentencias que anulan licencias de viviendas ya habitadas?

R. Una justicia que dicta resoluciones que luego no se cumplen, queda desacreditada y no tiene capacidad de influir sobre los comportamientos sociales. Las sentencias tienen que ejecutarse, para eso se dictan. Si eso produce una serie de daños a terceros de buena fe, pues la legislación tiene previsto que se les indemnice, o si es que ha adquirido un volumen enorme que no se pueda abordar, pues igual hay que adoptar alguna decisión excepcional pero siempre a través del ordenamiento jurídico que atienda esas necesidades. Lo que no puede ser que las sentencias no se ejecuten y un número significativo de ellas tendrán que ejecutarse. No digo que haya que demoler todo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de marzo de 2005